El Plan Nacional de Descarbonización (2019) dispone que Costa Rica debe lograr la carbono neutralidad para el 2050. Para alcanzar esta meta, una de las iniciativas que planteó el Gobierno fue dejar de apostar por los combustibles fósiles.
Recientemente, comunicábamos que el presidente Carlos Alvarado Quesada planteaba prohibir la exploración y la explotación petrolera para honrar el legado verde que viene construyendo el país.
Es preciso remarcar que en la actualidad, el sector eléctrico costarricense cuenta con un 99,6% de cobertura a partir de generadoras renovables, principalmente hidroeléctricas. Lo que lo llevó a ser referente mundial en la diversificación de una matriz energética sostenible.
No obstante, desde el Centro de Investigación en Protección Ambiental (CIPA) del Tecnológico de Costa Rica indicaron a Energía Estratégica que sólo los avances del sector eléctrico no serían suficientes para llegar a los objetivos sostenibles planteados por el Gobierno. Inclusive advirtieron que faltaría más financiamiento y nuevas medidas políticas que los hagan transitar el camino a la descarbonización.
“Las emisiones de gases de invernadero en Costa Rica van en aumento, se ha estimado que, de no tomar medidas, las emisiones de Costa Rica aumentarán en un 2.4% anual y podrían llegar a subir 132% en 2050 para alcanzar un nivel de 29.6 millones de toneladas de CO2 equivalente”, declaró Luis Valerio, consultor de Medio Ambiente y Energía del CIPA.
Desde la óptica del experto consultado, la carbonización de la economía costarricense obedece en primer lugar a la quema de combustibles para impulsar el transporte privado, público y de carga, “un modelo costoso tanto ambiental como económico”.
Según datos oficiales de la página de la Dirección de Energía, en Costa Rica hay un total de 3000 vehículos eléctricos inscritos y en circulación a agosto de 2020, de 1301348 que están circulando de manera legal según la Revisión Técnica Vehicular, lo que representa solo un 0,23%.
Para mejorar esas estadísticas, Valerio señaló como necesario desarrollar una cadena de valor que integre temas de financiamiento, generación de capacidades, respaldo de agencias, manejo de residuos como baterías, industrias mayoritarias, infraestructura de carga y energía.
Por otra parte, otro gran reto que observó el referente del CIPA es que el país deberá llevar a cabo desarrollos de nuevas edificaciones bajo estándares de alta eficiencia y procesos de bajas emisiones.
“Hay brechas de información en la población y en desarrolladores sobre los beneficios construcción sostenible, ya que desde una perspectiva de ciclo de vida los aspectos como aprovechar iluminación natural, un sistema de tratamiento de aguas, paneles solares para generar energía, dispositivos de ahorro de agua, entre otros, presentan mayor rentabilidad a mediano y largo plazo”.
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“El Estado como gran comprador podría premiar a quienes utilicen materiales con menor impacto ambiental en las sus contrataciones y así poder demostrar los ahorros y beneficios que se obtienen”, consideró el experto en Medio Ambiente y Energía.
Un tema adicional sobre el que alertó es el manejo de residuos: “El sector residuos es el segundo contribuyente a emisiones de CO2 equivalente, con un valor para el 2015 de un 19.16% del total de emisiones, lo que equivale a 2 084.61 Gg de CO2 equivalente, lo cual tiene un impacto en el ambiente y cambio climático”
“En el mejor de los casos se usa rellenos sanitarios que llevan a la generación de metano el cual tiene 21 veces mayor potencial de calentamiento global que mismo dióxido de Carbono”.
Según Luis Valerio, lo anterior podría revertirse con financiamiento y desarrollo de tecnologías Waste to Energy para aprovechamiento de calor, electricidad o combustible “económicamente viables y ambientalmente sustentables en su mayoría”.
Finalmente, otro eje por trabajar para encaminar la descarbonización del país sería absorber, capturar y conservar carbono. De allí, es que el consultor del CIPA considere como importante incentivar modelos agroforestales que permitan a sectores como el ganadero lograr mayor rentabilidad a sus fincas con modelos más bajos en emisiones.
“Se deberá trabajar en el diseño de estrategias de financiamiento que incluyan modelos de ingeniería financiera-ambiental y promoción de alianzas público-privadas para apoyar el proyectos prioritarios y catalizadores de cambio”, concluyó Luis Valerio, consultor de Medio Ambiente y Energía del Centro de Investigación en Protección Ambiental (CIPA).
