Las empresas transportadoras de energía eléctrica solicitaron hoy una readecuación de ingresos de hasta el 255,7%, con una incidencia en la tarifa final de no más del 3,8%, además de reclamar un actualización mensual y automática y que no se incurran en demoras en los pagos que les realiza la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Los pedidos fueron formulados en el marco de la segunda audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE), como paso previo a los ajustes tarifarios que tomará la Secretaría de Energía, que por su parte advirtió sobre subsidios que consideró “escandalosos” y un sistema de transporte que está “saturado”.
La audiencia tuvo lugar luego de la que se realizó el viernes pasado, en la que las distribuidoras metropolitanas Edenor y Edesur solicitaron incrementos que tendrían una incidencia promedio del 89% en el usuario final.
A los aumentos en las etapas de distribución y transporte deben añadírsele los derivados de los recortes a los subsidios que el Estado otorga a la fase de generación y que la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, calificó como “escandalosos”.
La funcionaria sostuvo que “el nivel de subsidios es escandaloso” y que en los últimos años “fueron del 65% al 89%” del Precio Estacional de la Energía (PEST), uno de los principales componentes de la tarifa final del servicio.
Luego de dar repaso a una situación de “agotamiento de un modelo que llegó a su fin”, Beljansky advirtió que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) “está saturado y hoy no permite evacuar toda la energía adicional, actúa como un cuello de botella”, al no facilitar el transporte de nuevos emprendimientos de generación, en especial de energía eólica y solar.
Si bien el sistema de transporte es el que menos incidencia tiene en la tarifa final (1,5% o menos del total, según estimaciones de las diferentes compañías), su rol es decisivo para conectar la oferta (generación) con la demanda, en un país en el que ambos extremos se encuentran a distancias considerables.
Al respecto, tras recordar que la Argentina es el octavo país del mundo en cuanto a superficie, indicó que el 60% de la demanda se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur del Litoral, en tanto la generación se distribuye en varias regiones.
Al referirse al “cuello de botella” que implica el retraso relativo del transporte respecto tanto de la generación como de la demanda, indicó que el crecimiento del sistema no acompañó a ninguna de las dos variables y que “los mecanismos de ampliaciones y renovaciones del transporte han resultado insuficientes”.
Asimismo, remarcó que “los transportistas perciben sus ingresos a través de pagos mensuales de Cammesa”, pero que “la mayor parte de estos pagos no se han realizado en tiempo y forma”.
Por otra parte, indicó que “los costos del transporte fueron trasladados sólo en forma parcial a los usuarios, lo que generó subsidios en este segmento” y que “el Estado nacional se encuentra quebrado y sin posibilidad de abordar el costo de inversión requerido en el sistema de transporte”.
En ese sentido, resaltó la “necesidad de generar señales para que operadores puedan realizar nuevas inversiones” y que “el Estado está considerando instrumentos de iniciativa privada” para obras de interconexión regional.
Las ocho empresas que expusieron en la audiencia coincidieron en resaltar el retraso en la evolución de la remuneración de sus ingresos, que en los últimos cuatro años fue en promedio la mitad de la inflación y que derivó en la obsolescencia de las instalaciones y los recortes en una serie de inversiones.
Por tal razón, solicitaron una readecuación de ingresos previa a la aplicación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que deberá comenzar el 1° de enero de 2025.
Sobre los valores resultantes, que remarcaron no tienen en cuenta ampliaciones necesarias, reclamaron la aplicación de un índice de actualización mensual y automático, teniendo en cuenta que el plazo promedio de pago de Cammesa es de unos 60 días y, al respecto, también pidieron que esa compañía no incurra en demoras para esos desembolsos.
El detalle por empresa de las readecuaciones solicitadas y el porcentaje de aumento resultante es el siguiente:
Transener: $ 256.349 millones, equivalentes a un aumento del 209%, con una incidencia en la tarifa final de aproximadamente 3,1%.
Distrocuyo: $ 29.265 millones (249% y una incidencia cercana al 3,7%).
Transnea: $ 20.243,91 millones (114% y 1,7% de incidencia).
Transba: $ 122.920 millones (207% y 3,1% de incidencia).
Transpa: $ 28.818 millones (255,7% y 3,8% de incidencia).
Transnoa: $ 59.512,4 millones (207% y 3,1% de incidencia).
Transcomahue: no especificó montos ni porcentajes, pero aseguró que la incidencia en la tarifa del aumento requerido es del 0,5%.
Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN): no dio precisiones sobre montos ni porcentajes.
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