El Gobierno presentará su propuesta para conformar una canasta básica energética indispensable que sirva de referencia para implementar un nuevo cuadro de ayuda para los usuarios de luz y gas, determinado en base a los ingresos del grupo familiar. Los usuarios de luz y gas tendrán un nuevo esquema de subsidios basado en el ingreso del grupo familiar que lo perciba.

El 29 de febrero es la fecha fijada por la Secretaría de Energía para una audiencia pública en la que presentará su propuesta para la conformación de una canasta básica energética indispensable, la cual servirá de referencia para implementar un nuevo esquema de subsidios que atienda situaciones de vulnerabilidad real de cada grupo conviviente.

Fuentes oficiales anticiparon que la convocatoria para el jueves 29 de este mes, a partir de las 10, será formalizada en las próximas horas con su publicación en el Boletín Oficial, y permitirá cumplir con lo que el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció en las últimas semanas.

El nuevo criterio de subsidio que presentará la Secretaría dejará atrás la segmentación de tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red, implementada en el último tramo de la administración anterior, a partir del Decreto 322 de 2022.

Para la nueva administración, esa segmentación de tarifas, si bien significó una mejora en cuanto a la gestión de los subsidios del Estado según el nivel de ingreso de los titulares de los servicios, sus resultados se mantienen lejos del criterio adecuado para ayudar a quienes realmente lo necesitan.

A partir de ese primer escenario que complementa la decisión de una readecuación de las tarifas, la Secretaría de Energía inició un proceso de enfocar los subsidios a partir de establecer una canasta básica energética con volúmenes indispensables de consumo de gas y electricidad por zona bioclimática.

De esta manera, la propuesta oficial prevé determinar los ingresos totales del grupo conviviente y un porcentaje de ese ingreso usualmente aplicado para pagar la factura de energía.

A partir de ese primer paso se establecerán los alcances de la canasta energética básica indispensable, que se determinará según la región del país y la conformación de ingresos del grupo conviviente.

Consecuentemente, se podrá contrastar el costo de esas cantidades con el ingreso del grupo conviviente y limitar la incidencia de ese costo a un porcentaje del ingreso, subsidiando el Estado la diferencia en aquellas situaciones de vulnerabilidad.

De esta manera, el subsidio que otorgará el Estado será el diferencial cuando el precio de la canasta básica energética supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente y no del titular del servicio como viene ocurriendo hasta la actualidad.

También se revisará la superposición de estos subsidios con los beneficiarios de planes sociales, la mayoría de los cuales, por definición, fueron categorizados como Nivel 2.

Se cuestiona la falta de control en el padrón de usuarios del Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (Renut) e incoherencias o discrepancias con el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y la base de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS).

La propuesta oficial permitirá develar también si se buscará avanzar con la derogación de la ley 27.637 que dispuso la ampliación del régimen de zona fría, vigente hasta el 31 de diciembre de 2031, que reconoce hasta un 50% de los cuadros tarifarios para el gas en redes o en garrafas.

Además, está bajo revisión la continuidad del beneficio que reciben los usuarios más vulnerables de gas natural, aquellos que no tienen acceso a redes y usan garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), contemplados en el Programa Hogar, que consiste en un subsidio directo pagado a través de la Anses.”