El paquete de reformas constitucionales impulsadas por el gobierno federal están generando incertidumbre entre los inversionistas del sector eléctrico en México. Carlos Flores, especialista en energía, advierte que estas medidas, además de poner en riesgo la calificación crediticia del país, están incrementando los costos de financiamiento de los proyectos energéticos. Este escenario no solo afecta la competitividad del sector, sino que plantea serias dudas sobre la capacidad del país para cubrir el crecimiento de la demanda eléctrica y cumplir con sus metas de reducción de emisiones.

«Tras seis años de intentos de bloqueos en el sector, seis años que culminan con una reforma al Poder Judicial y que muy seguramente culminarán también con una reforma a los organismos autónomos, que en el sector eléctrico repercute en el operador de la red CENACE y al regulador CRE, pues no se ve un camino claro y sin riesgos», declaró Flores en conversación con Energía Estratégica.

A pesar de la gravedad de la situación, Flores aclara que esto no significa que las inversiones en energía renovable o en el sector eléctrico en general se detendrán por completo. «Lo que va a suceder es un incremento en el costo del financiamiento», explica. Este aumento en el costo del capital para las empresas que desean invertir en México implicará que la tasa interna de retorno de los proyectos suba, según estimaciones del especialista consultado las tasas podrían aumentar entre 200 y 300 puntos base, lo que a su vez impactará el costo de la energía. Flores describe este proceso como una cadena que perjudicará la competitividad de los nuevos proyectos y podrá tener un impacto directo en el consumidor.

«Es el consumidor quien va a tener que pagar su electricidad a un costo más elevado», afirma. Además, advierte que, si el gobierno decide mantener los precios bajos, «una mayor parte de sus impuestos irán dirigidos a subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)». En resumen, los mexicanos enfrentarán tarifas más altas o verán cómo sus impuestos financian la operación de la CFE mediante subsidios, lo que en última instancia significa un mayor costo para los ciudadanos.

Ante este panorama, surge la pregunta: ¿Podría el cambio en la presidencia, con la llegada de Claudia Sheinbaum, modificar el rumbo de las políticas energéticas en México? Carlos Flores se mostró escéptico. «Difiero de la mayoría de mis colegas», señaló en conversación con este medio, explicando que muchos expertos creen que Sheinbaum podría dar un giro en la política energética; sin embargo, según Flores, «si conectamos los puntos hacia atrás y vemos cuando Claudia Sheinbaum era alcaldesa y gobernadora, siempre siguió al pie de la letra las instrucciones del presidente López Obrador».

Basándose en este análisis, Flores prevé que las políticas de Sheinbaum seguirán la misma línea que las del actual presidente. «No veo por qué debemos esperar un cambio de rumbo», sentencia, anticipando que las inversiones en energías renovables continuarán estancadas, a excepción de la generación distribuida. Flores fue tajante: «No veo que haya una sola empresa dispuesta a nuevas inversiones en el sector».

Si el panorama no cambia, el especialista consultado advierte al menos tres problemas graves. El primero es el incremento de costos para los consumidores, como ya se mencionó. En segundo lugar, la incapacidad de México para cubrir el crecimiento de la demanda eléctrica. «Si no se pudo cubrir la demanda actual, ¿cómo vamos a cubrir la demanda futura?», cuestiona. El tercer gran problema que Flores identifica es la incapacidad de México para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. «Aunque este ha sido un tema de baja prioridad para el partido en el poder en los últimos seis años, no podemos ignorar sus implicaciones a largo plazo», señala.

Una política energética sin lógica financiera

Carlos Flores también expresó su preocupación por el retroceso que está experimentando el sector energético en México. «Estamos volviendo a las decisiones de los años 70 y 80, donde todo giraba en torno a la popularidad del presidente, sin ninguna lógica financiera detrás», sostuvo. En su opinión, el enfoque en «rescatar» las empresas públicas y perseguir una soberanía energética «ficticia» solo agravará los problemas que enfrenta el país.

Con este análisis, el especialista concluye que las reformas constitucionales, lejos de traer estabilidad al sector energético, están aumentando la incertidumbre y los costos de las inversiones, con efectos directos sobre los consumidores y el futuro de las energías renovables en México, complicando aún más su camino hacia una transición energética sostenible.

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