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23 de noviembre de 2015 | Energías Renovables

Emilio Guinazu, Gerente Comercial de la empresa fabricante de aerogeneradores de alta potencia, analizo algunos puntos clave que las autoridades deberan tener en cuenta a la hora de aplicar la Ley 27.191. Al igual que otros expertos del sector, considero que el objetivo de la norma es demasiado ambicioso y tiende a primar la generacion de energia electrica por sobre la cadena productiva nacional.
Durante el pasado miércoles 11 de noviembre se llevó a cabo una jornada organizada por el Clúster Eólico Argentino que agrupó a reconocidos industriales, empresarios y funcionarios nacionales. Allí expusieron sobre el desarrollo del sector eólico nacional y discutieron sobre la reglamentación de la nueva Ley de Energías Renovables.
Ante la presencia de Estaban Kiper, vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMESSA) y uno de los especialistas avocados a la instrumentación de la 27.191, Emilio Guiñazú, Gerente Comercial de IMPSA, señaló algunos aspectos que considera necesarios a la hora de la aplicación de la Ley.
En diálogo con energiaestrategica.com, el empresario amplió sobre estos conceptos, pero ante todo reconoció dos grandes falencias: su objetivo “extremadamente audaz” y “difícil de cumplir” y la priorización de la generación de la energía eléctrica renovable por sobre el incentivo de la industria nacional, puntos de vista compartido por expertos del sector.
Es por ello que propuso “redefinir los objetivos temporales para no desalentar su efectivo cumplimiento”, es decir, achicar la meta del 8 por ciento de la matriz energética argentina con energías renovables para 2017, ya que hoy significa sólo el 0,6 por ciento y no desatender a la industria nacional con medidas de aranceles cero a la importación de equipos e insumos hasta el 31 de diciembre del 2016, que busque rápidamente incorporar MW renovables en detrimento de la industria nacional.
Puntos salientes
Para el referente comercial de IMPSA se debe impulsar un “estricto cumplimiento del Compre Nacional para las inversiones hechas por empresas del estado”.
Sostuvo que será necesario proteger no sólo a los grandes productores de equipos sino también a los proveedores locales para generar una cadena de valor robusta. “No existe dependencia ni seguridad energética sin dominio de las tecnologías que la producen”, subrayó.
Otro de los puntos que remarcó es el de reservar los fondos del FODER exclusivamente a los proyectos que certifiquen el contenido nacional. El directivo puso como ejemplo a los programas brasileros PROINFA (2004 – 2010) y FINAME, del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), ambos promotores de la industria brasilera.
Contó que cuando IMPSA quiso tomar financiamiento en Brasil, las entidades se les requirieron un 60 por ciento de contenido brasilero, de lo contrario no obtendrían ni la firma del PPA. No obstante, les daban como incentivo tarifas promocionadas y un plazo de trabajo de 5 años con el objeto de darle tiempo a la industria local. “Hoy Brasil cuenta con 5 fábricas instaladas capaces de atender una demanda de más de 2.500 MW anuales”, concluyó.
Por otro lado, señaló que “deben extenderse los beneficios fiscales a la cadena completa de valor”. Dijo que si bien la ley contempla este punto, no está claro qué sucede con la acumulación de los créditos fiscales.
Justamente en Brasil se encontraron con ese problema. En palabras de Guiñazú: “Allá el desarrollador del parque está exento de todos los impuestos, pero nosotros, los fabricantes, pagábamos impuestos por los insumos, como palas, torres, y nos quedaba una gran acumulación de créditos fiscales. Entonces, o mandábamos al costo a esos impuestos, quedando la máquina poco competitiva, o acumulábamos los créditos fiscales, que en el balance quedaban bonitos pero financieramente nos destruían la compañía”, recordó.
“Es un tema que debe estar muy bien estudiado e implementado porque si no termina perjudicándonos”, consideró.
Por último, propone que el estado nacional debe estimular el desarrollo de parques eólicos que certifiquen contenido nacional y darles “una tarifa incrementada en un 25 por ciento, con reducciones anuales del 5 por ciento hasta llegar a 0 al término de 5 años”.
Da el ejemplo del Parque Eólico de Arauco que en sus inicios apostó por la industria nacional lo que le llevó mayor demora en el desarrollo de tecnología y un costo más elevado en las máquinas, pero permitió el desarrollo de la cadena productiva eólica lo que reproduce puestos de trabajo para la Argentina.
“No se trataría de premiar sino de compensar el riesgo con una tarifa más alta que se vaya acomodando a través del tiempo. Teniendo en cuenta los beneficios que eso produce, al estado le termina saliendo más barato prestar este tipo de apoyos”, remata Guiñazú.
“El desafío ahora será introducir estos puntos de vista sobre una Ley que ya está escrita y en busca de una reglamentación”, finaliza el Gerente Comercial de IMPSA.