La batalla jurídica sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica continúa en México. En las primeras horas del martes, Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, amparó a cuatro empresas eólicas contra la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo a mediados de febrero.
Y de esta manera fue la primera sentencia en la que se resolvieron sobre los alegatos de inconstitucionalidad de más de doscientas cincuenta firmas privadas que impugnaron la reforma, tras algunos que resultaron a favor de la reforma.
Sin embargo, esta decisión judicial no significa que tenga efectos, ya que el Congreso y el Ejecutivo tendrán diez días hábiles para impugnarla a través de un recurso de revisión, el cual deberá resolver la Suprema Corte de Justicia.
Desde el sector energético aportaron su mirada durante el Congreso de Eficiencia Energética y Energías Limpias 2021. Claudio Rodríguez Galán, Socio encargado de la práctica de Energía e Infraestructura en Holland & Knight, quien resaltó que “esta decisión crea un precedente importante”.
Aunque también mostró su inquietud por cómo podría reaccionar el gobierno federal frente a los amparos: «Me preocupa que emita una nueva regulación a nivel de leyes, manuales o memorándums y que lleven esto a una judicialización eterna del sector durante los próximos tres años”.
Cabe mencionar que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha manifestado en reiteradas ocasiones que buscará una reforma constitucional en donde se le dé prioridad a la Comisión Federal de Electricidad.
Ante ello y el cambio en las bancas de los diputados federales tras las elecciones llevadas a cabo en junio, Claudio Rodríguez Galán dejó algunos interrogantes a resolver a futuro, los cuales el rol de la nueva composición del congreso y en qué sentido vendrá la reforma constitucional política. “¿Es meramente política o realmente será de fondo?”, se preguntó.
Por otro lado Benjamín Torres Barrón, Socio Líder del Grupo de Práctica de Energía, Minas e Infraestructura en Baker McKenzie, planteó que “este no es el fin de la película y es una sentencia de primera instancia”.
“Por lo que la autoridad del gobierno tendrá su legítimo derecho de impugnar esta sentencia e ir a una segunda instancia, donde, por ejemplo, anteriormente el Tribunal Colegiado levantó las suspensiones”, aclaró.
El especialista también señaló la preocupación de “que se modifiquen las reglas del juego” y apuntó que “ese cambio es la parte que genera mayor sensibilidad y distorsión en el mercado”.
A los cambios que se refirió es que se alteró el orden de prioridad de despacho de las centrales eléctricas, otorgando preferencia a la energía producida por las hidroeléctricas y a la energía de otras plantas de CFE, por sobre la eólica y solar de particulares y ciclos combinados de privados.
