Promesas, dudas y otras angustias sobre el precio del gas

El secretario de Planeamiento Estratégico de Energía, Daniel Redondo, no escatimó esfuerzos en su intento por seducir a los empresarios japoneses que hace unas semanas lo escuchaban en el Palacio San Martín. Frente a los posibles inversores nipones aseguró que el gas boca de pozo llegará a 7 o 7,5 dólares el millón de BTU, valor alto según los registros internacionales y el propio precio al que hoy se abastece a los domicilios argentinos.

La realidad es que no hay certeza de cuál será el número futuro ni de que se pueda mantener ese cenit sin prolongar los subsidios a las productoras.

En su empeño por mostrar la gran oportunidad que ofrecen los hidrocarburos en la Argentina, el colaborador de Juan José Aranguren también destacó en ese seminario lo que bien saben los entendidos: que con poco más de 4 dólares, el precio actual está generosamente por encima del Henry Hub, mercado de referencia de los Estados Unidos. Dato que, obviamente, ningún funcionario destacaría ante la prensa.

Con las tarifas que serán convalidadas este mes por el Enargas, el gas para los usuarios domiciliarios habrá trepado entre un 85% y un 100% en un año. Golpe duro para la economía doméstica, que los reguladores buscan atenuar con alguna de las fórmulas sugeridas por las distribuidoras gasíferas, primeras en la línea para atajar la furia de los consumidores.

O ellas mismas financian los consumos de invierno a pagar en cuotas o se diseña algún esquema para aplanar la tarifa, de modo que se eviten los saltos en la época de más demanda. Un anestésico para el pinchazo inevitable.

Las mayores tarifas a aplicar desde abril serán el último capítulo para mejorar la ecuación de transportistas y distribuidoras, tal como se dispuso en la Revisión Tarifaria Integral de cada sector. Después habría subas que respeten la inflación mayorista, mientras se ejecutan las prometidas inversiones que mejoren el servicio.

Hay un argumento más para que el Gobierno avale recomposiciones que le hacen un flaco favor a su imagen. Sólo cuando esos últimos ajustes estén firmes, los accionistas de las distribuidoras (TGN, TGS y Metrogas) que reclaman una indemnización al Estado por los perjuicios de la pesificación y congelamiento tarifario desistirán definitivamente de esas demandas ante el Ciadi.

Pero las subas también responden al propósito de mejorar la remuneración de los productores, que sin esa zanahoria no ponen una moneda para explorar o producir. Aunque en teoría están fuera del segmento regulado, sus precios hoy están sujetos a un sendero ascendente que delineó el Gobierno y que llevaría ese valor a 6,80 en poco más de un año. Ergo, el gas de Doña Rosa y Don Pepe seguirá subiendo también por ésto.

El precio del petróleo está liberado. El del gas aún no.

Hasta el momento, los esfuerzos fiscales para animar la producción con planes estímulo no fueron muy exitosos. Como destaca el último informe del Instituto Argentino de la Energía, la producción viene derrapando a pesar del Plan Gas, ya extinto pero con abultadas deudas públicas aún pendientes.

Con YPF y PAE a la cabeza, las productoras esperan cobrar por ese programa entre u$s 1300 y u$s 1500 millones a partir del año próximo, incluyendo punitorios por la demora en el cobro. Energía no estaría muy dispuesta a incluir este concepto ni a entregarles un bono en dólares que puedan bancarizar, como anhelan esas acreedoras. Pero sí a honrar esa obligación, tal como prometió Aranguren públicamente.

Aunque se trata de una administración confiable para las empresas, el antecedente de esa mora y el rojo fiscal inquieta a las empresas que producen gas no convencional bajo la resolución 46, que da garantía estatal de un valor de 7,5 dólares hasta el 2021.

No dudan de la voluntad oficial de cumplir sino de sus posibilidades de hacerlo.

Para los productores optimistas, con el desarrollo del gas no convencional sobrará tanto que aquel precio bajará a la mitad y el mercado lo pagará con gusto u$s 3 el mayorista. Para las voces empresarias más cautas, eso sólo es posible si dan varias condiciones, además del precio subsidiado: posibilidad de almacenamiento y transporte o de exportar sí o sí el gas que acá sobra en el verano.

Si algo de esto no ocurre, Vaca Muerta puede devenir de gran promesa a estrepitoso fracaso y las espectaculares inversiones en curso, levantarse en unos pocos meses. Un escenario que consagraría a la Argentina como nación dependiente del gas foráneo, mediante importaciones a pagar no se sabe muy bien por quién.

Por principio, el macrismo postula que el usuario debe afrontar lo que realmente cuesta el bien o servicio, duela lo que duela. Y que el Estado no debe intervenir ni con la fijación de precios ni con subvenciones. Pero las exigencias de los inversores para soltar dólares y la incapacidad de los consumidores para digerir el ajuste desafían su teoría.