El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, recibió el lunes pasado en su despacho durante casi dos horas a cuatro altos directivos del sector eléctrico con una instrucción concreta: conseguir el aval de los privados para avanzar con la reforma del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), tal vez el principal anhelo del titular de la cartera energética desde que asumió en diciembre de 2023. El ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, y Daniel González, su alfil en el área que oficia de viceministro de Energía y Minería, le indicaron a Chirillo que, para instrumentar esa iniciativa, primero debe abrir la discusión con las empresas a fin de consensuar el alcance de la reestructuración.

A Caputo le preocupa, con razón, que una reforma demasiado ambiciosa pero mal calibrada del mercado, como la que redactaron originalmente colabores del secretario de Energía pueda terminar destruyendo la señal de inversión en el segmento de generación y, para peor, pueda desembocar en un incremento de corto plazo de los costos de producción de electricidad. Por eso, en una reunión realizada el martes feriado del 9 de julio, el titular del Palacio de Hacienda apeló al sentido común para ordenarle a Chirillo que la profundidad de los cambios en la regulación del sector debe ser debatida previamente con las empresas del sector.

Con ese mandato, Rodríguez Chirillo recibió el lunes de la semana anterior a los presidentes de las cuatro asociaciones de compañías eléctricas: Edgardo Volosín, de Adeera (distribuidoras); Gabriel Baldesarre, de Ageera (generadoras); Pablo Tarca, de Ateera (transportista); y Eduardo Beloqui, de Agueera (grandes usuarios de electricidad), según pudo reconstruir EconoJournal.

Rodríguez Chirillo defendió en el verano en Diputados algunos pasajes de la Ley Bases.

La presentación en Power Point que había preparado el secretario se extendió durante casi dos horas. Chirillo repasó los ejes centrales de su plan y, tal como le pidió Caputo, enfatizó sobre la necesidad de lograr un consenso con la industria para poder avanzar. El funcionario no accedió, sin embargo, al pedido de los directivos privados de llevarse una copia del PPT o de la resolución en la que está trabajando Energía.

Daniel González se sumó al encuentro durante no más de 15 minutos. “Fue una reunión rara. Eduardo (Rodríguez Chirillo) repasó los puntos nodales de su plan, pero cuando quisimos acceder al texto de la resolución que está trabajando la Secretaría, se negó a abrirnos esa posibilidad”, explicó uno de los asistentes.  

Reforma light

La reforma del sector eléctrico en la que trabaja desde hace tiempo un grupo de colaboradores de Rodríguez Chirillo —como Mariano Palacios, asesor legal del secretario; Juan Carlos Doncel Jones, presidente de Enarsa; y el ex ministro de Infraestructura de la Alianza, Carlos Bastos, actual director de YPF en representación del Estado— pasó por diferentes versiones. La más disruptiva, que fue ampliamente resistida por los privados, preveía el traspaso de los contratos vigentes de generación de energía (PPA’s, por sus siglas en inglés) que fueron firmados con Cammesa, la compañía mixta que administra el MEM, bajo la órbita de las distribuidoras, que en líneas generales poseen una peor reputación crediticia como resultado de los años de atraso tarifario que destruyó los balances de la mayoría de las empresas del segmento.

El secretario de Energía parece haber entendido, según indicaron fuentes privadas a este medio que, si bien el objetivo de recuperar un funcionamiento de libre contractualización en el mercado eléctrico es compartido por todos los actores, las condiciones materiales que todavía existen en el sector no permiten avanzar todavía en esa dirección. Por eso, el funcionario propuso iniciar una reforma por etapas aún con plazos indefinidos.

Uno de los puntos que se planteó en el encuentro del lunes pasado es cómo poner la compra de combustibles para las centrales termoeléctricas nuevamente bajo el paraguas de los privados tras casi 20 años de intervención estatal. Es un tema intrincado porque, en el borde, si no se resuelve bien, podría terminar afectando el funcionamiento de los contratos del Plan Gas firmados por el Estado con petroleras como YPF, PAE, TotalEnergies, Pampa, Tecpetrol, CGC y Wintershall Dea, entre otros, que tienen vigencia hasta 2028.

¿Por qué?

Porque los acuerdos vigentes del Plan Gas incluyen una cláusula obligatoria de ‘tomar o pagar’ (take or pay) un 75% del volumen de gas natural nominado en los contratos. Cammesa puede asumir una cláusula de ese tipo —que en los hechos la obliga a pagar sí o sí tres cuartas partes del gas contratado por más que no lo necesite— porque compra gas en bloque para todas las centrales termoeléctricas del país. Pero si el gobierno de Javier Milei decidiera desagregar los contratos firmados por Cammesa y transferirlos a cada generadora por separado, es inviable que un privado pueda asumir un take or pay del 75% del volumen contratado. Habría que cambiar lo que está escrito y firmado con las petroleras; algo que Economía no quiere hacer porque vulnera derechos adquiridos. Ese es uno de los reparos que esgrimen las generadoras —Pampa, Central Puerto, YPF Luz, MSU Energy, AES y Albanesi, entre otros— para explicar por qué no es fácil pensar en cómo terminar con la intermediación del Estado en la compra de gas natural, gasoil y fuel oil para las centrales térmicas.

La mayor parte del gas que se produce en Vaca Muerta se vende bajo el paraguas del Plan Gas.

“Si negociáramos por separado, es probable que los privados podríamos conseguir un precio más bajo que el establecido en el Plan Gas (alrededor de US$ 3,55 por millón de BTU). Ese es otro tema que habría que resolver”, expresó un director de una empresa eléctrico.  

No es el único. Muchas generadoras cobran una remuneración para operar centrales térmicas ‘viejas’ —que no poseen un contrato PPA en dólares con Cammesa— que no es suficiente para financiar la compra del combustible que se quema en esas centrales. Para traspasar la responsabilidad de comprar combustibles para las usinas térmicas, habría que remunerar primero con un precio de la energía mucho más alto a las empresas que poseen ese tipo de máquinas ‘viejas’, algo que al menos de arranque elevaría el precio monómico (el costo real) de la energía, por lo que se requerirían más subsidios del Estado o un mayor aumento de las tarifas residenciales para contener el impacto fiscal de la medida.

Prueba de que ningún cambio en el sector eléctrico es sencillo de implementar es que la resolución 150 firmada hace dos semanas por Rodríguez Chirillo, que eliminó la potestad de Cammesa para comprar combustibles líquidos para las usinas de generación, fue criticada por las empresas del sector por su inaplicabilidad en el contexto actual e incluso cuestionada puertas adentro del gobierno.

De hecho, el vicepresidente de Cammesa, Mario Cairella, con quien el secretario de Energía ya tuvo varios encontronazos, advirtió a través de una nota enviada la semana pasada al propio Chirillo sobre la incertidumbre que provocó esa normativa. Encontrar soluciones prácticas y valiosas en un sistema económico tan deterioriado como el argentino requiere de algo más que altas dosis de dogmatismo o teoría regulatoria. La pregunta, aún abierta, es si el gobierno está al tanto de esa realidad.

, Nicolas Gandini