Las autoridades esperan que la decisión del Gobierno argentino de cambiar de dólares a pesos la remuneración de los pagos por capacidad de energía eléctrica se traduzca en un ahorro de más de US$ 300mn anuales en el sistema.
Las estimaciones del gobierno sugieren que esta medida, junto con el término de los pagos dolarizados a las represas binacionales Yacyretá y Salto Grande y el cambio en los pagos del mercado spot, deberían contribuir a reducir el precio promedio de la electricidad de US$69/MWh a US$60/MWh. Las generadoras absorberán el costo de la medida.
Las autoridades de gobierno han venido preparando el terreno para los cambios al señalar en varias ocasiones que la administración pretende convertir algunos o todos los contratos del mercado eléctrico local de dólares a pesos. El objetivo es reducir los pagos del gobierno al administrador del mercado mayorista Cammesa en forma de subsidios, así como también permitir que los precios de la energía aumenten a un ritmo más lento que la inflación.
Según Saverio Minervini, director de Fitch Ratings, la medida servirá para reducir el actual desacople monetario en el sistema argentino, ya que los ingresos de Cammesa (pagos de distribuidoras y clientes) están pesificados, mientras que sus gastos (pagos a generadoras) están dolarizados. Este esquema obliga al gobierno a gastar más para mantener a flote a Cammesa cada vez que el peso se devalúa frente al dólar, lo que aumenta su exposición a los riesgos cambiarios.
“Es justo decir que se esperaba, no es una sorpresa”, señaló Minervini. “Esto compensa parcialmente el desacople cambiario en el sistema. Pero si el gobierno no aumenta las tarifas a los usuarios finales […] tal vez tenga que realizar más ajustes”.
No se espera que esta medida por sí sola tenga gran impacto en las empresas del sector, principalmente porque las que están más expuestas al régimen de pago por capacidad (pagos a generadoras por mantener sus plantas disponibles en caso de que el sistema las necesite) son también las que están en mejor posición para absorber sus efectos. Estas son Pampa Energía, Capex, AES Argentina, Puerto Central y YPF Luz.
Sin embargo, los cambios ponen de relieve uno de los principales riesgos para el sector eléctrico en 2020: cambios regulatorios que afecten el flujo de ingresos de las empresas.
Si bien los cambios en los pagos por capacidad afectan desproporcionadamente a plantas ineficientes y obsoletas, no está claro si el gobierno realizará modificaciones a los contratos de compraventa de energía de los proyectos más nuevos, como los seleccionados en el programa de licitaciones RenovAr y otros marcos legales.
Otra fuente de incertidumbre son los precios de la energía cobrados a los usuarios finales. Fueron congelados efectivamente por el gobierno de Mauricio Macri después de que el peso se derrumbara en agosto de 2019 y la actual administración extendiera la medida al menos hasta mediados de año.
Se hasn observado señales de algunas autoridades, entre ellos el ministro de producción, Matías Kulfas, de que el gobierno no tiene intención de congelar los precios indefinidamente. La resolución que establece los nuevos pagos por capacidad también reconoce que el gobierno planea realizar cambios al actual proceso de reajuste de tarifas, conocido como Revisión Tarifaria Integral, para establecer un nuevo mecanismo.
La exposición del sistema argentino a la volatilidad cambiaria ha sido fuente de problemas durante años. Antes de que el mercado eléctrico se sometiera a reformas en 2015 y se estableciera un programa de ajuste de precios, las tarifas congeladas y los crecientes costos causaron que los subsidios públicos al sector eléctrico se dispararan a un máximo de US$8.700mn en 2015.
Los subsidios se redujeron considerablemente durante la administración de Macri para situarse en torno a US$3.400mn en 2018, el equivalente al 35% del costo total del sistema.
Después de que se desatara la crisis económica en 2018, Macri también ajustó en 2019 los pagos por capacidad para que las generadoras mantuvieran sus plantas disponibles. Las modificaciones redujeron los pagos a las plantas eficientes en un 10% y se tradujeron en que las plantas que despacharan anualmente menos del 30% de su capacidad recibieran un 70% del pago correspondiente.
Artículo con colaboración de Allan Brown
