El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de Chile se pronunció a favor de la solicitud de la rebaja al límite de 500 kW a 300 kW de potencia conectada  para que los usuarios puedan optar al aprovisionamiento de energía eléctrica como clientes libres. 

Tras los aportes y antecedentes presentados en julio del corriente año por parte de diferentes players del sector energético, el Tribunal publicó su Informe N° 33/2024 y concluyó que la reducción del umbral “no genera riesgos sustanciales a la competencia”. 

“Es una gran noticia que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se muestre a favor de la disminución del límite de potencia de 500 kW a 300 kW. Es una ansiada medida que hemos promovido desde la creación de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN) en el año 2019, pensando en ampliar el mercado de los clientes libres”, celebró el presidente de ACEN, Sebastián Novoa, en diálogo con Energía Estratégica.

“Son entre 5000 y 8000 clientes que podrían acceder al mercado eléctrico libre, lo que representa alrededor de 1,5 – 2 TWh que podrá comprar energías renovables, firmar contratos que promuevan inversiones y ayuden a la transformación energética del país”, agregó. 

Es decir que el informe del TDLC es una condición necesaria para que el Ministerio de Energía de Chile pueda tomar la decisión. Pero cuando el Tribunal realiza este análisis, llama al mercado a exponer sobre el asunto, por lo que se toma su expertise técnica y las exposiciones de los distintos actores del sector.

Por lo que, el Ministerio de Energía podrá implementar (o no) la medida para que más usuarios del sistema opten por esta alternativa que permitiría el acceso a más renovables, mejores precios y gestión de demanda, entre otros beneficios. 

Incluso, durante el mega evento de Future Energy Summit (FES) Southern Cone, la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Energía, Fernanda Riveros, informó que probablemente durante el primer trimestre del próximo año se implementaría esta decisión.

“Es probable que la administración gubernamental quiera tomar algunos resguardos. Y si bien no va camio a un nuevo reglamento del sector, sí se podrían promover otro tipo de acciones para favorecer la competencia y nivelar la cancha entre los consumidores, como por ejemplo cláusulas relevantes que el regulador quiera poner a disposición de los usuarios finales de manera que se informen mejor”, planteó Novoa.

“El gobierno simplemente debe tomar la decisión, ya sea con algún tipo de decreto, resolución o disposición. Es decir ningún documento que deba pasar por el Congreso, sino que es una potestad del Ministerio de Energía tras la posición del TDLC”, indicó. 

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