La Secretaría de Energía habilitó, hace casi un mes, a las centrales térmicas, hidroeléctricas y nucleares a volver a competir en el mercado a término (MAT), por lo que más tecnologías de generación podrán optar por cerrar acuerdos de compra – venta de energía (PPA) entre privados.

Este hecho, sumado a que los Grandes Usuarios del Distribuidor no tendrán restricciones para el acceso al MEM como agentes de este, mejoraría el panorama para que las distribuidoras participen del MAT. 

Sin embargo, ante la falta de tarifas adecuadas (más bien relegadas), las cooperativas eléctricas de Argentina enfrentan el desafío estructural de mejorar su situación económica que les permita ser sujetos de créditos y acceder a contratos directos con generadores de renovables. 

Omar Zorzenón, coordinador de la Comisión de Política Energética de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), consideró que se debieran resolver diversas situaciones de base antes de poder avanzar con ello. 

“Para pagar la deuda que tenemos, hacer inversiones necesarias en operación y mantenimiento, mejorar el sistema de facturación y cobranza y ser creíble desde el punto de vista de la garantía en función de lo que viene en el mercado, debemos hacer muchas cosas”, sostuvo en diálogo con Energía Estratégica. 

“Primero arreglar la deuda, al punto que las cooperativas del país deben USD 246 millones y estamos trabajando en ello con CAMMESA, arreglando el pago de la deuda en siete años. También es fundamental que las provincias otorguen las tarifas necesarias para prestar el servicio, y a partir de ahí las inversiones se podrán pagar”, agregó. 

De acuerdo a lo expresado por el entrevistado, hasta ahora, la compra de energía en el mercado estaba garantizada por el Estado, que financiaba los costos para asegurar el abastecimiento. Pero a partir de ahora las cooperativas deberán demostrar capacidad de ello, lo que en el actual contexto financiero resulta complejo. 

“Hasta ahora los generadores cobraban porque el Estado ponía plata, pero a partir de ahora se tiene que contractualizar la energía y se debe garantizar la posibilidad de pago a partir de una tarifa. Con ello, la generación estará respaldada por la facturación y las cooperativas y distribuidoras podrán elegir el suministro”, apuntó Zorzenón.

El problema central radica en la falta de tarifas adecuadas para el sector cooperativo. Mientras las grandes distribuidoras han logrado esquemas de reestructuración de deuda más flexibles, las cooperativas se encuentran atadas a una estructura tarifaria provincial que en muchos casos no refleja los costos reales del servicio. 

“Por ejemplo, la Empresa Provincial de Energía (EPE) de Santa Fe debe 62000 millones de pesos y dice que lo pagarán, aunque no sobre el plan de pago. Mientras que las cooperativas de Santa Fe deben 4000 millones y necesitan un plan de pago, pero si EPE paga, seguramente financiarán la deuda de las cooperativas”, indicó el entrevistado. 

“Estamos de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo en cuanto a cambiar la pauta, porque se endeudaron las cooperativas pero algunas distribuidoras arreglan la deuda de otro modo. Hecho que no es justo”, añadió. 

A ello se suma la cuestión de los costos de transporte y distribución, pero la transición hacia un mercado eléctrico más abierto y basado en contratos de compra-venta directa de energía renovable podría paliar la situación y desde FACE anticipan el sector que se avecina. 

“Todo el mercado industrial y comercial será contractualizado. Por lo tanto tenemos que mejorar la posibilidad de pago, realmente ser eficientes y comprar donde sea más barato. Como consecuencia, se pueden dar muy buenas oportunidades, de acuerdo al recurso que convenga en cada provincia, para reducir los costos de transporte por la cercanía de la tecnología y el propio precio de la energía”, subrayó Zorzenón. 

“La resolución N° 21/25 de la Secretaría de Energía de la Nación tiene sentido, pero hay que emprolijar y tener una tarifa como corresponde”, insistió. 

 

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