l Gobierno dio el primer paso para actualizar las tarifas eléctricas, cuyo congelamiento vence el próximo 15 de marzo. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) anunció la convocatoria formal a las empresas de distribución para iniciar la negociación. Según fuentes del mercado, la actualización sería del 9%, aunque en el Gobierno aseguran que el porcentaje no está definido.
Esta suba, de un dígito, implicaría un incremento del 20% para las distribuidoras (Edenor, Edesur, por ejemplo) y para las transportistas (Transener), que representan un tercio del precio final de la factura.
Los demás componentes de la tarifa son impuestos (otro tercio) y generación eléctrica, donde operan las empresas Enel, Pampa Energía, Central Puerto, Genneia, AES e YPF Luz, entre otras. Para ellas, por ahora no habría aumentos de precios y se les mantiene congelada la tarifa, que está sin cambios desde febrero del año pasado, cuando la administración actual la pesificó. En ese entonces, se decidió que habría una fórmula de ajuste mensual por inflación, pero se suspendió en marzo cuando arrancó la pandemia.
La semana pasada, las dos cámaras que representan a las distribuidoras y a las generadoras emitieron un comunicado en el que advirtieron sobre el impacto negativo del congelamiento en el servicio eléctrico.
“Tenemos 80% de los costos en dólares, por la operación, el mantenimiento y la compra de repuestos, y el 20% restante de los costos es en pesos. Y mientras que hubo una devaluación e inflación de más del 30%, nosotros tenemos los ingresos congelados en pesos”, indicó un empresario del segmento de la generación. “En enero de 2020, si nos entraban 100 dólares, hoy entran 30”, agregó.
En el sector de distribución la situación no es muy distinta. Las tarifas están congeladas desde marzo de 2019 y si bien podrían obtener una actualización del 20%, las empresas dicen que el atraso acumulado por la inflación es del 80%.
“Es necesario conocer que la producción y distribución de energía tiene un costo y no es ‘gratis’ o ‘económica’ como algunos consideran. Se requieren inversiones constantes para garantizar las condiciones de calidad requerida por los usuarios”, decía el comunicado de la asociación que nuclea a las distribuidoras, Adeera.
La fijación de las tarifas implicó que los usuarios paguen en promedio un 40% del costo total de la generación, cuando hace dos años ese porcentaje había llegado al 70%, luego de los incrementos tarifarios. Durante los últimos años de gobierno de Cristina Kirchner, tras años de congelamiento tarifario, los usuarios llegaron a pagar solo el 10% del costo total.
Más subsidios
La situación ahora vuelve a preocupar tras el incremento de 144% en el gasto en subsidios que mostraron las cuentas públicas en diciembre. Esto explicó el 18% del aumento total del gasto primario, según cálculos de la consultora LCG.
“Responde fundamentalmente a la asistencia financiera a Cammesa [la compañía con control estatal encargada del despacho eléctrico] ($39.000 millones) y subsidios destinados a la oferta y demanda de gas natural ($13.000 millones en total). Los subsidios a la energía se multiplicaron por tres en diciembre de 2020 respecto de diciembre 2019″, dice la consultora que dirige Guido Lorenzo.
Aún falta definir también la moratoria que propuso el Ministerio de Economía en el presupuesto de este año para regularizar las deudas por $140.000 millones que las distribuidoras en total acumulan con Cammesa. Sucede que las empresas se financian con la recaudación de las tarifas que le corresponden al segmento de generación, ante la falta de actualización de sus ingresos.
Es por eso que la cartera que dirige Martín Guzmán diseñó un régimen especial de regularización de las obligaciones pendientes de pago de las distribuidoras acumuladas al 30 de septiembre, “ya sean por consumos de energía, potencia, intereses y/o penalidades”.
La adhesión a la moratoria no es automática, sino que la Secretaría de Energía evaluará previamente la situación económica de cada distribuidora, lo que podría generar un trato diferencial con las empresas. Con este régimen, en el Gobierno buscan que Cammesa tenga más herramientas para presionar el pago de la generación eléctrica, ya que, de lo contrario, la compañía acumula activos difíciles de cobrar.
