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Fuente: Energía Estratégica.
El vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) reconoció que favorecerá al sector eólico y reparó sobre los puntos más polémicos: impuestos a los grandes usuarios que no consuman un 8 por ciento de renovables y aranceles cero para importaciones durante la primera etapa.
En el marco del seminario sobre el “Desarrollo de Energías Renovables”, organizado por la Universidad Arturo Jauretche y el Clúster Eólico Argentino, en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, disertó Esteban Kiper, vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico CAMMESA.
Allí, el joven licenciado mencionó las inversiones que el estado nacional llevó a cabo en estos últimos 10 años, interconectando con redes las diferentes provincias del país, sobre todo la región sur.
Luego, habló de la incapacidad de ciertos proyectos (ambiciosos) para desarrollar proyectos renovables, tales como la Ley 26.190 o el GENREN, que por falta de financiamiento no han podido prosperar. Ameritó esa situación a la feroz crisis económica del 2001, que dejó mal parada a la Argentina ante capitales extranjeros, y al escenario actual con los fondos buitre.
“La Ley trata de dar respuesta a algunos de estos problemas centrales”, se refirió sobre la 27.191, sancionada el 23 de septiembre pasado y a la espera de su reglamentación por parte del ejecutivo.
Primeramente, explicó que antes de presentarse el proyecto de Ley en la legislación pasó por análisis, debates y discusiones entre asesores del senador Marcelo Guinle (FpV), impulsor del documento, y actores de primer nivel del ejecutivo nacional. De ese modo se asegurarían su viabilidad a futuro. “La idea es hacer una Ley para no perder la oportunidad de desarrollar nuestras energías renovables para el sector eléctrico”, remarcó.
Subrayó que el objetivo es claro: llegar a al 2017 con una matiz renovable del 8 por ciento y crecer hasta 2025 sostenidamente en un 2 por ciento anual para llegar al 20 por ciento. “Va a necesitar un acompañamiento muy fuerte en esta primera instancia para llegar a los objetivos planteados”, reconoció.
Para ello la ley prevé la exención de los derechos de importación para bienes de capital y equipos hasta el 31 de diciembre del 2016. Este punto es criticado por el sector industrial pero necesario para llegar a la meta del 8 por ciento y robustecer al FODER, fondo que, entre otros conceptos, se nutrirá del 50 por ciento (mínimo) de la sustitución de importaciones de combustible mediante renovables.
El FODER prevé a futuro poder motorizar, mediante financiamiento nacional, proyectos renovables. “Es muy importante, teniendo las condiciones de vientos, el sistema de transporte, una industria en condiciones de desarrollar proyectos, fabricar torres, fabricar aerogeneradores, transformadores, piezas, etc., apalancar la industria nacional, el empleo nacional”, indicó al respecto.
“No podemos esperar hasta que se resuelva la situación con los buitres, que son circunstancias que exceden a la problemática energética. Por eso planteamos la necesidad de crear un fondo que se componga de recursos y apalancar proyectos y estimular la integración nacional”, agregó.
Por otro lado, y como otro de los puntos polémicos, la Ley exige a los grandes consumidores de energía eléctrica (más de 300 Kw) tener que comprar o invertir un 8 por ciento de energía renovable, en caso contrario se le cobraría una multa que podría rondar los 200 dólares el MWh sobre el exceso. Para ello permite la compra y venta de particulares (con un precio tope de 113 dólares el MWh) y regímenes de promoción para que propios particulares desarrollen sus proyectos.
Esto también favorecerá a la industria local.
Por otra parte, Kiper reconoció que la reglamentación ayudará a incentivar, sobre todo, proyectos eólicos por las características de la Ley. Dijo que a pesar de la intermitencia de la tecnología, todos los parques montados trabajan de un modo notable y que para el primer semestre del 2016 se empezarían a montar 180 MW eólicos nuevos