El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que su gobierno impugnará el fallo de la Suprema Corte que declara inconstitucional una legislación a favor de la empresa estatal de energía eléctrica CFE.
“Claro que se va a impugnar”, dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa y acusó al Poder Judicial de resolver “amparos a favor de empresas particulares, extranjeras”.
La Suprema Corte de Justicia echó abajo ayer la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por el presidente en su cruzada por retomar control estatal del sector energético y reducir la participación privada.
“¿Cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público?”, enfatizó el mandatario.
La Ley activó controversias con Estados Unidos y Canadá, en el marco del tratado comercial T-MEC, y tensó las relaciones con España, de donde procedía buena parte de los capitales que se vieron perjudicadas por la reforma de la legislación impulsada por López Obrador.
La sentencia judicial de la Suprema Corte considera que la reforma “vulnera los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable” de la industria, establecidos en la Constitución desde 2013.
“El supuesto fortalecimiento de las empresas del Estado no es razón para desconocer el marco constitucional en materia de energía eléctrica, ya que no puede soslayarse que en ciertas actividades, como la generación de electricidad, CFE es un competidor más del mercado”, sostuvo la Suprema Corte.
Pese al fallo, López Obrador intentará que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “se considere como una industria estratégica de interés público”, y anunció que la próxima semana enviará una iniciativa de reforma constitucional en esa materia.
Con esa propuesta legislativa, López Obrador confirmó que busca que la CFE “se quede con el 54%” del mercado nacional de energía eléctrica.
El gobierno de López Obrador logró avances en su agenda energética como la compra, anunciada en abril, de 13 plantas de generación eléctrica al gigante español Iberdrola por 6.000 millones de dólares, una operación que el mandatario celebró como “una nueva nacionalización” del sector.
En 2013, el antecesor de López Obrador, Enrique Peña Nieto, logró que se modificara la carta magna para abrir la actividad energética al sector privado.
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