Al año 2030, Panamá se propuso una serie de metas en relación a reducir las emisiones contaminantes del parque automotor local. 

Entre aquellas, se encuentra lograr que sean eléctricos: entre un 10% a un 20% de los vehículos privados que circulen en el país, entre un 25% a un 50% de flotas públicas, entre un 15% a un 35% de flotas de autobuses en concesión y también lo sean entre 25% a un 40% las nuevas ventas. 

Para garantizar la sostenibilidad ambiental en aquella transición a la movilidad eléctrica, el Gobierno llevará una línea de acción coordinada entre la Secretaría de Energía, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud, que permita además una gestión oportuna de los vehículos viejos y una reposición de las baterías que vayan cumpliendo su vida útil. 

Aquello sería crucial para eliminar barreras y ejecutar los planes de expansión de la movilidad eléctrica a lo largo y ancho del país.

Ahora bien, en un webinar organizado por el Sindicato de Industriales de Panamá, Nanik Singh Castillero, director de Energy Experts Global y Potencia Verde, puso sobre la mesa una nueva alternativa por regular para garantizar la sostenibilidad de la transición. 

Ahora mismo estamos llegando al 50% del tope de generación distribuida (1% del consumo de las distribuidoras)”, introdujo el referente empresario. 

Y consultó a la autoridad de gobierno presente en el seminario: ¿ustedes han planteado reformas para aumentar aquel tope acompañando el aumento de movilidad eléctrica en Panamá?  

Como respuesta, la directora de Electricidad de la Nación, Guadalupe González, aseguró durante el evento que la Secretaría Nacional de Energía está poniendo como prioridad el resolver temas vinculados a la generación distribuida, movilidad sostenible y redes eléctricas. 

“Es un avance integral (…) y ya estamos arrancando con la búsqueda de recursos para realizar estudios técnicos que nos permitan sentar las bases de nuestras recomendaciones a los organismos competentes”, señaló la funcionaria.   

Luego de los estudios y su evaluación en detalle, delinearían las medidas que llevará a cabo el gobierno y las recomendaciones para el regulador y a las distribuidoras locales.

En la actualidad, a muchos industriales, con o sin demanda de movilidad eléctrica, les golpea fuertemente el costo de la electricidad. Aquello, que podría ser una limitante para que las empresas avancen en la incorporación de flotas de vehículos de este tipo, ya estaría siendo tratado en las comisiones de trabajo del Comité Interinstitucional de Movilidad Eléctrica (CIME). Aquí entrarían en análisis beneficios fiscales, créditos y exenciones.

Durante el webinar donde se presentaron los objetivos del CIME, Nanik Singh, planteo además una regulación sobre PV Storage Systems and Vehicle to grid.

“Uno podría entregar energía así como lo haría una planta de energía solar con almacenamiento, pero a través de la batería de los autos eléctricos, y podría recibir ingresos por servicios auxiliares”, sugirió. 

A lo que la directora de Electricidad respondió: “Desde la Secretaría de Energía estamos abiertos a lo que pueda ofrecer la tecnología. Definitivamente tenemos que analizarlo. No podemos decir que lo haremos ahora. Todo forma parte de un proceso de análisis y toma de decisión que estamos desarrollando con todas estas estrategias bajo el esquema de la Agenda de Transición Energética”.