Como la matriz energética en Perú se basa en las hidroeléctricas, la sequía provocó que estas centrales no funcionen a los niveles históricos por lo que el país tiene que importar petróleo para cubrir la demanda energética.

A pesar del gran potencial eólico y solar de la región, en Perú no solo se han suspendido las subastas para proyectos renovables de gran escala sino que además no se cuenta con una ley que incentive la generación distribuida en empresas y usuarios finales.

En este escenario, Suamy Gabriela Pérez Ortega consultora independiente que trabaja con grandes empresas del país, propone un resurgimiento de la actividad acompañado de un marco normativo transversal que ayude a descarbonizar la economía.

¿Cómo se encuentra el mercado de las renovables en el país?

En primer lugar, la generación distribuida no está 100% aplicada en Perú. La única facilidad que se ha dado es que los clientes pueden inyectar energía a la red de 6 de la tarde a 11 de la noche (hora punta). Eso solo cobra sentido con baterías pero estos sistemas aún son muy costosos para los usuarios en el país. 

Por otro lado, los proyectos renovables a gran escala se han dado con las cuatro subastas de energía lanzadas entre 2010 y 2018. Después de ese período, ha habido un especie de stand by.

Al no haber más licitaciones, las grandes generadoras de energía como Engie y Enel han expandido las centrales que ya tenían como Rubí, Wayra y la planta eólica Punta Lomitas. Sin embargo, todo es capital privado, no hay ningún apoyo del gobierno.

Sumado a esto, con el fenómeno del Niño y los efectos del cambio climático, las lagunas y los ríos están entrando en un periodo de sequía. Por este motivo, las hidroeléctricas desde octubre y noviembre del año pasado no están produciendo lo mismo que antes. Esto hace que tengamos que importar más petróleo para cumplir la demanda del país..

Antes las hidroeléctricas producían más del 40% de energía. Ahora han bajado a menos del 30% y esa energía está siendo reemplazada por casi un 20% de diésel. Esto es pésimo para el medioambiente y evidencia que deberíamos haber hecho más esfuerzos por las renovables cuando tuvimos la oportunidad.

¿Qué cambios deberían hacerse en el marco regulatorio para revertir esta situación? 

Algunas de las medidas que podrían ayudar en el corto plazo es flexibilizar la ley de generación distribuida permitiendo que las empresas puedan generar en cualquier momento del día energía solar o eólica y, sobre todo, dar incentivos para ello.

La ley no es muy conocida y el costo de la energía solar o eólica por más que utilices todo los mecanismos de financiamiento posible no llega a competir con la tarifa de electricidad común que viene por hidroeléctricas o por gas.

Cuando los clientes libres hacen números y ven que tendrán un retorno de inversión a los 8 años, se les reduce el interés por migrar a fuentes renovables.

Por ello, beneficiar a las renovables con una mejor tarifa y con oportunidades de inyección a la red no solo en horas puntas puede mover la aguja a muchos inversionistas. 

Además, hay un gran desconocimiento del sector energético. Las empresas no saben que existen fuentes de financiamiento verde para energías renovables como el Fondo Verde Para El Clima. En ese sentido, el Ministerio del Medio Ambiente y de Energía tiene que redoblar sus esfuerzos para dar a conocer los diferentes mecanismos de financiamiento que existen.

¿En qué estado se encuentra el Proyecto de ley clave para las renovables que está siendo discutido en el Congreso?

Esta propuesta se llevó a cabo en noviembre del 2019 y en marzo entró la pandemia y los esfuerzos en energías renovables y electromovilidad fueron postergados por priorizar la salud. 

Actualmente, el foco no está puesto en la energía sino más bien en contener los estallidos sociales que estamos viendo constantemente y el sector de energía va en piloto automático.

También, los intereses de las esferas públicas y grupos de poder están más alineados al gas natural lo cual hace que las leyes que favorecen las renovables sean anuladas o pospuestas.

Un ejemplo de ello es lo que pasó con el proyecto de ley de electromovilidad que promovía la incorporación de buses y autos eléctricos. Esta ley fue aprobada por el Congreso y pasó al Ejecutivo. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas la rechazó en abril de este año y quedó postergada.

Para el Ministerio la electromovilidad solo debe aplicarse en buses y no autos particulares. Esto refleja que las entidades públicas ven el campo de energías limpias como algo que podría ser bueno pero no necesario.

¿Se espera que en el corto plazo haya algún golpe de timón en la política hacia una matriz más limpia, teniendo en cuenta los efectos de la sequía?

Se estima que para el 2026 entren grupos de poder que estén más alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Más que una disputa partidaria, que sea un plan de gobierno de desarrollo transversal en diferentes áreas.

Existen partidos que han mostrado interés en estos cambios. Ojalá lleguen al poder candidatos que prioricen a las energías renovables.

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