El reciente informe “World Energy Transitions Outlook 2022”, elaborado por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), identifica las medidas y estrategias que deben adoptarse de manera prioritaria por parte de los gobiernos con el fin de dar cumplimiento al compromiso de reducción de la temperatura en el equivalente a 1,5°C, en el anhelo y prioridad de transformar la economía mundial en una economía baja en carbono, y por supuesto, uno de sus instrumentos es la transición energética.

Colombia, por razones de suerte asociadas a su localización geográfica y sin predecir en los años 80’s la relevancia que tendría en un futuro cercano la generación de energía con fuentes limpias, dada su correlación con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ha contado desde sus inicios con una matriz mayoritariamente limpia y renovable, lo que facilita sustancialmente la incorporación de fuentes no convencionales de energía renovable en pro de la diversificación y complemento de la matriz energética.

Son las energías renovables, el vértice predilecto cuando nos referimos a la transición energética, no obstante, es necesario ver más allá y migrar hacia una perspectiva integral, asignando el rol que va a desempeñar cada uno de los eslabones energéticos, tales como el petróleo, el carbón, el gas, los minerales, etc, para alinearlos en el cumplimiento y estabilidad eficiente de la reducción de emisiones.

Juanita Hernández Vidal, Socia del área de Derecho de la Energía del Estudio Legal Hernández

Esto es, la estructuración de una política pública integral que garantice un marco normativo y condiciones económicas óptimas para el desarrollo e implementación de las tecnologías e innovaciones energéticas, siempre teniendo presente la seguridad energética fundamental para cualquier país.

En este contexto, debe reconocerse el rol definitivo que está teniendo el sector de hidrocarburos, en un esfuerzo de diversificar la producción de combustibles fósiles hacia nuevos combustibles y tecnologías, tales como el hidrógeno azul o verde, en la captura y el almacenamiento de carbono que podrán usarse para neutralizar las emisiones generadas por industrias fósiles.

El sector de hidrocarburos, tanto en el contexto internacional como el nacional, ha iniciado de manera contundente y acelerada lo que podemos denominar como su transición energética, e incluso mediante la participación en la construcción de plantas de generación de energía renovable destinada para su propio consumo (autogeneración), en sustitución de generación térmica.

Consideramos entonces fundamental los siguientes pilares en el marco de la política integral de transición energética:

1. Respaldar, fomentar e incentivar el desarrollo tecnológico energético, para profundizar en la diversificación de la matriz energética y aportar al desarrollo económico del país.

En esta categoría encontramos iniciativas como el hidrogeno verde (que según la hoja de ruta trazada por el gobierno nacional se espera tener entre 1 y 3 GW con FNCER para 2030), la energía renovable en general y tecnologías tales como la eólica off shore con más de 50 GW de potencial energético en la región caribe o la bioenergía que en recientes estudios se ha calculado con un potencial de 400.000 MW en nuestro país.

También el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía, la movilidad eléctrica con énfasis en los sistemas de transportes masivos, la conexidad con las tecnologías en pro de la gestión eficiente de la energía (PAI-PROURE define una meta de reducción de consumo de 1,688 PJ en el periodo 2022-2030), la descentralización y democratización de la energía mediante y toda la política de digitalización energética, entre muchas otras.

2. Profundizar en la prestación confiable, segura y con calidad del servicio de energía eléctrica, para lo cual se requiere acelerar las inversiones y procedimientos de expansión de la red de transmisión y distribución, para aumentar la capacidad de transporte que permita la conexión de los proyectos de energía.

Esto incide directamente en el incremento de la confiabilidad del suministro nacional, al igual que da un paso para las conexiones internacionales que permitan la expansión del mercado nacional. Fundamental para este propósito, considerar ajustar la Resolución CREG 75 de 2021 sobre el procedimiento de conexión de los proyectos de generación.

3. Aumentar la oferta de energía mediante liberalización del esquema de compra y venta de energía, el fomento de areneras regulatorias, y el ingreso de nuevos competidores en el mercado, todo esto con el fin de lograr el traslado de un precio cada vez más eficiente a los usuarios finales.

4. Reconocer la importancia de los minerales estratégicos para el desarrollo de la transición energética.

Definitivamente la transición energética y la descarbonización de la matriz, guarda una correlación estrecha con el aumento sustancial de la demanda de varios minerales y metales clave destinados a la fabricación de tecnologías energéticas más limpias.

La construcción de plantas solares fotovoltaicas, parques eólicos y vehículos eléctricos, medidores inteligentes, líneas de transmisión, baterías, etc, requiere de minerales tales como el litio, el níquel, el cobalto, el manganeso, el grafito tierras raras, cobre y aluminio, incluso ya hoy se prevé una escasez mundial de cobre, níquel y otros metales con ocasión en la reducción significativa de inversión que ha sufrido la industria minera en la última década.

Colombia cuenta con reservas de estos minerales estratégicos y fundamentales para la transición energética y por lo tanto, es necesaria inmediatamente la armonización y reconciliación de la política ambiental y minera, promoviendo el desarrollo de un sector minero sostenible que permita el aprovechamiento de estos y otros minerales estratégicos.

Ineludible la urgente adopción de medidas contundentes para contrarrestar los problemas medioambientales y sociales en relación con la extracción ilegal de minerales, que tanto daño ha causado en la percepción de la industria minera responsable y sostenible.

5. Armonizar el marco normativo e institucional que genere seguridad a la inversión pública, privada, nacional e internacional y garantizar el acompañamiento del gobierno nacional y las entidades competentes. ya que la transición energética debe ser liderada de manera concertada y no puede dejarse a la batuta exclusiva del sector privado.

Los sectores energéticos son considerados de utilidad pública y por eso mismo, es necesaria una mayor participación de todos los actores en la coordinación de políticas con comunidades, autoridades ambientales, autoridades locales y entes territoriales, de modo que incida en el desarrollo y construcción de las tecnologías energéticas.

Necesaria referencia en este punto al derecho constitucional de la consulta previa, donde también es prioritario el fortalecimiento institucional de la Dirección de la Autoridad de Consulta Previa, así como la reglamentación del procedimiento de la consulta previa, agilizar los trámites de registro y certificación de las autoridades indígenas y hacer un seguimiento garantista y efectivo de los acuerdos logrados en el marco de este derecho constitucional.

6. Avanzar en la descentralización energética desde tres perspectivas, primero, el rol activo del usuario como autogenerador de energía para su propio consumo y entrega de excedentes a la red lo que democratiza la energía.

En este punto considerar incorporar instrumentos de des- o co- regulación con el fin de permitir la masificación de dicha actividad; segundo, la generación distribuida como mecanismo que contribuye al uso racional y eficiente de la energía al impactar en la reducción de pérdidas de energía, y tercero, desfosilizar las Zonas No Interconectadas mediante la socialización, creación de incentivos, eliminación de barreras regulatorias, formación y desarrollo tecnológico en relación con las alternativas disponibles para la sostenibilidad en la construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de generación y autogeneración de energía con fuentes renovables,

La transición energética es integral e involucra un cambio estructural en el plazo mediato en relación con la perspectiva tradicional hacia los energéticos, migrando de un tratamiento desarticulado entre ellos, e incluso, excluyente, hacia una política que permita un balance entre la seguridad energética, la transición energética justa y la descarbonización.