Schlumberger, una de las empresas de servicios petroleros más grande del mundo, no tiene planes de salir de Rusia dos años después de la invasión a Ucrania por parte de Moscú, a pesar de la presión occidental para frenar el flujo de petrodólares a Rusia.

En una reciente entrevista al Financial Times, Olivier Le Peuch, director ejecutivo de Schlumberger, dijo que la compañía no había tomado ninguna decisión sobre si seguiría a sus dos mayores rivales, Baker Hughes y Halliburton, en la venta de sus operaciones en Rusia y estaba cumpliendo sus contratos con los clientes. “Cuando decidamos, lo haremos público si es necesario. Pero ahora todavía no hay una decisión”, dijo Le Peuch cuando se le preguntó sobre los planes del grupo con sede en Houston. “El equipo de allí está operando de forma autónoma y creo que, hasta cierto punto, está detrás de la cortina. Estamos protegiendo nuestros activos, esa es nuestra prioridad. Estamos protegiendo a nuestra gente”, sostuvo.

Tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022, aumentó la presión sobre las empresas, especialmente en el sector del petróleo y el gas, para que se retiren de Rusia.
Muchas grandes empresas energéticas y de servicios petrolíferos como Exxon, Shell, BP, Baker Hughes y Halliburton, anunciaron planes para abandonar Rusia o tienen previsto hacerlo en cuanto lo permita la legislación rusa aplicable.

Schlumberger está resistiendo la presión del gobierno ucraniano y de grupos de derechos humanos para que abandone Rusia, que alegan que la presencia de la compañía en el país ayuda a generar ingresos petroleros utilizados para apoyar el esfuerzo bélico del presidente ruso Vladimir Putin. El año pasado, la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NACP) de Ucrania añadió a SLB a una lista negra de “patrocinadores internacionales de la guerra”, que forma parte de una campaña global para exponer a las empresas que hacen negocios con Rusia.

En un comunicado, SLB negó enérgicamente cualquier afirmación de que hubiera “respaldado o apoyado de alguna manera la violencia contra el pueblo de Ucrania”. Le Peuch dijo que SLB había establecido controles “para prevenir y prohibir cualquier envío y apoyo de tecnología” a Rusia desde julio, una medida que, según sugirió, degradaría, a largo plazo, la capacidad del país para desarrollar algunos de sus yacimientos petrolíferos marinos.
Desde la caída de la Unión Soviética, SLB ha construido un importante negocio en Rusia , que generó alrededor del 5 por ciento de los ingresos del grupo por 33.100 millones de dólares el año pasado y empleó a unas 9.000 personas.

Sanciones

En diciembre pasado, Estados Unidos había sancionado a más de 250 personas y entidades a las que acusa de haber facilitado la invasión rusa a Ucrania e intentar evadir las sanciones impuestas previamente a Moscú.

Se trata de una acción coordinada entre el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro estadounidenses con la finalidad de limitar “las actividades exteriores nocivas del Gobierno de la Federación Rusa” después de que los líderes del G7 reafirmaran su apoyo a Ucrania.

En aquella oportunidad el Departamento de Estado, impuso sanciones a más de 100 entidades e individuos que han fomentado la capacidad de Moscú en la guerra de Ucrania y que han reforzado la producción y exportación de energía por parte de Rusia.

Por otro lado, el Departamento del Tesoro sancionó a más de 150 personas y entidades, algunas de ellas con sede en China, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, que están relacionadas con la industria militar y el sector financiero ruso.

“Seguiremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por los crímenes de Rusia en Ucrania y a los que financian y apoyan la maquinaria bélica rusa”, señala en un comunicado el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken.

El Departamento del Tesoro especificó, por su parte, que Rusia utiliza a China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y “complejas redes transnacionales” para adquirir tecnología y equipos necesarios para la guerra.

Por eso, el Tesoro advirtió que continuará “tomando medidas para identificar y desbaratar a aquellas personas, entidades y redes de terceros países” que lo faciliten.

Como consecuencia de las sanciones estadounidenses, todos los bienes y propiedades de los implicados que se encuentren en EE.UU. quedan bloqueados y se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses tener transacciones con ellos.