El apagón masivo del 25 de febrero en Chile, que dejó sin suministro eléctrico a aproximadamente 20 millones de personas durante más de seis horas, evidenció algunas debilidades estructurales del sistema eléctrico y puso en el centro del debate la necesidad de impulsar cambios regulatorios urgentes. 

Los vertimientos renovables en ascenso, falta de reglamentaciones y normas técnicas para el almacenamiento y la situación de las redes de transmisión (incluyendo demora de decenas de obras), han sido advertidos durante años, pero no han sido abordados con la profundidad que requiere el sector.

Por lo que para Teresita Vial Villalobos, abogada y directora del Área de Energía del estudio jurídico Lembeye, estas falencias se han acumulado con el tiempo sin soluciones concretas: “Estamos en la misma situación, donde las líneas se licitan y el propietario es quien debe hacerse cargo de los permisos, lo que puede demorar años”.

A su juicio, el blackout y la falta de definición de ciertas leyes, dejó en evidencia que Chile necesita una agencia regulatoria independiente que tenga la capacidad de diseñar normativas claras y efectivas para el sector energético a largo plazo, sin depender de los ciclos políticos ni de las urgencias coyunturales.

El contexto político también juega un papel clave, ya que en 2025 Chile vivirá unas nuevas elecciones presidenciales y ello debiera ser el momento para evaluar lo hecho hasta el momento, que para la la especialista fue magro el avance en términos de proyectos de ley importantes, modificación de reglamentos y normas técnicas relevantes.

“Por ello, el 2025 finalmente será un año de hacer una nueva lista de lo que está pendiente para que los candidatos lo incluyan en sus programas de gobierno o tratar de realizarlos de forma independiente mediante una agencia regulatoria”, señaló en diálogo con Energía Estratégica.

La incertidumbre normativa afecta directamente la inversión en el sector eléctrico. Si las reglas del juego no están claras, los inversionistas y desarrolladores frenan o reducen proyectos, o mismo reevalúan sus planes de expansión hacia otros mercados, tal como han advertido diversos gremios en reiteradas oportunidades.  

Y según Teresita Vial Villalobos, el impacto de la incertidumbre regulatoria es aún mayor en períodos de cambio de gobierno, donde los inversionistas suelen esperar definiciones políticas antes de comprometer capitales a largo plazo, al ser “un año de muchos análisis y revisión de números más que de ejecución de proyectos”.

Por ese mismo motivo, la abogada y directora del Área de Energía del estudio jurídico Lembeye planteó la importancia de dividir la agenda regulatoria en acciones de corto, mediano y largo plazo. 

Entre las prioridades inmediatas, se encuentra la necesidad de una nueva ley de distribución, la transición a un mercado de ofertas, la definición de normativas claras para el almacenamiento y la resolución del problema de los precios marginales cero. 

“Mientras que por el lado de la transmisión, se requiere generar un plan especial, que no tenga que ver con la licitación de transmisión. Como por ejemplo algún proyecto de ley que facilite la tramitación ambiental de los proyectos o modificar el proceso de estudio de franjas para hacerlo efectivo. También se deben dar mejores señales de localización de los proyectos para que éstos se localicen más hacia el centro o diversificadamente, pero no solo en el norte”, sostuvo.

“Mirando a largo plazo, se requeriría una agencia regulatoria independiente que se dedique a la parte normativa y pueda resolver en mejores tiempos las propuestas de regulación necesarias, dado que en los últimos ocho años regulatoriamente no se ha avanzado en temas importantes, sino que principalmente en temas de contingencia”, concluyó. 

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