El Gobierno de Perú declaró estado de emergencia ambiental en la región de Piura, afectada por un derrame de petróleo que ocurrió el pasado fin de semana en el terminal submarino de la refinería de Talara. La medida busca priorizar la recuperación de las zonas afectadas y la protección de las comunidades locales y los ecosistemas marinos.

El Ministerio del Ambiente (Minam) informó que las acciones inmediatas incluyen la contención, limpieza y monitoreo del área afectada. El plan abarca desde la refinería de Talara hasta playas icónicas como Cabo Blanco, Las Capullanas y Punta Malacas. La supervisión estará a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

El derrame fue reportado el 21 de diciembre por la Dirección de Capitanías y Guardacostas. Petroperú, la empresa estatal responsable del terminal, activó acciones de limpieza inicial y empadronó a 150 pescadores afectados. Sin embargo, el impacto sobre el medioambiente y la fauna marina sigue siendo significativo.

Brigadas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) trabajan en el rescate de especies afectadas. En un recorrido por cuatro playas, constataron daños en hábitats y zonas de anidamiento de tortugas marinas. La rehabilitación de estas especies será parte del proceso de remediación.

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Petroperú por presunta contaminación ambiental. Según la empresa, el derrame ocurrió durante maniobras previas al embarque de hidrocarburos en el buque ‘Polyaigos’. Este incidente pone nuevamente en foco los riesgos asociados a las operaciones petroleras.

El gerente general de Petroperú, Oscar Vera, aseguró que las zonas afectadas ya han sido limpiadas. Sin embargo, las autoridades locales y ambientalistas demandan mayor claridad y acciones contundentes para prevenir futuros desastres. El Minam coordina con otros ministerios para garantizar la eficacia del plan de emergencia.

El derrame afecta una región clave para la pesca y el turismo en la costa norte de Perú. Comunidades locales y sectores productivos han manifestado preocupación por las consecuencias a largo plazo. La supervisión continua y las medidas de remediación serán esenciales para recuperar la confianza en la zona.

Además del impacto ecológico, el derrame amenaza recursos hidrobiológicos esenciales. Las playas afectadas son hábitats importantes para diversas especies, incluyendo tortugas marinas en peligro. El Serfor y otras entidades trabajan para minimizar los daños y rehabilitar las áreas contaminadas.

La emergencia ambiental pone en evidencia la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en las operaciones petroleras. Este incidente es el más reciente en una serie de eventos que han afectado la biodiversidad marina en el país. La presión sobre Petroperú para mejorar sus prácticas operativas es cada vez mayor.

El Gobierno peruano ha subrayado su compromiso con el manejo sostenible del área afectada. La coordinación entre niveles de gobierno será crucial para implementar el plan de acción aprobado. Se espera que los resultados de las medidas adoptadas sean monitoreados de manera transparente.

El impacto social también es significativo, afectando directamente a pescadores y trabajadores locales. La compensación económica y el apoyo a las comunidades afectadas son parte de las demandas actuales. Las autoridades han prometido soluciones integrales para los damnificados.

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