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Manejo de conflictos sociales en proyectos de infraestructura: utilidad social

Por Leonel Umaña Fonseca:

Recientemente se han venido involucrando otros términos o gestiones que requieren que las empresas vayan más allá de cumplir sus metas internas, además deben satisfacer las necesidades de sus clientes y del planeta, sin comprometer a las futuras generaciones.

Entre las medidas que los negocios han tomado para ir readecuándose a los nuevos retos están cambiar sus empaques y procesos en forma más eficiente, ahorrando a su vez energía, así como también utilizar  métodos más amigables con el ambiente (como el cambio a envases biodegradables) reducir el uso del plástico y combustibles fósiles, entre otros.

Al cambiar la visión y costumbre de los consumidores donde ahora buscan satisfacer sus necesidades de una forma más sostenible y amigable con el ambiente, así como una mayor participación de las comunidades, podemos referirnos a “Utilidad Social” dentro de las empresas entendiendo esto como aquellas acciones que lleva a cabo la empresa en el entorno donde está ubicado el negocio, más allá de lo mínimo requerido por legislación o por implicación financiera, y que a su vez permitan alcanzar sus metas económicas.

Los proyectos de infraestructura no son la excepción a esta regla.  Hoy día se ven nuevos materiales y procesos para construcción y dar mantenimiento a carreteras o puertos, así como proyectos de energía, especialmente el uso de fuentes renovables que han venido incrementando su participación en la matriz energética de los países y han hecho de las regiones un uso más eficiente y “verde” de la energía que consumimos.

Estos proyectos, además de requerir grandes recursos económicos, también involucran una amplia participación de comunidades en los lugares donde se instalan, tanto durante sus etapas de identificación, desarrollo y construcción, así como en la operación y mantenimiento – que son usualmente de muy largo plazo-, pero ¿cuál es la intención de las empresas desarrolladoras con los dueños o usuarios de terrenos? ¿cómo se valora la participación de estas personas en los proyectos, tomando en cuenta la pérdida de uso que éstos tendrán en sus propiedades una vez que el proyecto inicie y mientras esté en operación? ¿cuál es su intención con las autoridades locales y nacionales? ¿cuál es el manejo ante situaciones de crisis -como la actual- o bien eventos de fuerza mayor, como desastres naturales, entre otros? ¿cómo manejar la participación de las comunidades en estos proyectos, ya sea por requisitos internacionales, financieros u otros, como las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation – IFC), los Principios de Ecuador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros, como el Acuerdo de Escazú, a los cuáles muchos países han firmado y ratificado, o bien, porque principales las instituciones financieras de desarrollo le dan énfasis?

A lo largo de los más de 15 años de experiencia, he logrado sintetizar 5 aspectos claves que debería considerar toda empresa que lleve a cabo proyectos de infraestructura y cómo enfrentarlos en momentos como la crisis actual, que suscita una cadena de eventos a todo nivel:

  1. No olvidar los inicios. Desde el momento del desarrollo de estos proyectos (si se ha hecho bien) se han firmado acuerdos de participación comunitaria. El gran reto de la empresa es cumplir, desde la óptica social, estos acuerdos y aún pese a la situación actual, donde la comunicación abierta con comunidades y autoridades es clave. También el personal es clave, dado que la confianza se crea en las personas y luego en las empresas, todo cambio en estos momentos puede aumentar los riesgos sociales.

 

  1. Mantenimiento del vínculo “cliente/beneficiario”. Así como las empresas de consumo se han preocupado siempre por mantener contento al cliente final, así mismo las empresas de proyectos de infraestructura deben velar por mantener contento a su cliente o beneficiario iniciando en la comunidad donde está operando, a fin de evitar controversias u otras crisis que puedan afectar más la situación. Algunas recomendaciones para mantener el vínculo:
  • Comunicación transparente: ser claros al momento de explicar a las comunidades la situación actual y la realidad económica de los proyectos (especialmente cuándo estos son concesión).
  • Participación de autoridades: mantener la participación activa de autoridades locales, tales como Alcaldías, grupos comunales organizados formalmente (cambia según cada legislación), comunidades indígenas organizadas y otros grupos minoritarios, así como otras autoridades establecidas, permite a la empresa tener una validación de la información y su trabajo y apoyar a sustentar, en caso de ser necesario, cambios a los acuerdos iniciales, permitiendo así continuar con su operación y logrando los beneficios.
  • Escucha de la comunidad: En los momentos de crisis, tanto las comunidades -ya sea en forma directa o por medio de sus líderes- como las mismas autoridades locales pueden sentirse más en riesgo y con ello buscan acercarse a las empresas para entender su entorno.  Es importante que las empresas en estos momentos tengan aún más claro una política de puertas abiertas para escuchar sus inquietudes, apoyarlos y, sobre todo, que esto le permitirá identificar potenciales riesgos en el futuro de los proyectos o cambios que requieran llevarse a cabo.
  • Colaboradores comprometidos: permitir el acceso de información clave a todos los colaboradores puede resultar beneficioso para la empresa, por cuanto se logra mayor compromiso y una mejor comunicación con las comunidades, en caso de existir dudas o inquietudes, especialmente si los colaboradores son miembros de las comunidades donde están las inversiones – nuevamente, la confianza la crean las personas.

 

  1. Financiamiento y retos de las obligaciones. Dado que la crisis actual ha repercutido en los ingresos de las empresas (no obligación de pago de electricidad en los consumidores que repercute en las empresas generadoras de energía; reducción de ingresos o subsidios para pagos de uso de carreteras afectando la concesionaria, reducción de ingresos por la reducción de oferta de servicios), las empresas deben ser realistas y buscar salidas con los financistas de estos proyectos que les permitan cubrir las obligaciones financieras más vulnerables, tales como el salario de sus colaboradores, pago a uso de terrenos, aporte social en las comunidades, impuestos locales y lograr las metas económicas ajustadas de los inversionistas.

 

  1. Estrategia de terrenos. Podría ser una buena oportunidad para las empresas el replantear su estrategia de terrenos usados para los proyectos, especialmente si estos son rentados a largo plazo. La compra de los terrenos podría significar (i) para la empresa: una erogación no planificada de dinero, pero, a su vez, ofrecer una estabilidad en el largo plazo en los gastos del proyecto; (ii) para los dueños de terrenos: ser un ingreso adicional en un momento no esperado y permitirle realizar inversiones en temas que permitan su sostenibilidad financiera a nivel familiar.

 

  1. Inversión social clave. Apoyar a las comunidades en identificar y realizar inversiones clave para lograr un desarrollo económico local en el largo plazo, esto ya sea por medio de inyección de capital semilla en micro-negocios, capacitación financiera y de negocios, más inversión local en actividades que realiza la empresa (como obras de mantenimiento básico, que no requiera empresas de otros sitios), apoyo en el incremento de la conectividad -como el internet- para que los habitantes puedan cumplir con sus obligaciones y ampliar sus oportunidades en esta nueva realidad virtual, tales como el acceso a la educación, apertura de negocios, acceso a salud virtual, entre otros temas.

El aprendizaje que nos deja esta situación actual es que nos ha permitido ser más resilientes y buscar iniciativas más innovadoras para poder subsistir y permanecer en el mercado, sin dejar de lado la utilidad social de las empresas, buscando un compromiso social, responsable y de largo plazo, que permita su estabilidad y alcanzar sus metas.

Por Leonel Umaña Fonseca, experto en energía