El Gobierno de México presentó ante el Senado una propuesta de Ley del Sector Eléctrico (LESE), con la cual busca modificar la estructura del mercado eléctrico nacional. Esta iniciativa forma parte de un paquete de modificaciones a leyes secundarias impulsado por el Ejecutivo, tras la reforma constitucional en materia energética de finales del 2024.

Víctor Ramírez Cabrera, socio de la firma de consultoría P21 Energía, analiza el impacto de la iniciativa y subraya que, aunque hay similitudes con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) actual, introduce cambios a considerar. “Se ha dicho mucho en redes sociales que la LIE y la propuesta de la LESE son iguales, la realidad es que no”, enfatiza.

Desde su perspectiva, el anteproyecto de LESE “es una reforma que logra un justo medio, porque ni le da todo a la CFE, todo lo que históricamente ha pedido, pero tampoco al mercado le da todo”, afirma Ramírez, y añade: “es un medio que también recupera para el servicio público el servicio básico de energía. No sé si eso sea bueno o malo, yo creo que no es todo bueno, pero lo hace”.

¿Qué cambios habrá en generación eléctrica? Durante la conferencia «Mañaneras del Pueblo» las autoridades anticiparon tres esquemas de participación en el para consumo propio y tres para generación de eléctrica en el mercado mayorista.

En el esquema de consumo propio se proponen instalaciones de generación distribuida exentas de permisos con un tope hasta 700 kW (se incrementa del límite anterior que era 500 kW), autoconsumo aislado definido entre 700 kW y 20 MW sujeto a tramite para obtener permiso, y autoconsumo interconectado arriba de los 700 kW con venta de excedentes exclusiva para CFE.

“Es positivo que se eleve el umbral de máxima capacidad instalada para la generación distribuida y promueva un mecanismo que ya existía para energía detrás del medidor, mediante un proceso mucho más rápido que lo anterior para que la industria mediana pueda generar su propia energía”, valoró Ramírez.

Por otro lado, para la actividad de generación en el mercado mayorista se podría destinar producción de largo plazo exclusiva para CFE, inversión mixta Público-Privada (54% para CFE) y se mantendría la figura de generador en el mercado eléctrico mayorista con contrato de interconexión y sin restricción en participaciones.

Este último esquema, siguiendo el análisis del consultor de P21Energía, recuerda al modelo de Productores Independientes de Energía (PIE) de la década de los 90, con la diferencia de que, bajo la LESE, el Estado podría quedarse con la propiedad de las centrales eléctricas al finalizar los contratos.

Reto: Estado, juez y parte en las nuevas reglas del mercado

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es que el Estado consolidará un rol predominante no sólo por el suministro, con la CFE liderando en activos de generación además de operar la distribución y transmisión, sino además por la regulación del sector mediante una Comisión Nacional de Energía (CNE).

El anteproyecto de LESE establece que se creará CNE dependiente de la SENER que será la encargada de otorgar permisos de generación a los privados, un cambio que modifica el esquema previo en el cual la CRE operaba de forma independiente​, lo que genera preocupaciones en el sector privado.

“Si de alguna forma el Estado se vuelve juez y parte, es una especie de conflicto de interés que tendrá que resolverse”, sostiene Ramírez. Además, señala que desaparecen los términos de estricta separación legal en el mercado eléctrico, lo que refuerza la presencia del Estado en la regulación y operación del sector.

Mecanismos de contratación bajo la lupa

Uno de los temas más discutidos en el sector es si los cambios que se promueven podrían reactivan las subastas de energía, un mecanismo que luego de la reforma energética de 2013 permitió lograr precios altamente competitivos a nivel internacional.

De acuerdo con Ramírez, el nuevo marco legal no impide la realización de subastas, de hecho se mantendrían bajo la gestión del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Ahora bien, estas no serían obligatorias.

“Sí existen mecanismos como las subastas, pero los contratos que se vuelven diferentes. En la reforma de Peña Nieto, al final del periodo de contrato, la infraestructura seguía siendo del privado. Ahora, con las nuevas formas de participación, el Estado o CFE podrán quedarse con las centrales”, explica el consultor.

Esto podría limitar la rentabilidad para los privados, ya que la propiedad de los activos podría ser transferida eventualmente al Estado. Como resultado, las ofertas de energía podrían no alcanzar los niveles competitivos que se lograron con las subastas anteriores. Sin embargo, Ramírez considera que “sí habrá precios competitivos, pero dependerá del equilibrio entre tecnología y el periodo de contrato para tener retornos de inversión razonables”.

Lo que sigue

La LESE fue presentada públicamente a finales de enero de 2025 y será enviada directamente al Senado como cámara de origen para luego pasar a Diputados. Se espera que su discusión y aprobación en ambas cámaras legislativas ocurra en las próximas semanas.

Ramírez recuerda que, más allá de su aprobación legislativa, su implementación será un proceso gradual, que requerirá la adaptación de nuevas reglas del mercado y disposiciones administrativas. “ La reforma de Peña Nieto jamás terminó de aplicarse. Se quedó a medias en muchísimas cosas. Entonces, la aplicación de una nueva reforma de este calado llevará muchísimo tiempo de evolución”, comenta.

Por lo tanto, el consultor considera que los primeros efectos de la LESE podrían comenzar a verse en un año recién con el inicio de algunos contratos mixtos que puedan generarse en el sector eléctrico, pero su plena ejecución podría extenderse por algunos años, en función de la publicación de reglamentos y modificaciones operativas del mercado eléctrico.

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