A lo largo de los últimos meses, Chile ha puesto la mirada en el sistema de transporte eléctrico para afrontar los vertimientos de energía renovable y precios marginales cero.
Sin embargo, la apertura de ofertas de diversas licitaciones de los años 2021 y 2022 recién se llevaron a cabo hace pocos meses atrás debido a varias prórrogas dadas por el gobierno; mientras que el Plan de Expansión Anual de la Transmisión 2022 tuvo una serie de discrepancias que derivó en que el Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos de Chile dé lugar a modificaciones del mismo.
Tales hechos no fueron pasados por alto por Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile, quien apuntó al retraso de la planificación y malas señales para el mercado, lo que deriva en falta de competencia dentro de la industria.
“Tenemos un proceso de planificación absolutamente corto. De hecho, el Panel de Expertos determinó que no hay la robustez necesaria para sostener las obras que se están planificando, que son sumamente importantes para Transmisoras de Chile pero que no se desarrollan como se requiere”, manifestó durante un webinar.
“Y cuando se analizan las obras en base al costo – eficiencia y criterios de resiliencia o de seguridad, no se sostienen por sí mismas. Tenemos planificación atrasada y, por ende, procesos licitatorios que no están resultado, al igual que aquellos de valorización y de tarificación que están retrasados y dan malas señales que se reflejan en pocas ofertas”, agregó.
A eso se debe sumar la dificultad para obtener permisos ambientales, considerando que el promedio de tiempo para conseguir uno es de 400 días y los proyectos de transmisión requieren más de 100 según explicó Tapia.
Esto se traduce en que, si un proyecto de infraestructura eléctrica demora siete años, tres años y medio son sólo de trámites para avanzar con la infraestructura eléctrica. Y como consecuencia, el director ejecutivo de Transmisoras de Chile subrayó la necesidad de dialogar “seriamente” sobre el tema “y no soslayar su importancia para efectos medioambientales o de los distintos objetivos que tienen los permisos sectoriales”.
“Entonces con instituciones poco reforzadas, con poca gente haciendo planificación, tarificación y obteniendo permisos, nosotros necesitamos una reforma profunda al Estado en sectores como el nuestro, que sirva como condición habilitante para todo lo que queramos discutir de mercado”, insistió Tapia.
“Además, el proyecto de ley de transición energética propone soluciones que no necesariamente son las adecuadas, como por ejemplo alargar el proceso de planificación en un contexto de atrasos, que lo único que hace es sincerar que la gestión estatal no fue la adecuada”, añadió.
¿Se demora el proyecto de ley de transición energética de Chile?
“Hay otras cuestiones administrativas a solucionar, como cambios en las bases y condiciones muy encima de las fechas de licitación, lo que deja poco margen”, concluyó.
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