El Poder Legislativo de Argentina presentó los proyectos de ley que se debatirán en las sesiones extraordinarias entre el 23 de enero y el 28 de febrero. Pero la iniciativa del Ejecutivo respecto a la Ley de Economía del Hidrógeno fue la gran ausente en el listado publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial.

Hecho que limitaría el camino a seguir para el desarrollo de dicho vector energético en Argentina, considerando que el país tampoco cuenta con una hoja de ruta o estrategia nacional de H2. Pero al no tener ninguna, desde el sector energético todavía no se comenzaron muchas obras de esta índole, pese a que ya hubo anuncios y acuerdos con el gobierno respecto a inversiones para producir hidrógeno verde, principalmente en el sur de Buenos Aires o en las provincias patagónicas. 

Incluso, en reiteradas ocasiones, diversos especialistas de la industria manifestaron que “aún no hay garantías a futuro para llevarlas a cabo” y que no necesariamente debe estar el marco normativo para iniciar los procesos, sino que con una hoja de ruta o estrategia clara que brinde certezas podría ser suficiente para dar los primeros pasos en el país, tal como sucede en otras partes de la región. 

Justamente, en el resto de países del Cono Sur sí hubo avances concretos en la regulación, planificación o implementación de proyectos de H2V, a un ritmo que se aceleró a lo largo del 2022 tras lo hecho durante el 2021 (ver nota). 

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Es decir que mientras que Argentina no materializó su ley de H2 ni una hoja de ruta, países como Chile o Uruguay poco a poco han tenido una tendencia creciente hacia dicho vector energético. 

Chile ya cuenta con una regulación específica y fue la primera en abrir las puertas a la producción mediante su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde , lanzada a finales del 2020, la cual marcó un objetivo de 5 GW de electrólisis al 2025 y 25 GW 2030. 

Y a menos de dos años de ese hito, la empresa Siemens Energy ya inició la producción de H2V y combustibles sintéticos neutros en carbono a partir de energía eólica y agua. A lo que se debe agregar que también existen cerca de 40 proyectos de hidrógeno – más de un tercio en etapa de factibilidad – y otras compañías también analizan más formas de producir e implementar el hidrógeno. 

También cabe recordar que durante la COP 27, el gobierno de Chile selló acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para impulsar proyectos de hidrógeno verde, lo que le concederá acceder a préstamos por US$700 millones que contribuyan al crecimiento de la industria. 

Mientras que por el lado de Uruguay, no posee una ley de hidrógeno pero sí recientemente puso su Hoja de Ruta del H2V a consulta pública hasta el 15 de agosto del 2023, tras haberla lanzado en junio del 2022 con el apoyo de los ministerios involucrados y el consenso político alcanzado en el diseño del documento, para el cual se tomó como base de un proyecto interno de la gestión gubernamental anterior.

Dicho camino plantea que el 2025 ya se encuentren en marcha los primeros pilotos de 150 y 300 MW de electrolizadores y de 200 a 500 MW de capacidad renovable; en tanto que para el 2030 se espera que la escala crezca  a 1-2 GW de electrolizadores y de 2 a 4 GW en renovables. Y finalmente, al 2040, dar el gran salto en base a los aprendizajes transitados, dado que la meta de electrolizadores estará fijada en 10 GW y otros 20 GW para la potencia renovable. 

Para ello, el país ya tuvo convocatorias para desarrollar diversos proyectos pilotos y a futuro dará lugar a más inversiones extranjeras en el país, como por ejemplo para instalar parques híbridos para producir hidrógeno verde, como parte de su segunda transformación energética. 

Además, la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland (ANCAP) realizará rondas de negocios que le permitan avanzar con la licitación de los bloques de energía eólica offshore. 

Convocatoria que se espera sea publicada este año y que, en primera instancia, se prevé licitar diez bloques de 500 km2 cada uno, que posee un potencial medio de 2 a 3 GW de capacidad renovable operativa y la posibilidad de generar 320.000 toneladas de hidrógeno por año.

Es decir que si bien Uruguay no tiene un marco normativo específico para el H2, sí desarrolló mecanismos para fomentar la transición energética hacia un vector más sustentable, comenzando con proyectos pilotos y un escalamiento progresivo durante las próximas décadas.