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Tarifas de luz y gas: la Argentina vivió en emergencia energética en 20 de los últimos 35 años

Luego de 32 años, las empresas que transportan el gas natural comenzaron el proceso para pedir que se les prorrogue la concesión que vence en diciembre de 2027. Durante sus presentaciones en la audiencia pública que se llevó adelante hoy, hicieron hincapié en que, durante 20 años, los servicios energéticos estuvieron intervenidos debido a la declaración de la de emergencia energética. Esto habilitó que haya congelamientos tarifarios y, a su vez, generó una freno de las inversiones que impidió que el sistema de gasoducto se expanda según el crecimiento poblacional.

“En los últimos 32 años, las empresas de distribución realizaron inversiones por más de US$3700 millones, que podrían haber sido superiores con un sistema tarifario acorde a los principios del marco regulatorio de la actividad”, dijo Daniel Martini, titular de Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas).

Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS) nacieron de la privatización de Gas del Estado, el 28 de diciembre de 1992. Los accionistas recibieron la concesión del servicio por 35 años, que vence en 2027. Según la reglamentación original, ambas compañías tenían derecho a una prórroga de 10 años si cumplían con los términos de seguridad y confiabilidad, que se amplió a 20 años tras la sanción de la ley de Bases, aprobada durante el actual gobierno de Javier Milei.

Guillermo Aníbal Cánovas, de TGN, explicó que durante los primeros años de concesión, mientras el marco regulatorio se cumplió, hasta 2001, la capacidad de transporte creció 133%, lo que implicó un crecimiento promedio de 10% anual acumulativo. “Esto fue posible gracias a que el Estado argentino cumplió durante aquellos primeros años con el contrato de licencia y los niveles tarifarios vigentes permitieron tales niveles de inversión”, dijo el representante de la transportadora.

Sin embargo, señaló que a partir de la ley de emergencia de 2001 y el congelamiento tarifario que se prolongó durante los siguientes 15 años, “la capacidad de inversión de la compañía se fue deteriorando”. Durante ese periodo, el crecimiento de la capacidad de transporte de TGN fue del 13%, un incremento menor del 1% promedio anual y se concretó bajo el esquema de fideicomisos organizado por el Estado.

“Con la recomposición de 2017, TGN pudo recuperar cierta capacidad de inversión, para acompañar la capacidad de mantenimiento. Entre 2017 y 2019, se invirtieron US$67 millones por año, pero en 2019, la tarifa volvió a congelarse y hubo un nuevo periodo de transición tarifario que continúa hasta hoy, con tarifas muy retrasadas”, dijo Cánovas.

La ley 24.076 que regula el servicio público de gas, reglamentada en 1992, establecía también hacer una revisión tarifaria integral (RTI) cada cinco años. Se trata de un mecanismo que determina las inversiones que tienen que hacer las empresas, por un lado, y se establece el mecanismo de ajuste de las tarifas que el Estado tiene que cumplir. Es decir, se busca darle previsibilidad a las empresas y a los usuarios acerca de cómo serán los aumentos (qué fórmula se diseñará para hacer los ajustes) y con qué frecuencia se aplicarán.

Sin embargo, solo se implementó en dos ocasiones y nunca se cumplió. Es decir, en 32 años, jamás se llevó adelante. La primera vez se interrumpió luego de la crisis de 2001 y la segunda vez, durante los últimos años de gobierno de Mauricio Macri y los primeros de Alberto Fernández, tras la crisis cambiaria desatada y la consecuente aceleración inflacionaria.

“A lo largo de más de 20 años, las licenciatarias debieron operar sin la vigencia del marco legal tarifario. Los cambios en las reglas de juego y los congelamientos de tarifas afectaron la normal gestión del servicio público. Las inversiones se redujeron y la expansión del servicio se vio limitada”, dijo Martini, titular de la cámara de distribuidoras de gas.

Es que desde 2001 a la fecha, debido a las crisis económicas recurrentes, los aumentos tarifarios siempre fueron discrecionales, según las necesidades políticas de los gobiernos de turno. Pese a esta situación, TGN y TGS pidieron 20 años más de concesión.

“La prórroga de la licencia es condición necesaria para retomar el rumbo de expansión que hará posible no solo atender el crecimiento de la demanda local, incluyendo el abastecimiento de la industria del litio en el noroeste argentino, y reemplazar el GNL y combustibles líquidos por origen nacional, sino llevar el gas de Vaca Muerta a Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia”, dijo TGN.

Rubén Oscar de Muria, de TGS, en tanto, indicó que el 8 de septiembre de 2023 se pidió la prórroga de la licencia por 10 años y, el 15 de julio pasado, luego de la aprobación de la ley de Bases, se hizo el pedido de ampliación por 20 años.

Accionistas de TGN y TGS

TGS hoy es controlada por la sociedad Compañía de Inversiones de Energía (Ciesa), que tiene el 51% del total del capital social. Esta empresa, a su vez, está repartida en un 51% de acciones por parte de Pampa Energía, la empresa fundada por Marcelo Mindlin, y en un 27,1% por la familia Sielecki (fundadores del laboratorio Phoenix). El resto de las acciones de Ciesa están en manos del brasileño Grupo Safra (22,9%), que en Buenos Aires está construyendo un edificio de oficinas en microcentro, bajo el diseño del arquitecto inglés Norman Foster.

El resto del 49% de las acciones de TGS se reparten en un 24% en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses; un 20% cotiza en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE), y el 5% restante son acciones propias de TGS en cartera.

TGN, por su parte, tiene como accionista controlante en un 56% a Gasinvest, una sociedad conformada en partes iguales (50%) por Tecpetrol, la empresa del grupo Techint, y por Compañía General de Combustibles (CGC), de la familia Eurnekian.

La empresa que preside Hugo Eurnekian está buscando vender su participación con el objetivo de potenciar otros proyectos. El resto del paquete accionario de TGN está compuesto en un 24% por el fondo Southern Cone Energy Holding y 20% cotiza en BYMA.

 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/tarifas-de-luz-y-gas-la-argentina-vivio-en-emergencia-energetica-en-20-de-los-ultimos-35-anos-nid21102024/

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Alberto Fernández: “Buscamos mejorar la capacidad productiva de la Argentina”

El Gobierno reafirmó su compromiso de darle “el máximo impulso a la actividad petrolera y gasífera”, al anunciar el envío al Congreso Nacional de un proyecto para “promover el desarrollo regional, garantizar el autoabastecimiento, dar previsibilidad a la industria y aumentar el ingreso de divisas”.

“Tenemos que poner el máximo impulso a la actividad petrolera y gasífera”, convocó el Presidente al presentar el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, con el que el Gobierno “busca dar previsibilidad a la industria con un esquema de incentivos para el sector del gas y el petróleo durante los próximos 20 años”.

Además, el jefe de Estado hizo hincapié en que la iniciativa tiene el “rasgo distintivo” de haber sido elaborada con el aporte de “todos los sectores” y, de esa forma, se alcanzó una propuesta “más fructífera y conveniente”.

La iniciativa va en un sentido muy claro: tratar de mejorar la capacidad productiva que la Argentina necesita en hidrocarburos y gas, “preservando el acuerdo social y la sustentabilidad ambiental”, puntualizó Fernández en la presentación realizada en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.El acompañamiento al proyecto quedó reflejado con la participación en el acto del presidente de Shell, Sean Rooney; y de los titulares de la UIA, Daniel Funes de Rioja; de la Asociación de empresas distribuidoras de gas en la Argentina (Adigas), Rubén Vázquez; y del secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra.

También fueron parte los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires, Mariano Arcioni, de Chubut; Arabela Carreras, de Río Negro; Omar Gutiérrez, de Neuquén; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Gustavo Sáenz, de Salta; y Gildo Insfrán, de Formosa, que integran el grupo de provincias productoras de petróleo.El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el titular de YPF, Pablo González, asistieron también a la presentación, al igual que empresarios privados del sector, como Marcos Bulgheroni y Hugo Eurnekian.

“Es una ley construida entre todos, el Estado, los privados y los sectores del trabajo”, destacó el mandatario, quien estuvo acompañado por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez.

Insistió con que se trata de una “ambición muy grande”, que apunta a que la Argentina “produzca en exceso, exporte los excedentes e ingresen los dólares”, en un momento en el que le hace “mucha falta” el ingreso de divisas estaodunidenses.“Para eso hemos decidió dar certeza para que nadie ande a ciegas viendo cómo puede cambiar esto en los próximos meses o años. Es un plan que prevé 20 años de estabilidad en materia fiscal”, remarcó el Jefe de Estado quien valoró las políticas como la de GasAR para impulsar al sector.

“Con esta vocación estamos presentado esta ley, con todos los actores: los gobernadores, como Gerardo Morales que veo en pantalla (siguió el acto en forma virtual), todos unidos en un trabajo común más allá de las diferencias políticas; los empresarios, los que trabajan en el sector y el Estado”, reflexionó Fernández y señaló que “esa es la mejor forma de ir consolidando firmeza en los proyectos” que son encarados.Por su parte, el ministro Guzmán explicó que el texto del proyecto busca hacer la producción de hidrocarburos “sostenible desde lo macroeconómico, desde lo social y desde lo ambiental” para “seguir construyendo una economía, una Argentina con más oportunidades, con más producción, con más trabajo, con menos angustias y con más previsibilidad para todos los sectores”.

El secretario Martínez detalló que los objetivos del proyecto son “lograr incrementar la producción de hidrocarburos, asegurar la soberanía energética, resolver el consumo interno, pero también generar saldos exportables y, de esta manera, conseguir divisas que fortalezcan el Banco Central, todo eso atravesado por un valor agregado nacional creciente que genere más trabajo e industria”.

El proyecto de ley, que será enviado esta semana al Congreso, tiene una perspectiva federal, con especial atención en las especificidades de cada una de las regiones, y busca resolver los desafíos del sector, generando incentivos que impulsen la inversión sin descuidar el frente fiscal, se explicó oficialmente.

La iniciativa pretende la promoción de “todas las actividades que directa o indirectamente están relacionadas con la industria hidrocarburífera: exploración y producción mediante técnicas de extracción convencional y no convencional, transporte, compresión, separación, tratamiento, almacenaje y la industrialización de los hidrocarburos y sus derivados a través de procesos que los utilicen como materia prima, incluyendo la petroquímica, la producción de fertilizantes, la licuefacción de gas natural y la refinación de combustibles”.

Durante la presentación del proyecto, que se desarrolló en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, estuvieron presentes representantes de sindicatos, empresas, organizaciones de PyMEs y legisladores.

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202109/568623-fernandez-presenta-proyecto-de-ley-promocion-de-inversiones-hidrocarburiferas.html

 

 

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Aumentan la electricidad para comercios y empresas grandes y el gas para los hogares

Fondo fiduciario
Por Resolución 748/2021 y a partir del próximo mes, las tarifas de gas subirán entre $6 y $8, ya que el Gobierno reglamentó la reciente ley aprobada de Ampliación del Régimen de Zona Fría, que extiende el subsidio de 850.000 usuarios a 4 millones de personas.

Para financiar este incremento, se aumentó de 4,46% al 5,44% el recargo que se cobra sobre el precio de gas en boca de pozo y que tiene como fin nutrir el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (el Fondo Fiduciario). Esto lo aplica para todo los Consumidores Industriales de Gas Natural!

“La normativa otorga descuentos del 30% en cuadros tarifarios del servicio público de gas por redes para cerca de 2,8 millones de usuarias y usuarios residenciales, mientras que del 50% para unos 374.000 con criterios socioeconómicos establecidos. Previo a esta ampliación, los beneficiarios totalizaban 850.000, todos con descuentos del 50%, restringidos exclusivamente a la Patagonia, La Puna y Malargüe (departamento de Mendoza). Es decir, pasamos de 850.000 a aproximadamente 4 millones, abarcando 15 provincias y 231 departamentos. Hablamos de un beneficio para casi 13 millones de personas, equivalente a un 28% de la población”, había explicado semanas atrás Federico Bernal, interventor en el Enargas.

Tambien La Secretaría de Energía autorizó una suba de 24%, retroactiva al comienzo de este mes, en las tarifas de generación eléctrica para los grandes comercios e industrias, que podría implicar un alza final de entre 16% y 19% (las tarifas incluyen otros segmentos, como transporte y distribución, que no tienen variación).

En los próximos meses, estas empresas y pymes podrían trasladar el aumento de costos a los precios finales. El incremento afecta a alrededor de 4000 grandes usuarios de energía (GUDI), entre los que se encuentran automotrices, plantas industriales y complejos comerciales. Para los hogares, pequeños comercios y grandes usuarios públicos de salud y educación no habrá subas.
Preocupado por el aumento de los subsidios a la energía, el Gobierno decidió autorizar el ajuste del precio estacional de la electricidad, que fija la Secretaría de Energía cada tres meses y tiene alcance nacional.
En concreto, el precio del MWH pasará de $5489 a $6813. También se adecuó en un 30% el precio spot que beneficia a las provincias con generación hidroeléctrica y se avanzó en la armonización del cuadro tarifario de Tierra del Fuego, según señalaron fuentes oficiales.

En febrero pasado ya hubo un incremento de tarifas, que tenía como fin ahorrar alrededor de $35.000 millones. Se trata de los grandes usuarios de electricidad que demandan más de 300 Kw. Estos consumidores tienen dos alternativas para comprar energía: la gran mayoría lo hace en forma directa a Cammesa, la compañía con control estatal encargada de los despachos, y el 10% lo hace de forma indirecta a través de las empresas distribuidoras (Edenor, Edesur y Edelap, por ejemplo).

Hasta febrero, los usuarios que compraban la energía a través de una distribuidora tenían un subsidio de alrededor del 50% que el Gobierno quitó. Eso implicó un aumento de entre 50% y 70% en las tarifas.

El incremento a comercios e industrias se da luego de que el Gobierno difundiera mensajes de propaganda que dicen: “Vos sabés que frenamos la suba de las tarifas de servicios públicos”.
Para los usuarios residenciales del área metropolitana de Buenos Aires, la última actualización de tarifas fue de 9% en mayo pasado, luego de estar casi dos años congeladas, con una inflación acumulada superior al 60%. En el interior del país, donde las tarifas de luz tienen jurisdicción provincial, los aumentos llegaron a ser de hasta 35%. Solo las tarifas de Edenor y Edesur son reguladas por el Estado Nacional.
Los analistas energéticos ven con preocupación el aumento en subsidios a la electricidad. De hecho, solo la semana pasada, el Gobierno autorizó un incremento de $90.000 millones en el presupuesto para destinarle mayores transferencias a Cammesa. También aumentaron $28.075 millones el dinero destinado a programas de estímulo a la producción de gas.
Cuando el Gobierno asumió en diciembre de 2019, el usuario residencial promedio pagaba el 55% de lo que costaba producir la electricidad. Más de un año y medio después, el usuario residencial cubre  solo el 29% del costo de electricidad. Los grandes usuarios y comercios, por su parte, pagan el costo pleno de la electricidad.
Este invierno, el costo de la generación eléctrica se disparó a $8252 el MWH (US$85), el doble de los $4508 que costó la energía en el mismo mes de 2020. Esto está explicado en parte por la caída de 34% de la generación hidroeléctrica (producto de la sequía), que es más económica. Además, si bien el Gobierno lanzó a fines del año pasado el Plan Gas, la puesta en marcha del programa de estímulo llegó tarde para los meses más fríos del año y no evitó la declinación en la producción, como era el objetivo. Por lo tanto, por la menor disponibilidad de gas local, el Gobierno debió aumentar las importaciones de combustibles líquidos, que son más caros.
Según proyecciones privadas, los subsidios a la energía finalizarán este año en US$8400 millones, un incremento de 34% con relación a los US$6259 millones de 2020. Estas transferencias se cubren o con más emisión monetaria, más deuda o más impuestos.

 

 

Fuente:  https://edicionimpresa.lanacion.com.ar/la-nacion/20210811/281801402024127

 

 

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Si se mantiene el ritmo actual hasta 2023, el gasto en subsidios a las tarifas alcanzará a más de la mitad de la deuda con el FMI

El gasto en el congelamiento de las boletas de luz y gas aumentó casi 50% en dólares en el último año y acumularía unos USD 25.000 millones en los próximos años. Una decisión difícil de defender para Guzmán a la hora de sentarse a negociar con el Fondo la prórroga de los vencimientos por 10 años

Detrás de la crisis política desatada en torno al pedido de renuncia del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, a instancias del ministro de Economía, Martín Guzmán, se esconde una cuenta bastante sencilla que echa luz sobre su insistencia en lograr al menos un aumento de dos dígitos en la actualización de las tarifas energéticas. Al ritmo al que está aumentando el gasto en subsidios en el último año, el Gobierno gastaría el equivalente a más de la mitad de la deuda que la Argentina le tiene que pagar al FMI en los próximos tres años. Es decir, hasta el final del mandato de Alberto Fernández y, eventualmente (aunque improbablemente), del propio Guzmán.

Este cálculo no pasa inadvertido en el Palacio de Hacienda y tampoco, obviamente, en las proyecciones del propio FMI, que reclama un plan de ajuste fiscal y monetario imposible de realizar sin recortar subsidios. Ese plan, insistió una y otra vez Guzmán, es el Presupuesto 2021 según el cual los subsidios no incrementan su participación en el PBI y las tarifas aumentan en línea con la inflación. Pero no es eso lo que está sucediendo.

El gasto en subsidios no sólo se duplicó en pesos durante el primer trimestre del año respecto a 2020 sino que creció en los últimos doce meses a un ritmo de 48,6% medido en dólares. Así, el gasto anual trepa, por ahora, a unos USD 7.000 millones, sin contar costos adicionales que generaría con el correr de los meses el atraso tarifario.

“En los últimos doce meses se acumularon USD 6.695 millones de dólares en subsidios energéticos, el 73% es para energía eléctrica: para cubrir la brecha entre el costo de generación y lo que pagan las distribuidoras. Esa brecha aumenta todo el tiempo porque lo que paga la demanda está congelado, pero los costos de generación van creciendo”, explicó Julián Rojo, economista del Instituto Argentino de Energía General Mosconi. Agregó que a ese monto hay que sumarle costos no contemplados el año pasado como el gasto para pagar a las petroleras lo acordado en el Plan Gas 4, que todavía no empezó a saldarse, y el gasto de importar más Gas Natural licuado (GNL) por barco y de Bolivia por gasoducto.

“En ambos casos, el Estado cubre la brecha entre precio de importación y lo que paga la demanda”, acotó Rojo, quien también suma a la boleta el costo de importar gasoil, ante la ausencia de gas natural por poca producción, para abastecer a centrales térmicas que generan energía eléctrica.

Se trata, a grandes rasgos, del mismo combo que llevó a un gasto de unos USD 15.000 millones en subsidios a las tarifas en 2015, último año del mandato de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ahora se opone a un aumento mayor al 9% ya en vigencia. Así, hasta 2023, período en el se concentra el grueso de los vencimientos con el Fondo Monetario por la deuda de los USD 44.000 millones, el Gobierno gastaría unos USD 25.000 millones. Para Guzmán, una decisión difícil de defender a hora de sentarse a renegociar ese acuerdo para extender los pagos durante 10 o 20 años que pide la ex presidenta.

Claro que, en el contexto de crisis económica extrema en plena pandemia, los economistas reconocen la dificultad de incrementar tarifas, particularmente en un año electoral. Ese es, precisamente, el punto sobre el que Guzmán fundamenta la necesidad de segmentar las tarifas, la inconclusa tarea asignada a Basualdo. Gastar en subsidios a los que lo necesitan.

“Los subsidios a la energía son mayormente progresivos pero a la vez, pro-ricos. Es decir, impactan más en los sectores pobres en relación a su ingreso pero benefician más a los ricos en términos absolutos del monto total de pesos gastados en el subsidio”, explicó el economista del CEDLAS, Leonardo Tornarolli. De esta manera, el mayor costo fiscal se destina a segmentos de la población que podría afrontar un ajuste de tarifas que contribuya a recortar los subsidios que, en el plan original de Economía, se mantenía para el 20% de los usuarios. “El mensaje general es que en términos distributivos, los subsidios son malos. Pero más preciso es decir que distributivamente los subsidios a los servicios no son tan buenos y que deberíamos exigirle algo más que progresividad”, consideró Tornarolli.

 

 

Fuente:https://www.infobae.com/economia/2021/05/04/si-se-mantiene-el-ritmo-actual-hasta-2023-el-gasto-en-subsidios-a-las-tarifas-alcanzara-a-mas-de-la-mitad-de-la-deuda-con-el-fmi/?outputType=amp-type

 

 

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Respuesta al portal web Econojournal (ECOJO) sobre el ENARGAS y el desbalance de Semana Santa

A los fines de proseguir y profundizar el compromiso del Organismo de proteger los derechos de los usuarios y las usuarias -objetivo primordial del ENARGAS para la regulación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural (Artículo 2° de la Ley N° 24.076),  a la vez que por expresa instrucción del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, pasamos a responder, las críticas y opiniones vertidas por el portal periodístico Econojournal (en adelante, ECOJO) en nota publicada el 11 de abril de 2020 y titulada “¿Qué hay detrás de la reacción del Enargas tras la caída de presión en el sistema de gas?”.

Nuestra respuesta no obedece a otro objetivo que no sea el de contribuir y promover el acceso de la ciudadanía, usuarios y usuarias en particular, así como de los actores privados de esta industria a la información adecuada y veraz, entendiendo que ese acceso no solo se limita a la elaboración y divulgación de información nueva, sino a velar por la calidad de la existente, lo cual implica, toda vez que así lo merezca, poner de manifiesto y desarticular eventuales fake news y/o corregir errores o incorrecciones de interpretación en lo concerniente a las normas técnicas y jurídicas de los servicios públicos regulados por este Organismo.

A continuación, los pasajes de la nota que ameritan, en tal orden y criterio, responderse.

ECOJO: “… la semana pasada se realizaron, en simultáneo, tres paradas de mantenimiento en grandes yacimientos de gas del país: Alfa y Magallanes (Enap Sipetrol), en la cuenca Austral; y Fortín de Piedra (Tecpetrol), en la cuenca Neuquina… El Enargas es el organismo encargado de controlar, junto con las transportistas TGN y TGS, los problemas en el sistema de gasoductos. Por los tres mantenimientos se perdió una oferta de más de 10 MMm3/día de gas”.

Horas antes de la publicación de la referida nota, su autor envió a este Interventor una serie de consultas por WhatsApp entre las que figuraba la siguiente, en línea con lo que finalmente fue publicado: “¿Por qué el Enargas autorizó el mantenimiento en simultáneo en tres yacimientos (Alfa, Magallanes y Fortín)?”. Resulta manifiesta, desde entonces, la clara intencionalidad de responsabilizar al ENARGAS por las paradas de mantenimiento en los yacimientos citados y que efectivamente ocurrieron.

Aclarado aquello, conviene recordar que el ENARGAS no puede ni debe tomar medida alguna en relación con la actividad de producción de gas natural porque no tiene competencia en ese sector (Ley N° 24.076, Artículo 1). Por lo tanto, este Ente Regulador no autoriza ni desautoriza mantenimientos en instalaciones de los productores. Este concepto es vital ya que confundir y transmitir algo distinto a ello implica no solo el desconocimiento de la ley, que por otro lado tiene casi tres décadas de vida, sino y más grave aún, provocar indeseados efectos colaterales. Solo a modo enunciativo, podríamos listar la desinformación para posibles futuros inversores de producción de gas natural en la Argentina, desincentivando decisiones de negocio. Este hecho, por cierto, debería llamar la atención de las autoridades del portal, desde que se encuentra financiado por sujetos de la industria, según surge de su página web (pública).

Sigamos ahora con algo todavía más básico, aunque lamentablemente desconocido por ECOJO. Ocurre que el sector de la producción de gas natural o upstream no es regulado por el ENARGAS, sino que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Energía de la Nación.

El ENARGAS regula exclusivamente la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes, sirve leer el citado primer artículo de la Ley N° 24.076, pudiendo incluir otras actividades que no vienen al caso y específicamente no son de las que se ha tratado la nota que aquí se responde.

Cabe recordar que los mantenimientos expuestos como  extraños o novedosos en el período estival son normales y habituales, ya que se realizan de cara al inicio del periodo invernal regulatorio a fin de no afectar la demanda estacional del mismo, principalmente la prioritaria (residencial, hospitales, escuelas, etc.). Asimismo, vale destacar que, por el contexto de pandemia, muchos mantenimientos previstos durante el 2020 fueron reprogramados.

Por último, y en cuanto a la posibilidad de ocurrencia de mermas de inyección de gas natural por efecto de mantenimientos en el sector de producción (no regulado), las mismas son informadas por los proveedores a sus clientes a fin de que puedan planificar dicha situación; lo que es normal y habitual en la industria.

ECOJO: “La semana pasada, una de las mayores comercializadoras del mercado tomó del sistema y vendió a sus clientes industriales 18 millones de metros cúbicos (MMm3) más de lo que efectivamente tenía respaldado por contrato… Se podría haber atacado el problema en un comité de emergencia, a fin de corregir el desbalance mediante la inyección de gas de algún productor, pero el ente regulador evitó esa instancia formal”.

En primer lugar, se le atribuye al ENARGAS haber evitado la instancia formal de conformación de un comité de emergencia. Eso no solo es una palmaria incorrección, sino que es mentira, por lo que desde ahora se le exige públicamente al autor y a la editorial denominada “Econojournal” (textual) que presente las pruebas que demuestren ese supuesto accionar del ENARGAS, o bien, de quien está al frente del mismo que refrenden lo manifestado, lo que deberá ser probado documentadamente.

Resulta necesario recordarle, para evitar otra manifestación errónea, que el Procedimiento para la conformación del Comité Ejecutivo de Emergencia (CEE) se estableció mediante Resolución ENARGAS N° 59/18 a los fines de disponer las medidas no limitativas y los criterios a ser adoptados en situaciones de crisis de abastecimiento de la demanda prioritaria, y según los criterios de razonabilidad, transparencia, no discriminación y de confiabilidad del servicio público previstos en la normativa vigente. En consecuencia, el CEE actuará solamente ante emergencias operativas declaradas que puedan afectar al normal abastecimiento de dicha demanda prioritaria.

Previo a ello, podrá ser declarado el Estado de Pre-Emergencia por una Prestadora del Servicio de Distribución, cuando prevea que, para un día operativo determinado, pueda no satisfacer su demanda prioritaria en el área de servicio bajo su responsabilidad. Asimismo, dicho estado podrá ser declarado por una licenciataria de transporte, cuando prevea que, por un desvío en las inyecciones previstas en los puntos de recepción y/o de entrega, su sistema pueda entrar a un escenario de emergencia, poniendo en riesgo el abastecimiento de la demanda prioritaria de una o más prestadoras.

A tal efecto, la prestadora o transportista, según sea el caso, deberá comunicar vía correo electrónico a todos los sujetos activos de la industria de gas natural que considere necesarios, y a aquéllos que se encuentren directamente involucrados en el Estado de Pre-Emergencia, como así también, al ENARGAS y a la Subsecretaría de Hidrocarburos, detallando las causas por las cuales dicho Estado es declarado.

En segundo lugar, y que el periodista extrañamente omite, el ENARGAS actuó conforme dicta la normativa una vez enterado del desbalance. Cabe agregar, que la pérdida del linepack fue originada precisamente por un faltante de gas, hecho por el cual no se podría haber corregido con una mayor inyección de gas -como se supone desde ECOJO- pues lo que faltaba era gas físico para inyectar.

Ahora bien, llegado a este punto, vamos a explicarle al autor de la nota y a la ciudadanía en general el rol que compete al ENARGAS frente a sucesos de esta naturaleza. Para ello, traemos a colación la consulta que el periodista formuló a este Interventor horas antes de publicada la nota -como también hiciera con el tema analizado más arriba- y que permite mensurar su preocupante nivel de desconocimiento en la materia: “¿Por qué no se actuó antes [el ENARGAS] frente al desbalance generado por Albanesi? Varias petroleras dicen que se dejó que Albanesi se desbalancee en 18 MMm3/día cuando se podría haber atajado antes el problema”.

El ENARGAS, autoridad de aplicación de la Ley N° 24.076, se encuentra facultado para dictar normas y reglamentos de cumplimiento obligatorio por los sujetos regulados (Artículo 52 y 21 de la citada ley, su reglamentación, concordantes y complementarios).

Los desbalances de los Cargadores están normados, en lo que interesa a esta explicación, que no pretende ser un tratado de regulación, pero sí de aclaraciones sobre regulación, en las Pautas de Despacho establecidas por la Resolución ENARGAS 124/18 (T.O. 2018 – Reglamento Interno de los Centros de Despacho). El control de dichos desbalances se realiza de forma diaria por las operadoras del sistema de transporte, velando por el cumplimiento de la norma.

Por lo tanto, no pueden existir acciones anticipadas del ENARGAS, sencillamente porque no lo permite la normativa. En consecuencia, no se lo puede culpabilizar de “retrasar” o no “actuar antes” de cara a aplicar una eventual solución. Las normas vigentes deben ser acatadas y cumplidas en todo momento, sin requerimiento o instrucción particular alguna.

A propósito, y en estricto cumplimiento de la norma, las transportistas cursaron reiteradas comunicaciones a ese Cargador informando de la situación y solicitando corregir a la brevedad los desbalances. Asimismo, con fecha del 31 de marzo de 2021, ambas transportistas notificaron, con copia a este Organismo, la aplicación de penalidades conforme la normativa vigente, por los desbalances incurridos por el Cargador en cumplimiento con el régimen de penalidades establecido en las Pautas de Despacho. Independientemente de ello, el ENARGAS cursó al Cargador una nota con copia a la Secretaría de Energía intimándolo a que tome todas las medidas pertinentes para llevar su desbalance acumulado, dentro de las tolerancias admitidas, a cero (0) en el menor tiempo posible.

En fin, y como es de observar, el ENARGAS actuó conforme sus competencias, a norma y correctamente en todo momento. El resultado fue que el sistema pasó a operar dentro de los parámetros normales, con fluctuaciones de linepack normalizadas, situación que se mantiene al día de la fecha sin cortes de suministro en ninguno de los segmentos de la demanda.

A modo de cierre, la nota de ECOJO, repleta de gruesos errores jurídicos, regulatorios y técnicos sobre la Ley N° 24.076 y normas concordantes, no solo critica la propuesta de creación del Comité de Operación – Oferta y Demanda de Gas Natural, que busca fundar un ámbito de trabajo conjunto y colaborativo interadministrativo para prevenir y corregir coyunturas de cara a los meses de invierno, sino que atribuye al ENARGAS no haberla creado antes, cuando ni es su responsabilidad normativa ni por supuesto se opuso jamás a hacerlo. La convocatoria a esa mesa de trabajo ocurrió por primera vez en lo que va del año gracias a la propuesta de este Organismo, hecho que felizmente condujo a la Secretaría de Energía a llamar a un encuentro sobre el particular el próximo miércoles.

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Proyecto de desdolarización: segmentación de tarifas y posible pesificación de contratos de generación eléctrica

El borrador sobre el que trabaja el gobierno prevé la pesificación de PPA’s firmados por Cammesa para ampliar el parque de generación eléctrica. La decisión, que aún está en estudio, contraería un fuerte cimbronazo en el sector. El proyecto de Ley define los criterios para avanzar sobre la segmentación de las tarifas residenciales de gas y electricidad.

El presidente Alberto Fernández aseguró en la Asamblea Legislativa que enviará al Congreso un proyecto de ley para “desdolarizar” las tarifas, aunque sin dar mayores precisiones. EconoJournal consultó a diversas fuentes oficiales y confirmó que puertas adentro del gobierno circula un borrador que contempla la pesificación de contratos eléctricos firmados especialmente durante la presidencia de Mauricio Macri con la intención de abaratar el costo de la generación de energía y así reducir subsidios.

El corazón del texto, sin embargo, apunta a establecer los criterios metodológicos y regulatorios que se emplearán para segmentar las tarifas residenciales de gas y electricidad en función de la capacidad adquisitiva de cada usuario.

Los contratos en la mira

En diciembre de 2015, en la misma semana en la que asumió su cargo, el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren declaró la emergencia energética y avanzó con un programa de acciones destinado a garantizar el suministro eléctrico. Como parte de ese plan, en marzo de 2016 dictó la resolución Nº 21/16 destinada a ampliar el parque de generación térmica. Allí se les permitió a las empresas interesadas ofertar un precio en dólares de la energía para repagar los proyectos de inversión.

Lo mismo ocurrió en mayo de 2017 cuando se sancionó la resolución 287/17 mediante la cual se abrió la licitación para proyectos de co-generación y cierre de ciclo combinado sobre equipamiento ya existente.

A esas dos resoluciones que fijaron precios de la energía en dólares, se le sumaron todos los contratos del programa RenovAr, que también están dolarizados. Y también contratos anteriores firmados durante los gobiernos kirchneristas bajo el paraguas de la resolución 220/2007 de la Secretaría de Energía y de los programas Foninvemem y Energía Plus.

El gobierno tiene en la mira esos contratos en dólares porque han encarecido el costo monómico de generación, según precisaron las fuentes consultadas. Por ejemplo, a fines del año pasado el costo monómico estaba en torno a los 60 dólares por MWh, pero el precio promedio de la energía provista por los contratos firmados en el marco de la resolución 21/16 era de 215 dólares por MWh.

«Se apunta a ordenar la remuneración del segmento de generación eléctrica. Hay que lograr una consistencia porque la mayor parte del parque de generación recibe una remuneración en pesos», explicó un colaborador del secretario de Energía, Darío Martínez.

Los riesgos de la “desdolarización”

La pesificación de esos contratos expresados en dólares podría ayudar a reducir el costo de generación, pero antes de avanzar hay dos cuestiones a tener en cuenta:

1) Las empresas que operan esas centrales emitieron deuda en dólares para financiar esas obras y si el gobierno les pesifica su ingreso automáticamente deberían darse vuelta y decirles a sus acreedores que no pueden cumplir con su deuda. Muchos de esos acreedores son los mismos fondos de inversión que pugnaron recientemente con YPF cuando la petrolera propuso un canje de su deuda. De hecho, la petrolera controlada por el Estado sería una de las perjudicadas si se avanzara con la desdolarización porque YPF Luz, su subsidiaria en el negocio de generación eléctrica, fue una de las empresas que más contratos térmicos y renovables se adjudicó durante la gestión anterior.

El problema, además, es que en varios de esos documentos el Estado Nacional salió como garante y a su vez, algunos cuentan con garantía del Banco Mundial. Por lo tanto, un incumplimiento de las empresas podría terminar teniendo un costo para el erario público y disparar una serie de reclamos en el Ciadi, tribunal arbitral de Nueva York, por el cambio de las condiciones originales establecidas en los contratos.

2) El diseño de la política macroeconómica puede operar como un desincentivo para la desdolarización. Cualquier pesificación iría de la mano de algún tipo de indexación a partir de una fórmula polinómica que contemple, por ejemplo, la evolución de la inflación. Si el gobierno confía en mantener un dólar relativamente planchado en 2021 para encarar la agenda electoral, la pesificación de los contratos no sería tan determinante para reducir los subsidios y generaría un ruido innecesario en el mercado energético.

 

Fuente: https://econojournal.com.ar/2021/03/proyecto-de-desdolarizacion-segmentacion-y-probable-pesificacion-de-los-contratos-electricos-firmados-por-macri/

 

 

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Tarifas de servicios públicos: qué indicadores analizará el Gobierno para decidir quiénes recibirán subsidios

En poco más de 10 días el Gobierno y las prestadoras de servicios públicos comenzarán a discutir el nuevo cuadro tarifario. Con un escenario electoral a la vista, inflación creciente y una crisis de ingresos, el Ejecutivo se encamina a aprobar incrementos muy por debajo de las expectativas de las empresas y ya comienza a avisar cómo será el sendero que transitarán.

El presidente Alberto Fernández anunció en su discurso en la Asamblea Legislativa que llegó el fin de los congelamientos, algo que ya todos suponían teniendo en cuenta los niveles de subsidios establecidos en el Presupuesto 2021. Pero al mismo tiempo señaló que los aumentos que estaban previstos para este año no sucederán y que irán a una tarifa de transición.

En las empresas de servicios no saben muy bien qué significan las palabras del Presidente pero intuyen por las conversaciones que han tenido hasta ahora cómo será el esquema.

“Sabemos que los aumentos para este año serán los justos y necesarios para mantener la operación. Ni un peso más. La tarifa de transición tendría que haber empezado en 2020 y para este año ya tener un nuevo esquema tarifario, ahora todo se atrasó un año como mínimo”, explicaron a Infobae desde una prestadora de servicios públicos.

Lo que en realidad entienden las empresas que hizo el Gobierno fue plantar la semilla de los aumentos del modelo de la gestión Mauricio Macri con incrementos superiores al 130% “para poder aprobar muy poco y que la sociedad entienda que es un beneficio el aumento”.

En ese sentido, estiman que las discusiones “van a estar en torno al 10% y 20% pero más cercanas al piso que al techo”, explicaron desde otra compañía. “El problema va a ser la discusión a largo plazo, una nueva tarifa lleva como mínimo un año, eso no va a suceder hasta el 2022 y en 2023 volvemos a tener elecciones, lo que vuelve a complejizar todo el escenario”, agregaron.

Otro dato que dejó ver el Presidente fue la forma en la que se pagarán las tarifas. “Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva”, remarcó Fernández en la Apertura de las Sesiones Ordinarias, en la que prometió ponerle fin “al martirio” de tener que elegir “entre comer o pagar la luz y el gas”.

Un miembro del Gabinete nacional que estuvo en los balcones escuchando el discurso presidencial aseguró a Infobae que la idea es “avanzar en una segmentación. Es lo que en 2011 la vicepresidenta en ese momento presidente había anunciado como la sintonía fina”.

La segmentación que está pensando el Gobierno, y que las empresas aseguran que será difícil de llevar adelante, tiene en cuanta varios factores. “El que vive en Puerto Madero tiene que pagar la tarifa en su totalidad. Tiene los ingresos para hacerlo y no se lo puede seguir subsidiando”, explicaba el funcionario en los pasillos del Congreso.

Pero, frente a la pregunta respecto a qué puede suceder en otras zonas en donde los estratos sociales medidos por ingresos estén más mezclados, el ministro señaló que “se van a tomar varios indicadores que tienen que ver con los ingresos, por ejemplo, los gastos de tarjeta, los servicios que utiliza, los colegios a los que concurren los chicos y las cuotas que pagan, etc. Es obvio que en una misma cuadra puede vivir una persona que sus ingresos sean una jubilación y un ejecutivo de una multinacional, en ese caso, se verá el caso particular del jubilado y se solucionará”.

El punto a resolver es que sólo el 20% del mercado energético doméstico responde a viviendas de altos ingresos por lo que el resto de los consumidores tienen que sufrir aumentos que estén por debajo de la inflación proyectada que es de 29 por ciento. Sin embargo, en el gabinete económico ya se hizo carne que el único camino para reducir subsidios es subir tarifas y que en el medio de eso hay que proteger a la población y los votos. “Es difícil segmentar, pero por eso vamos a trabajar todo el año para hacerlo, es el camino a seguir”, confían fuentes oficiales.

Por ahora, la suerte está echada, las empresas de servicios públicos verán que las tarifas saldrán del freezer para pasar a la heladera y en ese camino no esperan un incremento que les permita mucho más que mantener a flote el negocio.

Plan Gas

En medio de esta discusión tarifaria, la Secretaría de Energía recibió hoy ofertas por 4,5 millones de metros cúbicos diarios adicionales, en el proceso de licitación de la denominada Ronda II del Plan Gas. Este volumen duplica la propuesta inicial formulada en diciembre pasado.

Así lo informó la Secretaría de Energía a través de un comunicado en donde señaló que el precio ponderado para este invierno es de USD 4,731 MMbtu, por cuestiones estacionales por encima de los USD 3,5 promedio convalidados para la licitación del bloque base de 70 MMm3 por los próximos cuatro años que se concretó en diciembre. Además, entre ambas empresas ofertaron USD 3.36 MMm3/día para los inviernos de los años 22, 23 y 24, a un precio promedio ponderado de USD 4.728 MMbtu.

Darío Martínez, secretario de Energía, dijo que “el Plan Gas sigue dando resultados reemplazando el gas importado por gas nacional. Estamos satisfechos con este nuevo aporte que hacen las empresas productoras dentro del Plan Gas que nos permite más que duplicar la oferta para la demanda de invierno que recibimos en la primera ronda”.

 

 

 

Fuente: https://www.infobae.com/economia/2021/03/03/tarifas-de-servicios-publicos-que-indicadores-analizara-el-gobierno-para-decidir-quienes-recibiran-subsidios/Tarifas de servicios públicos: qué indicadores analizará el Gobierno para decidir quiénes recibirán subsidios – Infobae

 

 

 

 

 

 

 

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Argentina y Brasil avanzan en el fortalecimiento de la integración energética

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se reunió este miércoles con el ministro de Minas y Energía brasileño, Bento Albuquerque, con el objetivo de fortalecer la integración energética bilateral. A pesar de las profundas diferencias con la mayoría de las políticas de Jair Bolsonaro, el funcionario del país vecino afirmó que “la relación entre Argentina y Brasil trasciende a los gobiernos”.

Por un lado, Scioli le pidió a Albuquerque el apoyo para poder firmar un contrato que convertirá a la empresa local de alta tecnología, INVAP, en uno de los constructores del Reactor Multipropósito Brasileño (RMB). La firma argentina tiene un elevado potencial en diseño, integración, y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad.

Paralelamente, el ministro se mostró dispuesto a trabajar para crear las condiciones para que el mercado brasileño pueda abastecerse de gas de Vaca Muerta.

El desarrollo masivo de la formación de Vaca Muerta está vinculado a la posibilidad de ampliar el mercado de demanda de gas natural, ya sea a través del incremento del mercado local, la comercialización a países sudamericanos, la salida como Gas Natural Licuado o para alimentar a la industria petroquímica. En ese sentido, el mercado del sur brasileño es de gran atractivo para satisfacer la demanda de los usuarios industriales.

Esta alternativa para el mercado del gas tiene en la actualidad la única opción de transporte en el gasoducto que llega desde la Argentina hasta la ciudad brasileña de Uruguayana, que se encuentra operativo pero ocioso, y cuyo proyecto original inconcluso preveía su extensión hasta la ciudad de Porto Alegre.

Fruto del encuentro de esta jornada, la semana que viene se realizará una videoconferencia entre Albuquerque y el Secretario de Energía argentino, Darío Martínez, para “recuperar las reuniones de planificación binacional energética”.

En su agenda de encuentros con los miembros del gabinete de Bolsonaro, Scioli se reunirá con el vicepresidente Hamilton Mourão y el Ministro de Gabinete de Seguridad, Augusto Heleno.

 

 

Fuente: https://www.ambito.com/energia/vaca-muerta/argentina-y-brasil-avanzan-el-fortalecimiento-la-integracion-energetica-n5131764

 

 

 

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Argentina tiene buena energía para el mundo: cuando la resiliencia y competitividad aconsejan una integración inteligente

El sistema energético argentino cuenta con un enorme potencial: posee desde una de las reservas de hidrocarburos más importantes del mundo hasta recursos naturales eólicos y solares con productividad récord. A eso se le suman vastos aprovechamientos hidroeléctricos y de bioenergías muy interesantes.

Transformar todo este potencial en energía, con los beneficios de desarrollo, valor agregado, trabajo y generación de riqueza, representa un desafío y una gran oportunidad. En este sentido, uno de los principales aspectos es encontrar mercados interesados y apropiados para colocar esta energía que Argentina es capaz de generar.

El gas natural es un buen ejemplo de esta realidad. La demanda local de gas en verano apenas alcanza un promedio de 110 Millones de m3 por día (MMm3/día), mientras que en invierno, según información publicada por el Enargas, puede llegar a los 160 MMm3/día. De hecho, en la industria hay coincidencia en que esa cifra es superior pero encuentra este tope porque no hay oferta de gas para cubrirla. Un buen ejemplo se ve en la última semana de julio de este 2020, en que debió cortarse el suministro a generación eléctrica y a industrias para asegurar el abastecimiento a hogares. Las demandas insatisfechas migran hacia alternativas más costosas y menos sustentables como los combustibles líquidos.

Esta realidad exige incorporar cada vez más elementos de flexibilidad. Los sistemas de almacenamiento, las importaciones de LNG para cubrir picos de invierno y los mecanismos de demand response, entre otras herramientas, entran en juego junto con la posibilidad de hacer exportaciones contra estacionales de excedentes de gas.

Importador y exportador: la relación de Argentina con el gas natural

Las exportaciones de gas natural fueron muy significativas hasta el año 2004 (cerca de 20 MM m3/día). Luego, en 2007 se redujeron bruscamente para casi desaparecer en 2010. A través de media docena de gasoductos que unen ambos países por el norte, centro y sur, Chile era un gran comprador del gas natural argentino, seguido por Brasil, con quien nos vincula un gasoducto que llega hasta Uruguaiana (Rio Grande Do Sul). Ese gasoducto, en su diseño original debía continuar hasta Porto Alegre y capturar una importante demanda de gas natural allí.

Lo cierto es que buena parte de esos mercados hoy no recibe gas argentino. Sería muy beneficioso que nuestro país genere las condiciones necesarias que permitan desarrollar nuevamente la demanda de comprar nuestro gas en verano en volumen significativo y con acuerdos duraderos.

Del mismo modo, en momento de picos de consumo energético local, podemos acudir a esos terceros países para obtener recursos. En un ejemplo muy actual, el mantenimiento del parque generador nuclear y la salida de servicio de una línea de alta tensión en el sur obligaron a Argentina a importar energía eléctrica de Brasil y Uruguay.

El mundo exige una energía cada vez más competitiva, flexible y dinámica. Tenemos recursos inigualables para insertarnos en él y transformar el enorme potencial en riqueza, trabajo, valor agregado y divisas, interactuando de modo inteligente. Desarrollar mercados donde colocar excedentes de gas de verano es uno de los caminos inmediatamente disponibles para transitar este desafío.

En una etapa de diversificación como la que estamos atravesando, el sector invita a moverse: la mejor alternativa es adaptarse para crecer.

Fuente: https://www.infobae.com/opinion/2020/08/04/argentina-tiene-buena-energia-para-el-mundo-cuando-la-resiliencia-y-competitividad-aconsejan-una-integracion-inteligente/

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Vaca Muerta y los desafíos para convertirse en el “segundo campo argentino”

Vaca Muerta ya es una política de estado. Es un desafío al que tienen que contribuir todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Va camino a convertirse en el segundo campo argentino”. Las palabras son del jefe de Gabinete de Neuquén, Sebastián González, pero representan una visión cada vez más generalizada en torno a la formación de gas y petróleo no convencional: si se concretan las inversiones estimadas, tiene potencial para transformarse en una fuente de ingreso de divisas para Argentina que podría igualar los USD 25.000 millones que el sector agropecuario y su industria estiman generar este año. Y el consenso en torno a esta proyección es cada vez mayor.

Con vistas a conocer en profundidad las características y perspectivas de desarrollo que tiene la reserva, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) visitó la capital provincial y el campo de explotación de YPF, en Loma Campana, en el marco de una agenda de reuniones con funcionarios de gobierno provincial, municipal y representantes de empresas privadas.

La recorrida transcurrió a menos de una semana del último pre coloquio de IDEA, el empujón que terminó de colocar a Vaca Muerta en el centro de la agenda nacional, donde -según manifestaron los diferentes actores que recibieron a la BCR-  se alcanzó un acuerdo tácito entre el arco político de que la explotación de la reserva de petróleo y gas no convencional debe ser una política de estado.

Proyecciones y beneficios que podría generar

La bolsa rosarina estimó posibles escenarios para calcular cuántas divisas por exportaciones podría generar la operación y explotación de Vaca Muerta a los años 2023 y 2030, y comparó los resultados con las cifras que produce actualmente el campo y la agroindustria por ventas al exterior de granos, harinas, aceites y biodiesel, que en 2019 alcanzarían la suma de USD 25.000 millones.

El estudio de la institución señala que, por las dificultades actuales, macro y microeconómicas de Argentina, existen posibilidades de que las exportaciones conjuntas de petróleo y gas de Vaca Muerta podrían ubicarse en torno a los USD 8.200 millones en 2023. Esa cifra se obtendría si se alcanza el 40% de la producción de gas y petróleo estimada por la Secretaría de Energía de la Nación, con un precio de barril de petróleo a exportar equivalente al Brent con rebaja de US$4,5 y retenciones a la exportación.

Mientras que para 2030, las exportaciones podrían ubicarse cerca de los USD 25.000 millones si Argentina logra desarrollar una agresiva política de inversiones en Vaca Muerta y puede encauzar su política macroeconómica y social.

 Este escenario sería posible si se realizaran inversiones de infraestructura, tanto de transporte y logística como de equipamiento tecnológico para optimizar costos de explotación

“Hay una necesidad evidente de que nuevas empresas petroleras hagan sus inversiones en áreas específicas, de manera tal que se replique lo que sucede en Loma Campana, yacimiento que está produciendo cerca de 60 mil barriles por día y entre 11 y 12 millones de metros cúbicos diarios de petróleo. El 12% de la producción de petróleo está centrado allí”, destacó el director de Informaciones y Estudios Económicos de la BCR, Julio Calzada, quien formó parte de la delegación que encabezaron el presidente de la entidad, Alberto Padoán, el presidente de Matba-Rofex, Andrés Ponte; y el titular del Mercado Argentino de Valores, Pablo Bortolato.

La empresa petrolera nacional concentra el grueso de la explotación en la región y lidera la curva de inversiones y aprendizaje. Tanto es así que en menos de cuatro años logró reducir los costos de explotación un 60%, y hoy obtiene gas y petróleo a precios competitivos.

Fuente: https://www.infobae.com/campo/2019/06/25/vaca-muerta-y-los-desafios-para-convertirse-en-el-segundo-campo-argentino/

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G20: anunciaron inversiones en Argentina por US$ 2.500 millones

En el marco de la Cumbre del G20, el Gobierno firmó una serie de acuerdos de financiamiento con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con China, Francia y Estados Unidos. Suman más de U$S 2500 millones. 

Por un lado, están las inversiones impulsadas por la OPIC, la agencia de inversión de Estados Unidos que implican un desembolso de U$S 800 millones para préstamos. Se prevén inversiones en Vaca Muerta, para energías renovables e infraestructura vial, como las del Corredor vial C (Buenos Aires-Mendoza) por US$ 250 millones, a cargo de Astris Infraestructura.

Otro proyecto es el de Energía solar Ullum I, II y III y energía eólica Chubut Norte III y IV por US$ 118 millones, a cargo de Genneia. Además, el Parque eólico Cañadón León (Santa Cruz) por US$ 50 millones, a cargo de YPF Luz. Y la ampliación de parques logísticos en el Gran Buenos Aires por US$ 45 millones, a cargo de Plaza Logística.

Específicamente, las inversiones en Vaca Muerta, incluyen el gasoducto Vaca Muerta-San Nicolás por US$ 350 millones, a cargo de Tecpetrol y Transportadora de Gas del Sur (TGS). Actualmente, Tecpetrol está desarrollando el proyecto de Fortín de Piedra en esa zona.

Hacia fines de 2019, se prevé que la capacidad de transporte y evacuación de gas desde Vaca Muerta alcance su capacidad máxima, razón por la cual se están analizando alternativas de transporte troncal de gas para acercar el gas a los centros de consumo y continuar reemplazando las importaciones de gas.

Para el fomento de energía hidroeléctrica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito por un tal de U$S 130 millonespara modernizar el Complejo Hidroeléctrico binacional de Salto Grande y para aumentar la competitividad de los sectores productivos y de servicios turísticos en esa zona. El BID, además, será el encargado, de financiar varios pasos por la cordillera hacia Chile como el del Cristo Redentor.

Por otro lado, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) suscribió un acuerdo para financiar obras de agua y saneamiento en el área metropolitana por U$S 80 millonesy para la gestión de residuos en Jujuy por U$S 45 millones. También el BEI financiará proyectos de energía solar en Jujuy, por U$S 63 millones.

A ese listado se añade la inversión de la mayor empresa constructora China, la compañía China Railway Construction (CCA), que trajo una carta de intención para que el miércoles próximo puedan dar inicio a las obras en la ruta 5 en la provincia de Buenos Aires.

Con los chinos también se firmaron acuerdos para el desarrollo del Tren San Martín de cargas por unos U$S1.000 millones.

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, por su parte, se encargó de suscribir un acuerdo con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), para obras hídricas contra las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. La agencia prometió financiamiento por U$S 140 millones.

También los bancos franceses Credit Agricol, Natixis y Santander, firmaron por un financiamiento de U$S 363 millones para mejorar la vigilancia y el control marítimo con medios navales. Finalmente, también Italia prometió créditos que se destinarán al soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

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¡Excelentes Noticias Para la Industria!

A medida que se aleja el invierno, y se elevan las temperaturas, los bolsillos de la industria se recuperan al sentir un alivio en sus costos de Energía. Luego de un invierno afectado por la estacionalidad y las variaciones cambiarias, la baja en los precios de referencia del Gas Natural destinado a la generación ya se hace notar en los costos de Energía, provocando un descenso previsto para el mes de Agosto de entre un 15 % y 20 %.

Informe RENOVABLES

Se espera que para el mes de Agosto el costo de la Energía Eléctrica quiebre la barrera de los 70 U$D/MWh, acumulando un descenso del 6 % en contraste con el mismo mes del año 2017 (73,3 U$D/MWh).

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Conforme se incrementa la Producción Nacional de Gas Natural, aumentando la disponibilidad del fluido, y teniendo en cuenta la conformación del parque generador, es natural pensar que repercuta directamente en el precio de la Energía Eléctrica, esto además, sin tener en cuenta los futuros ingresos de proyectos renovables al sistema (mucho mas económicos que la energía convencional), lo cual conlleva a pensar que luego de meses difíciles comienza un periodo de descenso en materia de precios de Energía.

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El porvenir argentino y las futuras plantas nucleares

Entre los acuerdos firmados en el reciente viaje del Presidente a China se destaca el de la construcción de dos centrales nucleares: Atucha III, junto al río Paraná, en Zárate, y otra central que se instalará en Río Negro. El compromiso provenía del gobierno anterior junto a las polémicas represas sobre el río Santa Cruz. Ambas infraestructuras revelan una nula racionalidad económica y energética y son el resultado de decisiones del Poder Ejecutivo de la década anterior que no han sido social ni institucionalmente consensuadas.
La energía nuclear es difícil de justificar para la Argentina. Es riesgosa, es vulnerable a cualquier atentado terrorista, sus residuos radiactivos persisten por miles de años y es cara. Al mismo tiempo, nuestro país posee mucho gas, con un gran potencial en Vaca Muerta, y excelentes condiciones para el desarrollo de energías renovables. Cabe preguntarse entonces por el sentido de invertir en tecnologías que el mundo está abandonando: Alemania apagará todas sus centrales antes de 2022; Suiza las desactivará una vez cumplida su vida útil, e Italia ha decidido no avanzar en el desarrollo de esta tecnología luego de que un 95 por ciento de los italianos que participaron de un referéndum votaron en contra de la energía nuclear. Incluso Francia, país donde la energía nuclear representa más del 75 por ciento de la matriz eléctrica, ha propuesto diversificar la producción de electricidad y reducir al 50 por ciento el peso de la energía nuclear para 2025. La Argentina va por el camino inverso. Parece ignorar que no hay energía nuclear sin riesgo. Riesgo porque implica guardar por miles de años los residuos radiactivos que genera. Riesgo ante un posible atentado, que no es una posibilidad disparatada, y menos para un país que los ha sufrido y no ha podido siquiera avanzar en la investigación de los hechos. Nos guste o no, la energía nuclear aumenta el peligro en nuestra sociedad y se trata de un riesgo no solo para las personas y su salud, sino para la naturaleza.
En los últimos siete años las energías renovables no convencionales eólica y solar fotovoltaica han tenido un crecimiento promedio del 20 por ciento. Desde 2015, la capacidad instalada global de energía eólica superó a la de la nuclear y en breve lo hará también la energía solar.
Es cierto que la intermitencia de las energías renovables es una de sus debilidades, pero con una generación distribuida y descentralizada, el avance tecnológico en almacenamiento y la caída de los costos de las energías renovables no convencionales nos lleva a preguntarnos acerca de la pertinencia de invertir en energía nuclear. El costo de instalación de una central nuclear es, aproximadamente, cuatro veces más caro que el de la eólica. Sin embargo, su capacidad de generación es apenas el doble, y a esto hay que sumarle todo el costo de operación y mantenimiento, el costo del combustible nuclear, la custodia por miles de años de los residuos radiactivos y los impactos de la minería del uranio, que no están contemplados dentro del precio del combustible que utilizan.
Uno de los desvelos del Ministerio de Energía y Minería es el autoabastecimiento energético, pero no es posible confundir el precio del desarrollo con el desarrollo a cualquier precio. Instalar centrales nucleares en la Argentina tiene como única justificación posible la búsqueda de inversiones a cualquier costo. Se trata de una tecnología que ya es antigua y lo será aún más cuando las plantas hayan sido finalizadas.
Es cierto que la instalación de estas centrales se encontraba acordada, sin transparencia alguna ni información pública, por el gobierno saliente con el apoyo del sector nuclear argentino. Pero en una sociedad democrática no resulta aceptable la imposición sin consenso social de infraestructuras capaces de amenazar el entorno y la vida humana. Frente a la aceptación resignada de los acuerdos con China por parte del gobierno actual, parecería que la sociedad no cuenta con medios institucionales para evitar negocios realizados con un altísimo grado de corrupción, a puertas cerradas. Es indudable que, para un país como China, resulta indiferente el control que puedan ejercer las instituciones republicanas. La decisión de construir centrales nucleares debe insertarse en un plan que defina la matriz energética del país, con audiencias públicas, aprobado por el Parlamento.
Desde su reforma en 1994, la Constitución Nacional cuenta con la posibilidad de llamar a una consulta popular que puede ser convocada por el propio Congreso o el Poder Ejecutivo Nacional. Mediante esta modalidad, es posible realizar una consulta sobre una determinada ley o política, o bien sobre cuestiones de Estado excepcionales.
Definir la matriz energética que tendrán las próximas generaciones es, sin duda, una causa lo suficientemente trascendente como para hacer ese ejercicio cívico. En particular cuando se trata de decidir la instalación de industrias que poseen la capacidad de amenazar el entorno y la vida humana. No es que no haya medios institucionales para evitarlo. Solamente hay que utilizarlos. Se necesita generar un debate transparente para evitar errores que no tendrán remedio.
Existen alternativas más limpias, baratas y seguras. Las industrias solar y eólica están creando empleos 12 veces más rápido que otras. Es natural que la sociedad se plantee si tiene sentido seguir adelante con la construcción de centrales nucleares o resulta más adecuado utilizar otras modalidades para generar energía sin riesgos.
El rol del Gobierno debe ser representar y defender el interés público y brindar transparencia. Más allá del hecho de que los acuerdos hayan sido iniciados por el gobierno anterior, sólo el consenso público podría decidir si el proyecto de construir centrales nucleares posee, más allá de las justificaciones y el interés del sector nuclear argentino, un valor ético. Por ahora, se trata de la imposición de un alto riesgo y un costo innecesario para nuestra sociedad. Sin dudas, éste no es el cambio prometido.

http://www.lanacion.com.ar/2034397-el-porvenir-argentino-y-las-futuras-plantas-nucleares

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Indisponibilidad Termica

En lo que se refiere a la evolución de la indisponibilidad del parque térmico de generación, en los últimos años puede observarse el perfil que expone valores por encima del 25% en los últimos años como promedio anual. En este sentido se debe resaltar la edad de algunas unidades de generación térmica que se encuentran operando en el sistema con ya varios años desde su instalación.

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