Las provincias de Río Negro y Neuquén han solicitado al Gobierno nacional el traspaso del 51% del paquete accionario de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Esta petición surge en el contexto de una inminente privatización impulsada por la administración de Javier Milei, que planea vender el total de activos de estas represas en un plazo de 180 días.
Las represas en cuestión aportan 4.000 MW al sistema eléctrico nacional, siendo vitales para la producción de energía del país. La situación ha generado un fuerte debate, ya que las provincias argumentan que, según la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pertenecen a las jurisdicciones provinciales. Esto pone en jaque las concesiones de las represas otorgadas en 1993, las cuales ya han vencido.
En su reclamo, los gobernadores de ambas provincias han dejado claro que, si no obtienen respuesta del Gobierno nacional, podrían avanzar con un proyecto de ley en el Congreso para garantizar el control mayoritario sobre estas empresas hidroeléctricas. Este proyecto buscaría frenar el proceso de privatización y reafirmar la propiedad provincial sobre el recurso hídrico.
La formalización del pedido fue realizada por la senadora nacional rionegrina Mónica Silva, del partido Juntos Somos Río Negro, en alineación con el gobernador Alberto Weretilneck. Silva también representa la postura del mandatario neuquino Rolando Figueroa, quien respalda firmemente el reclamo.
El planteo de Silva incluye una modificación al decreto 718 firmado por Milei, que establece la privatización total de las represas. La senadora propone que solo se venda el 49% del capital accionario, reservando el 51% restante para las provincias. Esta modificación, según Silva, busca asegurar que las provincias mantengan el control sobre sus recursos naturales.
Weretilneck y Figueroa están buscando establecer una mesa de negociación entre ambas provincias y el Gobierno nacional. La intención es encontrar un acuerdo que respete la inversión realizada por el Estado nacional en la construcción de las represas y, al mismo tiempo, reconozca el derecho de las provincias sobre los recursos hídricos.
Este conflicto pone de manifiesto la tensión existente entre las políticas del Gobierno central y las demandas provinciales por mayor autonomía en la gestión de sus recursos naturales. La resolución de esta disputa podría tener un impacto significativo en la política energética del país y en las finanzas de Río Negro y Neuquén.
A medida que se acerca el plazo de 180 días establecido por el Gobierno para la privatización, las provincias se encuentran en una carrera contra el tiempo para asegurar su participación en la gestión de las represas, lo que las convierte en actores clave en el debate sobre el futuro energético de Argentina.
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