República Dominicana sorprende con un anteproyecto ley que tiene por objeto armonizar el subsector eléctrico modificando disposiciones legales y reglamentarias relativas a la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de Electricidad (SIE) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM). 

El documento al que tuvo acceso Energía Estratégica, ya estaría en el Senado desde el 12 de diciembre del 2022 y aguarda por un tratamiento de la Comisión de Asuntos Energéticos en los próximos días.

El mismo consta de 14 fojas que incluyen consideraciones preliminares donde se argumenta la decisión del ejecutivo para presentar una nueva iniciativa de ley ante el Congreso Nacional. Y su cuerpo, compuesto por 11 capítulos, numera cambios significativos dentro 31 artículos específicos.

Entre las grandes modificaciones que se implementarán en el subsector eléctrico, de aprobarse este proyecto de ley, la medida de disolver a la CNE no pasa desapercibida. Allí, se advierte que este órgano de gobierno actualmente operativo tiene funciones similares a las del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y por eso debería suprimirse y transferir sus funciones, atribuciones y patrimonio al MEM y otros órganos que permanecerán en la administración pública.

No es la única medida que será significativa para el sector. También se mandata a elaborar el Plan de Expansión de Generación y Transmisión de Largo Plazo cada cinco años, modificar el régimen de concesiones e incorporar licitaciones públicas para compraventa de energías renovables a largo plazo, a la vez que se eliminen beneficios impositivos para nuevos proyectos.

Por ello, de aprobarse sin modificaciones ese paquete de medidas, en los 180 días siguientes la ejecución de nuevos desarrollos renovables daría un giro.

Si bien, podría interpretarse como una buena noticia la apertura de nuevas licitaciones para proyectos de generación renovables a la par del mecanismo de concesiones provisionales y definitivas que actualmente están en marcha, estos últimos tendrían modificaciones que complicarían su continuidad.

Si el espíritu de la nueva ley sería propiciar una mayor competitividad en el sector eléctrico a partir de licitaciones de energías renovables, además de armonizar al subsector eléctrico, debería aclararse en los próximos días porqué además se derogan exenciones de impuestos a tecnologías contempladas en la Ley núm. 57-07 que podría repercutir en el aumento del costo total de nuevos proyectos renovables.