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Para justificar la medida, el Enargas señaló que busca dar “una clara señal” a los productores de gas, que cobran mucho menos que el valor importado
Por Pablo Fernández Blanco | LA NACION.

El déficit de gas que atraviesa desde hace años la Argentina llevó al Gobierno a emitir nuevas disposiciones para regular el mercado, que se suman a la maraña de resoluciones con las que el kirchnerismo intervino en el funcionamiento del negocio heredado de los años 90.

En medio de tecnicismos y una prosa de tan difícil comprensión que hasta los ejecutivos avezados en la lectura de normas oficiales tuvieron problemas para comprender, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a cargo de Antonio Pronsato, dispuso un fuerte aumento en el precio del gas para un grupo de industrias.

La decisión quedó plasmada en diversas notas que llegaron a las empresas transportadoras y distribuidoras de gas a principios de la semana pasada. En ellas, el organismo fija nuevos precios para las industrias que no tengan contratos de gas pactados de antemano para sus consumos. La beneficiada por esos ajustes será Enarsa, la empresa estatal de energía que se encarga de cubrir el déficit de la oferta local mediante crecientes importaciones de gas, de Bolivia, y de gas licuado (LNG), que llega por barco. Pese al ajuste, la compañía seguirá perdiendo dinero en esas transacciones, debido a que los precios de las compras al exterior seguirán siendo más altos que los que cobra a sus clientes.

El alza más grande lo sufrirán las industrias que reciban el denominado gas de última instancia (GUI), una de las definiciones que creó el Gobierno en el marco de la crisis energética. El nuevo valor será de US$ 13,29 por millón de BTU (la unidad de medida), casi tres veces más que los US$ 5,07 que había fijado una resolución de 2011.

El ente regulador considera que hay “clientes sin contratos de compra de gas o con contratos de compra insuficientes para cubrir su demanda habitual”, que “no muestran iniciativa para respaldar sus consumos con contratos”. Luego de un plazo que debe fijar el organismo, las empresas en esa situación comenzarán a pagar el gas -que habitualmente pone Enarsa- al valor del GUI. El Gobierno pidió un listado a las gasíferas para establecer cuáles son esas compañías.

Otras empresas sufrirán el mismo problema en los días más fríos del año. Cuando las temperaturas bajan, el Gobierno ordena cortes en el suministro a las industrias. Pero algunas no le hacen caso y consumen por encima del nivel permitido. En ese caso, también pagarán a valor del GUI.

Además, las industrias que reciban gas del denominado proveedor de última instancia (PUI) pagarán a partir de ahora US$ 7,5 por millón de BTU, el precio máximo establecido por el Gobierno para la producción nacional.

Las notas remitidas a las empresas la semana pasada hacen referencia a términos que los funcionarios kirchneristas no suelen utilizar en público. Hablan, por ejemplo, de enviar “una clara señal” de precios a los productores de gas, que cobran por el insumo mucho menos de lo que el Gobierno paga por la importación.

También se refiere a que la “inyección de gas nacional resultó insuficiente para abastecer a la demanda prioritaria [hogares] durante el invierno pasado”.

La saga de notas entre el Enargas, Enarsa y la Secretaría de Energía, a cargo de Daniel Cameron, encierra una paradoja: llevan la firma de un ex funcionario (Exequiel Espinosa, hoy ex presidente de Enarsa) y un interventor con mandato vencido (Pronsato, el hombre de confianza de Julio De Vido, cuya designación venció hace algunas semanas).

Fuente: La Nacion