La energía eólica marina se perfila como una de las grandes oportunidades para la transición energética de Chile. Con un potencial técnico estimado en 957 GW, según un estudio del Banco Mundial, esta tecnología podría aportar hasta 28 veces la capacidad instalada actual del país, que en 2024 alcanzaba los 34 GW. 

Sin embargo, el desarrollo de la eólica offshore en Chile requiere de una estrategia integral que garantice su viabilidad económica y su impacto positivo en la seguridad energética. En este contexto, el Ministerio de Energía anunció en marzo de 2024 el inicio de la Hoja de Ruta para el Desarrollo de la Energía Eólica Marina, en el marco del Programa Net Zero World, firmado con Estados Unidos. 

A este interés se sumó en julio de 2024 el Gobierno del Reino Unido, que declaró su disposición a apoyar financieramente proyectos de esta índole en Chile, mientras que en agosto se creó el Consorcio Viento Azul Biobío, una alianza entre la británica 17 Energy y la chilena SC Power para impulsar un parque eólico marino con una capacidad estimada de 500 MW a 1 GW en la costa del Biobío.

Mientras que en noviembre de 2024, la empresa noruega Deep Wind Offshore se sumó al mercado con planes de inversión en la misma región. En tanto que la Unión Europea ha destacado su relevancia para la descarbonización y la neutralidad climática en 2050.

Bajo ese contexto, Alberto Olivares, profesor de Derecho de la Energía de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), analizó las oportunidades y retos regulatorios, económicos y ambientales para consolidar esta tecnología en Chile, atraer inversiones y fortalecer el crecimiento industrial.

“En general, los países deben subsidiar una parte importante del costo de los proyectos de eólica marina; la principal fórmula que está promoviendo ahora la Unión Europea para dar respuesta a los problemas de financiamiento es mediante contratos por diferencia (CfD, por sus siglas en inglés)”, indica en diálogo con Energía Estratégica.

“La empresa pacta con el gobierno contratos por un tiempo determinado (por ejemplo 15 años), en que se establece una banda de precios. La empresa vende su electricidad a precio de mercado, cuando está dentro de la banda de precios fijada, pero si el precio baja a un valor menor el Estado compensa a la empresa, y si el precio de venta es superior a los valores de la horquilla de fluctuación, entonces la empresa debe entregar al Estado sus excedentes. De esta forma, se protege la inversión de las empresas”, agrega. 

Figura 1. Funcionamiento de los CfD. Fuente: Consejo de la Unión Europea (2024).

El desarrollo de redes eléctricas marinas es otro factor crítico. A diferencia de los parques eólicos terrestres, la conexión de la eólica offshore al sistema eléctrico requiere infraestructuras costosas, especialmente en un país con una geografía extensa como Chile. 

En Europa, la solución ha sido el desarrollo de redes transfronterizas, verter la electricidad de diversos parques eólicos marinos ubicados en el espacio marítimo  de diversos países, para reducir los costes de redes. 

“No obstante, por las características geográficas de Chile, y de las regiones donde se proyectan los primeros parques eólicos marinos (región del Biobío), se debe optar por redes eléctricas offshore radiales, es decir, que conectan de forma individual a los parques eólicos marinos al sistema eléctrico, la opción más onerosa. Si Chile decide instalar parques eólicos marinos, debe saber que tendrá que financiar, vía subsidios u otra fórmula, una parte importante de los costos de los proyectos y las redes eléctricas costa fuera. En caso contrario, el precio de la electricidad generada con esta energía renovable no será competitiva económicamente”, señala Alberto Olivares. 

“Además, Chile debe tener en consideración que existe una cadena de valor que debe desarrollar, adaptar puertos, contar con barcos para transportar los aerogeneradores, impulsar nuevas profesiones y oficios especializados, disponer de suministros fiables de aerogeneradores, entre otros desafíos. La industria eólica offshore no solo es cara, sino que también extremadamente compleja, desde la perspectiva técnica, y requiere de una importante inversión para disponer de una cadena de valor que permita contar con una industria competitiva”, añade. 

Más allá de los aspectos económicos, la planificación debe abordar la coexistencia con otras actividades marítimas y la protección ambiental. En Europa, la regulación incluye planes de ordenación del espacio marino (POEM), que establecen zonas específicas para la instalación de proyectos sin afectar áreas protegidas ni interferir con la pesca y la navegación. 

Esto significa que se requiere de una actuación integrada de un conjunto de asuntos relacionados con un nuevo modelo de gobernanza marina. 

“La Hoja de Ruta que está elaborando Chile debería ser el instrumento que entregue las ideas matrices del régimen jurídico y económico que permita un desarrollo sostenible y resiliente de la industria eólica marina”, subraya el profesor de Derecho de la Energía de la UNIR. 

“Entre otros aspectos, se debe ofrecer un régimen administrativo de autorizaciones y concesiones ágil, que reduzca los plazos del proceso de autorizaciones, sin disminuir los estándares ambientales. El régimen económico también es esencial para atraer a inversores; las subastas con contratos por diferencia parece ser el esquema favorito de la UE. De esta forma, el entorno regulatorio y económico favorable y la previsión de los temas antes enunciados serán claves para que la industria eólica marina pueda ser desarrollada en Chile, que brinde seguridad al sistema eléctrico, facilite la transición a la neutralidad energética y genere nuevas oportunidades de negocios”, concluye. 

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