El próximo 11 de agosto vence el contrato de concesión de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón y Planicie Banderita, las cuales pasarán a ser controladas por el Estado Nacional. Con el objetivo de gestionar esa transición de modo ordenado, técnicos de Enarsa, la firma que se hará cargo de las represas a través de una subsidiaria, comenzaron hace unos 10 días a mantener reuniones con representantes de las compañías privadas que actualmente administran esas firmas.
Alicurá es controlada por la estadounidense AES, El Chocón por la italiana Enel y Planicie Banderita por Orazul Energy, que pertenece al fondo I Squared Capital. Los gerentes de Enarsa mantienen reuniones por separado con gerentes de cada una de esas compañías con tres ejes de trabajo: recursos humanos, compras y sistemas. La intención oficial es que las firmas continúen operando normalmente una vez que se concrete el traspaso. El 29 de diciembre podría sumarse a esa lista una cuarta central, Piedra del Águila, que está en poder de Central Puerto, pero esa decisión ya será competencia del próximo gobierno.
Las reuniones con las tres empresas salientes son para coordinar cuestiones operativas de la gestión cotidiana, habiendo quedado afuera de la agenda los juicios que algunas de esas firmas mantienen en el CIADI contra el Estado argentino. Esa negociación quedará para más adelante.
Tal como anticipó EconoJournal, Enarsa se hará cargo de estas tres represas del Comahue a través de una subsidiaria. Una posibilidad es que la compañía se denomine Enarsa Hidroeléctrica Comahue, aunque el nombre todavía no está definido.
Reclamo de Neuquén
Tampoco está resuelto que rol van a tener las provincias en el nuevo esquema. Hace 15 días el gobierno de Neuquén envió una nota a la secretaría de Energía solicitando que se deje sin efecto la asignación a Enarsa del control de las represas hidroeléctricas del Comahue.
El Gobierno neuquino insiste con que el manejo de las centrales hidroeléctricas es más amplio que una simple concesión, y apunta a la opción de un control y una renta que incluya a su distrito y a Río Negro. “Se propone la creación de una empresa hidroeléctrica regional tripartita, conformada por el Estado nacional, junto con las provincias. Entre los ejes centrales del proyecto, se deberá contemplar una renta por la explotación comercial de las centrales generadoras que permita la ejecución de un programa de obras hidroeléctricas multipropósito, de infraestructura y de desarrollo productivo a consensuar entre las partes”, remarcaron en la nota enviada a la Secretaría de Energía.
La nota consta además de un apartado denominado “Reserva de Derecho”, donde se precisa que “la provincia se reserva el derecho de judicializar la cuestión aquí expuesta mediante el planteo de inconstitucionalidad de los artículos 6º, 11º y 14º y ccs. de la Ley 15.336, en tanto otorgan al Poder Ejecutivo Nacional en forma exclusiva el poder concedente; y cualquier acto administrativo del Estado nacional que tenga por finalidad definir el destino de los recursos hídricos en la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro sin la participación de las provincias que ostentan su titularidad”.
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