El sector energético de Chile realizó observaciones ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre la rebaja al límite de potencia conectada de cliente final para ser parte del grupo de clientes elegibles que pueden optar a ser clientes libres.

La Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) actualmente establece el umbral en los 500 kW pero a partir de esta iniciativa, el tope para ser considerado “cliente elegible” podría bajar hasta los 300 kW y que más usuarios del sistema opten por el acceso a más renovables y mejores precios. 

La Comisión Nacional de Energía fue una de las entidades que aportó sus comentarios y manifestó que la migración hacia el régimen libre podría acarrear un efecto negativo en el precio futuro de los clientes regulados debido a una posible menor cantidad de contratos de suministro, como también un impacto en las condiciones de contratación para los grandes consumidores.

Además, la CNE remarcó que dicha migración (cercana al 4% de la demanda regulada) aumentaría los niveles de sobrecontratación del sistema en el segmento regulado y que la demanda a facturar por parte de los suministradores podría implicar problemas financieros relevantes, sobre todo en los contratos licitados que fueron respaldados por nuevos proyectos de generación

Sin embargo, desde la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN) plantearon que ninguna de las objeciones realizadas están vinculadas con la libre competencia, sino que resultan “defensas corporativas”. 

“Por otra parte, muchas observaciones marcan una oportunidad para sus empresas o asociados, lo que muestra que hay un interés importante por parte de las empresas y consumidores pequeños para sumarse a esta alternativa”, aclaró Eduardo Andrade, secretario ejecutivo de la ACEN, en conversación con Energía Estratégica.

A su vez, desde el gremio apuntaron a que las observaciones de la CNE son meras “preocupaciones” respecto a lo que podría ocurrir en caso que se materialice la baja del límite de potencia, por lo que desde desestimaron que los efectos negativos en la demanda y contratos fueran de tal magnitud como marcó la Comisión.

“La experiencia de Chile es que cuando se implantan medidas de esta naturaleza, no hay una estampida de pasajes de clientes regulados a libres. Sino que es un proceso que demora años, incluso el movimiento de los clientes que están sobre los 500 kW demoró cuatro años”, subrayó Andrade.

“El que salga este 4% del volumen, no afectará ya que representará cerca del 1% anual de la demanda. Es decir que no moverá la aguja en ese tipo de acuerdos, sumado a que los contratos de suministro más caros se están acabando y entrarán las centrales renovables con contratos más económicos, por lo que se mantendrá la expectativa de la reducción de costos para los clientes regulados”, agregó. 

“La CNE también menciona el poco poder de negociación que tendrían los clientes libres, pero el mismo se compensa con una competencia importante, que cuando uno de esos usuarios requiera energía, tendrá ofertas múltiples”, continuó. 

Y cabe recordar que, según cifras de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía, más de 51000 pequeñas y medianas empresas (PyMEs) se verían beneficiadas y podrán acceder a mejores servicios y precios de electricidad más competitivos. 

Pero para llegar a esos clientes habrá un proceso para convencerlos, mostrarles las ventajas de esa alternativa y por ende no sería un movimiento brusco de demanda que afecte de manera significativa a los contratos regulados. 

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