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Una de las características de la pandemia de coronavirus fue que hizo comunes los mismos debates en todos los países, en torno a las respuestas sanitarias, políticas y económicas contra el virus. Más allá de ese plano, y de la cercana relación en los temas de debate a todo nivel entre Uruguay y Argentina por las similitudes culturales, en los últimos tiempos los dos países comparten varios debates en paralelo, en torno a reformas legales que están más o menos avanzadas a cada lado del río de la Plata.

En la nación vecina está frenado en la Cámara de Diputados y por el lobby empresarial un proyecto de ley para incluir advertencias octogonales en alimentos con exceso de nutrientes críticos; mientras que en Uruguay, más allá de que la normativa –vía decreto– es de 2018, comenzó a ser obligatoria en febrero, luego de varias idas y vueltas.

El gobierno de Alberto Fernández sorprendió cuando promovió en abril un proyecto en el Congreso para modificar la ley de agrocombustibles de 2006, porque se reduce el porcentaje mínimo de mezcla, una medida contraria a los compromisos medioambientales; esto mismo plantea el gobierno uruguayo, aunque aún se negocia el proyecto dentro del Ejecutivo y podría incluir un impuesto a las emisiones.

Como un apéndice de este tema, está el debate sobre las tarifas del servicio de gas –de origen natural en Argentina y supergás en Uruguay, este último un subproducto del petróleo–, vigente constantemente en el vecino y que empezó a plantear el gobierno uruguayo.

También hay reformas legales y de infraestructura en los puertos, promovidas por los gobiernos de cada país y no exentas de polémica, lo que hace volver a escena la histórica rivalidad entre Montevideo y Buenos Aires por la carga marítima. Otro asunto siempre vigente, pero que retoma protagonismo por causas coyunturales, es el rol del Mercosur para cada economía, y si es una plataforma de impulso o un lastre.

Pasos lentos

La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable fue el resultado de unificar 15 iniciativas legislativas que había en el Congreso argentino, y se aprobó casi por unanimidad en octubre de 2020 en el Senado. Sin embargo, según consignó una investigación reciente de el DiarioAR, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa –que integra el mismo frente político que el presidente Alberto Fernández–, giró el proyecto a seis comisiones, en una maniobra que los defensores de la ley consideran dilatoria ya que lleva medio año sin avances. El lobby empresarial busca dejar de lado el proyecto y saldar el asunto con una resolución gubernamental.

Gastón Ares, docente de la Facultad de Química y coordinador del Núcleo Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República (Udelar), explicó que la intención de las empresas de regular vía decreto busca eludir “el resto de los aspectos regulatorios [de la ley], como la [prohibición de la] publicidad dirigida a niños” y la venta de alimentos etiquetados en escuelas. Además, apuestan “a su capacidad para influir en los criterios que definen” los productos alcanzados. El especialista evaluó que la ley frenada en el Congreso tiene “criterios más estrictos” que la norma uruguaya, ya que está alineada a la ley aprobada por México en 2019 y las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

¿Dónde están las diferencias? “La cantidad de productos abarcados, que deberían tener la advertencia de nutrientes, es mucho más alta” que en Uruguay, siendo a su vez las reglas locales más exigentes que las que implementó Brasil. “Donde se ve fácilmente la diferencia es en los yogures: casi ninguno tiene exceso de azúcar en Uruguay y con los límites de Argentina lo tendrían casi todos los yogures”, detalló Ares.

El tema del etiquetado también se negocia a nivel del Mercosur, en busca de algún tipo de consenso entre los socios. “Argentina va [a los ámbitos regionales] con una posición que no son los mismos límites de la ley” que está en el Congreso, sino valores tope “más parecidos a los de Uruguay”, indicó el especialista de la Udelar.

Esto muestra que en Argentina hay un Poder Ejecutivo “empujando desde su lugar” para definir el tema, mientras que hay un proyecto en el Congreso que “no es de ningún partido”, porque surgió de unificar varias propuestas. Ares consideró que la posición que finalmente tome Argentina y el resultado de esta puja sobre el etiquetado de alimentos pueden “influir” en los países de la región.

Además, señaló que en Uruguay hay controles del cumplimiento de la normativa en el LATU para nuevos productos, pero no hay noticias de fiscalización en los puntos de venta ni de empresas sancionadas.

El ambiente y los subsidios

Este jueves en Argentina la Cámara de Diputados aprobó un proyecto presentado por el legislador Máximo Kirchner, que beneficiará con una rebaja en la tarifa del gas a unos tres millones de usuarios, de las regiones con temperaturas más frías del país. El mismo día, en Uruguay y en un evento organizado por las gremiales empresariales para promover la desmonopolización de Ancap, el economista Javier de Haedo calificó de “casi kirchnerista, porque beneficia a los ricos también”, el subsidio al supergás local, consignó El País.

La discusión sobre tarifas no es nueva en Argentina, y en Uruguay, si bien permaneció vigente en general asociada al debate en torno a las empresas públicas, cobró protagonismo en la última campaña electoral. Las críticas al manejo de las anteriores autoridades y las promesas como candidato del presidente Luis Lacalle Pou pusieron el tema en escena.

Tras fracasar por diferencias en la coalición la desmonopolización de Ancap, que apoyan el mandatario y parte de su entorno, se resolvió un nuevo esquema para la fijación de tarifas, que entró a regir de forma parcial a principios de mes, y se promueven otras reformas paralelas en el mercado de combustibles. Una de esas modificaciones tiene que ver con los biocombustibles, que produce Alcoholes del Uruguay (ALUR) –subsidiaria de Ancap– y se mezclan en el proceso de producción de nafta y gasoil para bajar las emisiones.

Un acuerdo interpartidario posibilitó la ley de agrocombustibles de 2007, que buscó entre otras cosas reactivar la localidad de Bella Unión en Artigas y promover un proyecto industrial a cargo de ALUR. Esta firma hoy produce el biodiésel que se mezcla en el gasoil y el bioetanol para las naftas. La ley fijó que los agrocombustibles utilizados por Ancap deben ser de producción nacional y estableció un mínimo de mezcla de 5%, aunque la empresa en los últimos años incorporó un porcentaje mayor.

La intención del gobierno es modificar el mínimo exigido por ley para el caso del gasoil, en busca de abaratar los costos del combustible que utilizan mayormente los sectores productivos. Así lo planteó a inicios de año el Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero la presentación de un proyecto de ley se frenó para estudiar la iniciativa junto a los ministros de Medio Ambiente y Economía y Finanzas, ya que está la posibilidad de incorporar un impuesto a las emisiones.

El mismo objetivo persigue el gobierno de Fernández, que pretende reformar una ley de 2006 que estableció beneficios fiscales para la producción de biocombustibles elaborados a partir de soja, maíz y caña de azúcar. Un proyecto para extender el esquema vigente hasta 2024 quedó frenado en el Congreso porque las intenciones del Ejecutivo eran otras, y así en abril diputados oficialistas presentaron una iniciativa que reduce la mezcla de biodiésel de 10% a 5%, con la opción de bajar hasta 3%, y de 12% a 9% para el bioetanol. Según reportó la agencia de noticias Efe, el proyecto es rechazado por las cámaras empresariales porque entienden que se rompe el esquema de beneficios vigentes.

Por otra parte, en las últimas semanas tanto autoridades del gobierno como de Ancap han venido planteando lo que ocurre con el precio del supergás: está subsidiado en 350 pesos para la garrafa de 13 kilos. Ancap mostró números que estimaban que hasta abril le costó 22,8 millones de dólares el “subsidio indirecto” al supergás y sin cambios en el precio –esta semana aumentó 12%– llegaría en el año a 99 millones de dólares.

El supergás es un derivado del petróleo que Ancap procesa en la refinería, y plantea que los costos de ese proceso son superiores a lo que termina recibiendo. Esa brecha es histórica, pero “crece a un ritmo insostenible”, según marcó Ancap en su última presentación de resultados. Lo que se pretende, lo explicó en abril en una entrevista con la diaria el ministro de Industria, Omar Paganini: “Hoy es un producto que está subsidiado para cualquiera que lo consuma, va mucho más allá del objetivo inicial de ayudar a que las familias accedieran a un energético barato si tienen necesidad. Entonces el punto es cómo lograr un esquema más sano de subsidios, donde se subsidie a quien se quiere y no a quien lo puede pagar”. Ese es el objetivo del gobierno, aunque no se lo piensa como una reforma inmediata.

En Argentina, hay un complejo esquema de subsidios en torno al gas, que implica que entre 40% y 60% del precio lo asume el Estado. Suele haber constantes debates políticos acerca del costo que esto significa y la posibilidad de reformas. Según reportó la prensa argentina, el ministro de Economía, Martín Guzmán, es partidario de empezar cambios de forma gradual en los subsidios, pero choca con sectores kirchneristas que no avalan la reforma.

La histórica rivalidad entre puertos

Una de las disputas más importantes entre los principales puertos de Uruguay y Argentina es por captar la carga paraguaya. A raíz de medidas proteccionistas del vecino, la terminal de Montevideo se había beneficiado y alcanzó en 2017 su pico de trasbordos, pero a finales de aquel año hubo demoras en el despacho de contenedores. Ese inconveniente, en conjunto con cambios en la política portuaria argentina, volvió todo a la situación original, con una predominancia del puerto de Buenos Aires para sacar la carga paraguaya.

Así las cosas, los gobiernos de cada país están ejecutando cambios en el puerto, tanto en el plano legal y de concesiones como en obras de infraestructura, que buscan ganar actividad en detrimento del vecino. Pero además mantienen un diferendo bilateral por la autorización del dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo.

Esto corre en paralelo a la intención de Argentina de dejar activo –dragado y balizado– el canal Magdalena, idea que retomó con impulso el gobierno de Fernández. De concretarse, será una nueva ruta marítima de acceso a los puertos argentinos –en agregado al canal Punta Indio, binacional y utilizado hoy día–, que puede perjudicar a Uruguay ya que por el recorrido los barcos para llegar o salir de Buenos Aires no deben pasar por la terminal local.

En abril fuentes portuarias de Argentina informaron a la diaria que se pretende hacer el llamado internacional a interesados en realizar la obra del canal Magdalena en setiembre. Se prevé que el canal quedaría operativo para 2024 y años atrás, cuando se abrió un llamado que luego no prosperó, se estimó el costo de la obra en 350 millones de dólares.

En Uruguay las autoridades acordaron a principios de año la extensión hasta 2081, por 50 años más, de la terminal especializada del puerto de Montevideo con la firma belga Katoen Natie. A cambio la compañía acordó invertir 460 millones de dólares, dejó sin efecto el proceso hacia una demanda internacional y, ligado a esto, el gobierno hizo una modificación normativa que genera polémica, porque actores portuarios denuncian que se consagra un monopolio al dar prioridad a la terminal especializada para el despacho de carga.

Sin consenso sobre el Mercosur

El presidente uruguayo planteó desde que asumió que buscaría una flexibilización normativa del Mercosur, algo ya promovido sin éxito por anteriores gobiernos. Lo que pretende Uruguay es poder negociar con otros países o bloques, sin necesidad de que esto sea dentro de un acuerdo comercial de todo el Mercosur. La estrategia del gobierno fue presentar una propuesta en abril y apostar a la negociación, aunque las últimas noticias reafirman las posiciones a la interna del bloque: Uruguay y Brasil alineados, impulsando la flexibilización, mientras que Argentina y Paraguay no ven con buenos ojos la iniciativa.

Las resoluciones son por consenso y de momento no se vislumbra un acuerdo. –No compartimos la posición de que cada país inicie negociaciones de manera individual–, dijo este viernes el secretario de Relaciones Económicas de Argentina, Jorge Neme.

El especialista Ignacio Bartesaghi –director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica– evaluó que “las visiones entre los miembros [del Mercosur] están muy divididas”. En un artículo publicado en su blog esta semana, sostuvo: “El gobierno argentino hace una lectura muy distinta del Mercosur actual, pero especialmente del futuro del bloque. Se sigue arraigando a un Mercosur de antaño que no condice con la realidad. De hecho, cuando se habla sobre los avances del bloque se pondera lo político e institucional sobre lo económico y comercial, además de lo bilateral frente a la necesidad de abrirse al mundo”.

Para Bartesaghi, falta autocrítica: “Se está muy lejos de reconocer [por parte de Argentina] que integramos un bloque que no ha logrado reaccionar adecuadamente frente a las tendencias internacionales, actuando como un ‘lastre’ para aquellas economías que por sus características productivas pueden acelerar su proceso de inserción externa”.

Una visión con semejanzas había aportado desde Argentina, en diálogo con la diaria, Federico Vaccarezza, licenciado en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda. A su entender, la “tensión” en el Mercosur surge porque con excepción de Argentina los demás países ya dieron los debates internos sobre la inserción en el mundo. “Brasil, Paraguay y Uruguay ya llegaron a consensos internos sobre qué rol quieren jugar en la economía mundial, lo que implica aspectos productivos y de la política industrial. En Argentina esa cuestión no está decidida, y vuelve a surgir recurrentemente en tensiones políticas internas”, expresó Vaccarezza.