Un reciente documento de exsecretarios de Energía ha vuelto a reclamar un marco de políticas adecuadas para un sector que es esencial para la producción y el bienestar de los ciudadanos. El trabajo elaborado actualiza los realizados anteriormente por el mismo grupo con el título “Consensos energéticos”. Tiene la virtud de haber unificado las opiniones de profesionales que actuaron en gobiernos de distintos signo político. Esto no ha sido un hecho común en la Argentina y, por lo tanto, merece la atención y consideración de quienes tienen la responsabilidad de definir las políticas del sector.

Una primera prevención es que las políticas aplicadas en el sector energético requieren, para ser exitosas, que se normalice la macroeconomía y se consoliden las relaciones internacionales, creando condiciones apropiadas de inversión. En rigor esta condición es válida para todas las áreas del espectro económico. La pérdida de los equilibrios macroeconómicos fue justamente lo que hizo fracasar el bien elaborado marco de funcionamiento del sector eléctrico, diseñado en los noventa por el entonces secretario de Energía Carlos Bastos.

También se considera la finalización de la actualización de las tarifas de electricidad y gas como condición previa a la implementación de reglas perdurables. Como premisa general, los precios deberán cubrir los costos de los servicios en condiciones de calidad y eficiencia. Si hubiera la necesidad de atender alguna situación social, el subsidio correspondiente deberá estar focalizado en el caso específico. La actividad petrolera no debiera recibir subsidios de ningún tipo. Los actualmente aplicados al gas de Vaca Muerta a través de un precio sostén deben respetarse como un rasgo de seguridad jurídica, pero de ninguna manera sostenerlos más allá del período establecido por la ley que los creó. Luego de normalizada la estructura de precios, los mercados de electricidad y gas deberán retornar a sistemas transparentes y competitivos como los vigentes hasta la crisis devaluatoria de comienzos de 2002.

El documento de los exsecretarios de Energía reconoce la importancia de desarrollar la producción no convencional de hidrocarburos y sobre esa base impulsar las exportaciones. Se plantean objetivos como el de la eficiencia energética referido al uso racional, a la necesidad de un planeamiento estr atégico que, entre otros objetivos, apunte a la diversificación de las fuentes de generación y al respeto por las normas ambientales. Es importante que el Gobierno tenga en cuenta este importante documento, así como los producidos por otros centros de investigación independientes y de alto nivel científico. Por ejemplo, los trabajos producidos por el Instituto de la Energía de la Academia Nacional de Ingeniería.

Está aceptado en general que, respetando principios de eficiencia y rentabilidad, las políticas energéticas del futuro se orientarán prioritariamente hacia las energías renovables no contaminantes. Deberán de algún modo responder a los acuerdos internacionales sobre la limitación de las emisiones de CO2 dentro de la problemática del calentamiento global. Por lo tanto, no parece tener sentido dejar bajo tierra una riqueza hidrocarburífera que pueda en algún futuro dejar de serlo. El gas deberá exportarse, tanto por las tuberías ya existentes hacia Chile como en la forma de gas natural licuado en barcos especializados. Será necesario construir una planta de licuefacción con una inversión del orden de 3500 millones de dólares.
La construcción de nuevas centrales nucleares constituye un tema de la mayor importancia. Sus claras desventajas económicas respecto de otras alternativas de generación deben cotejarse con los objetivos de desarrollar tecnologías aplicables a otros usos. También deben evaluarse su conveniencia y, en todo caso, la seguridad de la localización de la cuarta central incorporada al programa de obras con aporte financiero y técnico de China. La introducción de criterios económicos es imprescindible en la priorización de todo tipo de proyectos, más allá de la disposición de financiamientos orientados. Vale esto también para las presas hidroeléctricas del río Santa Cruz, que no eran prioritarias, pero ya están en plena construcción.

En resumen, lasimportantísimas  inversiones en el área energética deben contar con una orientación que permita obtener de ellas el máximo rendimiento en el marco del respeto a estándares ambientales y a objetivos estratégicos de largo plazo.