Debido a las altas temperaturas que se han venido registrando en este invierno, está sobrando gas en el mercado local por falta de demanda. En las últimas semanas, petroleras vienen cerrando pozos productores de manera regular por falta de consumo. Durante algunos días se frenó la inyección de hasta unos 15 millones de metros cúbicos (MMm3) de gas. Con el ingreso en operación del Gasoducto Néstor Kirchner (GNK), que recién este jueves pudo transportar los 11 MMm3/día anunciados, la situación se acentuó. Por eso, Enarsa está negociando la cancelación de buques de Gas Natural Licuado (GNL) que tenía contratados. La empresa estatal prefiere pagar un resarcimiento a que el gas importado —mucho más caro— termine desplazando en el despacho al gas extraído en el país. Esta semana canceló una embarcación de TotalEnergies abonando una compensación de unos US$ 5 millones y está negociando la cancelación de dos buques de BP. La conversación es contrarreloj: Enarsa está intentando cancelar un envío de GNL previsto para el próximo martes 15 de agosto. El otro cargamento tiene fecha para fin de mes.
La cancelación de esos barcos expone una vez más la apuesta fallida que realizó Enarsa a comienzos de año, tal como publicó este medio. Luego de la fuerte baja que se registró en el precio internacional del gas a fines de 2022, el Ejecutivo buscó aprovechar la situación y el 22 de enero licitó la adquisición de 30 buques de gas para el invierno. Lo hizo incorporando tres condiciones de contratación diferentes a las que usaba históricamente: a) estableció que sólo puedan participar los proveedores que comprometan el envío de al menos 10 buques de gas; b) pidió que se cotice a precio fijo y c) comprometió el pago por adelantado del gas importado, una novedad sin precedentes en este tipo de concursos estatales para importar combustibles.
Como resultado de esa compulsa, consiguió pagar un precio medio del LNG de unos 20 dólares por millón de BTU. Sin embargo, la apuesta terminó saliendo mal. ¿Por qué? Porque los precios del LNG siguieron bajando. Por lo tanto, la decisión de comprar a precio fijo y con modalidad de pre-pago terminó resultando ruinosa.
De hecho, el gas cotiza actualmente a US$ 1,70 en el mercado spot. Si bien es un mercado poco representativo, casi marginal (para algunas productoras no representa más de un 5% del volumen total), termina seteando expectativas, algo similar a lo que ocurre con el dólar blue en el mercado cambiario. El precio del gas de la Cuenca Neuquina contractualizado por el Plan Gas está en torno a US$4,50 (3,50 más un premio por el período invernal), pero en este contexto el spot quedó muy por debajo porque sobra gas y las petroleras que producen gas asociado —como por ejemplo Pluspetrol en La Calera— prefieren venderlo barato por una cuestión operativa, a fin de que no interfiere la posibilidad de producir petróleo.
En este contexto, haber firmado contratos a precio fijo eleva los costos de cancelación, que inicialmente eran prepagos y Enarsa ya los renegoció una vez para poder pagar cuando llega el barco. A esa apuesta fallida de la empresa estatal, hay que sumarle además la falta de reacción posterior debido a una combinación de factores entre los que sobresale la ausencia de coordinación entre las distintas áreas que se ocupan del tema dentro del gobierno debido las internas políticas entre el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal; el titular de Enarsa, Agustín Gerez; y el gerente general de Cammesa, Sebastián Bonetto. Esas peleas hacen que todo se demore y se terminen cancelando los buques recién a pocos días de que tengan que arribar.
Algo que podría haber hecho Enarsa antes de cancelar los barcos es revenderlos. Si bien esas ventas hubieran supuesto una pérdida para la empresa, desde una óptica integral del Estado tal vez podría haber sido conveniente. Al menos se podría haber realizado el ejercicio económico para algunas embarcaciones. Por ejemplo, si se termina vendiendo a US$ 12 un barco que se pagó US$20, la perdida es de US$ 8, pero eso hubiera sido más barato que pagar los US$ 20 y encima terminar cerrando pozos de gas que cuestan unos US$ 4,50. El gobierno obturó de cuajo el planteo que le acercaron algunas petroleras por el temor a una eventual judicialización de la decisión. Es que a raíz de las distintas denuncias que realizó Federico Bernal contra la gestión anterior en los últimos años judicializando decisiones de política económica, ningún funcionario se va a animar a vender a 10 o 12 dólares algo que pagó US$ 20 porque se arriesga a que lo terminen denunciando por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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