Una por una, las dudas que despierta la capitalización de YPF a través del impuesto a las grandes fortunas
Una de las principales novedades del proyecto oficial para crear un aporte extraordinario a las grandes fortunas radica en que un 25% de lo recaudado se destinará a desarrollar yacimientos de gas a través de las empresas IEASA e YPF. La medida sorprendió incluso a altos directivos de la petrolera controlada por el Estado, que se enteraron de la noticia por los medios.
La iniciativa, sin embargo, se venía debatiendo con hermetismo extremo desde hace casi dos meses en el corazón del cristinismo. La redacción del artículo pertenece a Máximo Kirchner, jefe del bloque del oficialismo en la cámara baja. Desde la óptica del líder de La Cámpora, la capitalización de YPF por medio del gravamen a los súper ricos repara —con creces— la anulación del DNU 1053/2018, que fue bloqueado en el Senado bajo propuesta del Frente del Todos e impidió que YPF cobrara unos $ 7800 millones que le correspondían por ese concepto.
El freno en la Cámara Alta suspendió, en rigor, un primer pago de $ 1491 millones que ya estaban devengados del Tesoro. Si el Congreso aprueba el proyecto oficial, y se cumplen los pronósticos de recaudación que estima el gobierno, YPF terminará percibiendo unos $ 75.000 millones; 10 veces más de lo que le tocaba por el Decreto 1053. El saldo es más que favorable.
Desde esa lógica, la idea del gobierno es acertada. Parte de un diagnóstico correcto: dada la fragilidad de su caja, que colapsó por la caída de las ventas de combustibles, YPF precisa de una inyección de recursos excepcional para salir adelante. La herramienta que se tejió en la mesa de La Cámpora es creativa. Sin embargo, la instrumentación del esquema incorporado en el proyecto de Ley no está clara.
¿Qué es lo que dice el documento ingresado en Diputados?
El inciso 5 del artículo propone destinar “un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A. la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos”.
En los fundamentos se destaca, con evidente vaguedad, que si el dinero erogado en solventar la importación de Gas Natural Licuado (GNL) se invirtiera en el desarrollo de campos locales “se obtendría casi 8 (ocho) veces más gas natural en el sistema, con el beneficio consecuente para la balanza de pagos y para la dinamización de la economía argentina”.
Dudas
El primer interrogante es cómo se asegurará en términos legales la relación entre la empresa estatal IEASA (ex Enarsa) e YPF, una empresa privada que cotiza en la Bolsa de Nueva York.
Surgen algunos disparadores para adentrarse en la cuestión:
- Si IEASA será el actor que reciba del Tesoro un 25% de lo recaudado por el Impuesto a las Grandes Fortunas, y tiene la obligación de contratar a YPF para que lleve adelante proyectos de explotación de gas, ¿cómo inyectará o transferirá el dinero a la empresa que preside Guillermo Nielsen?
- ¿Puede una empresa estatal como IEASA contratar en forma exclusiva y sin licitación previa a una compañía como YPF, cuyo 49% está en manos de accionistas privados?
- ¿No debería existir un mecanismo competitivo que regule la relación entre ambas empresas?
Abogados que se desempeñan en la industria petrolera coincidieron en que, con el nivel de judicialización de la política que existe hoy en la Argentina (sin ir más lejos el interventor del Enargas, Federico Bernal, acaba de denunciar a una decena de integrantes del gobierno anterior por cuestionar lo actuado durante la gestión de Cambiemos en el área energética), es difícil que directivos de IEASA o funcionarios quieran firmar una transferencia directa de montos de esta magnitud a YPF, que es una empresa mixta.
“La inyección de dinero estatal en la petrolera beneficia a su principal accionista, que es el Estado (controla un 51% de capital accionario), pero también a los inversores privados que tienen el 49%. Técnicamente, uno podría cuestionar que con fondos públicos se está transfiriendo una ganancia indirecta a inversores extranjeros”, analizó el director de Legales de una petrolera.
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Una posible salida a esa encerrona legal es que IEASA vuelva a desembarcar en el negocio de exploración y producción de hidrocarburos, uno de los objetivos que dio origen a la fundación de Enarsa en 2004, pero que con el paso de los años nunca pudo consolidar hasta que se retiró durante la administración de Cambiemos de las pocos activos que conservaba en el segmento.
Para volcar el dinero recaudado, IEASA podría firmar un MOU (memorando de entendimiento) para asociarse con YPF en el desarrollo conjunto de un yacimiento de gas. IEASA pondría la plata e YPF la capacidad técnica y el reservorio. Aún así, habrá que precisar regulatoriamente por qué IEASA contrata a YPF y no a cualquier otro operador como PAE, Tecpetrol o Pluspetrol. En cualquier caso, es un riesgo legal que los directivos de IEASA tendrán que correr.
Fungible
El gobierno aspira a aprobar el impuesto a las grandes fortunas a más tardar a fines de octubre. La promulgación y puesta en marcha del nuevo esquema tributario demandará algunos meses. Es probable que la medida se judialice con derrotero incierto. La lectura de que accionistas de empresas del sector petrolero —como Paolo Rocca (Tecpetrol), Eduardo Eurnekian (CGC) y Alejandro Bulgheroni (PAE)— podrían oponerse a transferir parte de su capital para financiar la recuperación de un competidor como YPF es verosímil. Aunque por ahora no son más que suposiciones.
Lo concreto es que YPF necesita de una recapitalización adicional si quiere re-posicionarse como el principal actor de la industria. En lugar de pensar en una asociación tradicional para la explotación de un área en particular, es factible que la asociación entre YPF e IEASA termina representando una inyección general de dinero en la empresa.
No sería impensable que la compañía termine financiando también el desarrollo de campos de petróleo (shale oil) o incluso campos maduros de petróleo. En definitiva, lo que precisa la empresa bajo control estatal son fondos para reactivar su programa de crecimiento. El dinero es fungible. Va de un lado a otro en una compañía del tamaño de YPF, desdibujando el origen y la finalidad de los fondos.
En cualquier caso, con el cronograma en la mano, lo más probable es que el capital proveniente del nuevo impuesto se materialice recién en el segundo trimestre de 2021. Es decir, puede ser una herramienta para robustecer las finanzas de YPF pero es improbable que sirva para conseguir los volúmenes de gas que hacen falta para que no instalar de nuevo un nuevo barco regasificador de LNG en Bahía Blanca el próximo invierno. La política debería tomar nota de esa realidad.
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