El ex subsecretario de hidrocarburos Juan José Carbajales publicó una compilación de trabajos sobre las empresas públicas argentinas.

Con un  estudio preliminar de Pino Solanas y prólogo de Jorge Lapeña y bajo el título “Manual de empresas públicas de Argentina (1946-2020), de la centenaria YPF a las actuales SABIE” Juan José Carbajales, cuyo equipo de investigación está integrado por Melina Cosso, Ezequiel Cufari, Santiago Sánchez Osés y Arturo Trinelli analiza los diferentes regímenes jurídicos que a lo largo de los años rigieron a las empresas públicas en la Argentina y pone el foco desde YPF hasta las actuales sociedades anónimas con control estatal y plantea el desafío de consolidar y unificar las normas que dan forma a estos emprendimientos.

Juan José Carbajales

Carbajales sostiene que si bien hay un entendimiento colectivo de que durante el período neoliberal de los años 90 todo fue privatizado, se advierte mediante su investigación, que si bien esto efectivamente ocurrió con las empresas más rentables con participación estatal, el fenómeno más importante no fue la venta de empresas al capital privado, sino que el Estado nacional descentralizó esas funciones y la mayoría pasó a la órbita provincial o incluso local, bajo control de algunos municipios o hasta cooperativas, aún en mayor medida que aquellas que se vendieron al capital privado.

La investigación indaga en las empresas públicas -nacionales, provinciales y municipales- como instrumento que usa el Estado, en un fenómeno que adoptó diferentes modalidades a lo largo del tiempo, y que estudia principalmente a los 36 casos que, como actores centrales del desarrollo económico y social del país, actualmente se encuentran bajo esta órbita: YPF, AySA, IEASA, CAMMESA, TRANSENER, e INVAP, entre otras.

Para acceder al manual, puede hacerlo desde aquí: https://edunpaz.unpaz.edu.ar/OMP/index.php/edunpaz/catalog/view/65/76/252-1

Para Carbajales a mediados de los años cuarenta se crean algunas empresas emblemáticas como Gas del Estado, se les da una nueva impronta a las empresas públicas, con una nueva ley que engloba a todas las herramientas estatales, que es la Ley de las Empresas del Estado, que luego tuvo varias modificaciones a lo largo del tiempo, entre las que surgieron la Ley de Sociedades del Estado.

El manual refiera al rol de estas empresas durante la dictadura cívico-militar iniciada en marzo de 1976 y “el quiebre histórico de los años 90” y señala que con la dictadura cívico-militar comienza un ciclo de endeudamiento muchas de estas empresas y con la vuelta a la democracia se empieza a intentar rescatar las actividades y el rol que tenían.

Tras el denominado Consenso de Washington el gobierno Menem-Cavallo imponen el el modelo neoliberal mediante las privatizaciones y a partir de los primeros años del 2000, tras el agotamiento del sistema se retomó el camino y rol de las empresas estatales.

Además del repaso histórico, “el manual propone un decálogo con el objetivo de consolidar un formato societario para las empresas públicas bajo injerencia estatal que conjugue dos mundos: por un lado el de las sociedades comerciales, que como sociedades anónimas buscan lucro y ganancia e incluso en algunos casos puedan ser autosostenibles, pero que tienen además una finalidad propia típica del interés público”, dijo a la Agencia Estatal Télam el coordinador del libro.

“Esto implica que las compañías tienen que ser eficientes y cumplir con altos estándares de transparencia, integridad, acceso a información pública, creación de valor y lo que hoy se conoce como gobierno corporativo y compliance, además de que se desempeñen competitivamente, pero no pueden ser tratadas como una empresa más en un mercado”, agregó.

En esa línea, argumentó que “se precisa crear una posición intermedia respecto del régimen jurídico, que es compleja y específica para estas compañías que están en cabeza del Estado y que en última instancia es el pueblo argentino el que decide invertir parte de su patrimonio para crearlas, capitalizarlas y gestionarlas”.

“Esa función social que le reconocemos a las grandes empresas históricas se explica porque han estado a la vanguardia de la producción industrial, de los avances tecnológicos e innovación, pero también del sentimiento nacional que en muchos casos hace que las llamemos empresas de bandera y que estén en el ideario colectivo”, sostuvo Carbajales.

“Hay ciertos principios de derecho público que tienen que prevalecer al estar el Estado participando como los que tienen que ver con el acceso a la información pública, por ejemplo”, delineó el coordinador.

“Es necesario que estas empresas cumplan con ciertos estándares que se basan en una formulación proveniente del derecho internacional que se aplica en nuestro país, y así lo estableció por ejemplo la Corte Suprema en un caso de YPF, sobre la explotación de recursos no convencionales en Vaca Muerta, en una disputa que llegó a esta instancia judicial y analizó el formato en que se desenvuelve esa empresa de acuerdo a quiénes eran sus accionistas”, contextualizó Carbajal.

Para el desarrollo de esta propuesta, en el plano internacional el libro refleja la experiencia de Brasil “que en su propia constitución nacional incluye esta cuestión, porque tienen grandes empresas públicas, como Petrobras, que consideran como sociedades mixtas, manejadas por el Estado pero que permiten participación privada e incluso pueden cotizar en Bolsa”.

“En Argentina el desafío que tienen por delante las empresas con participación estatal es cómo vincularlas con las políticas públicas y ministeriales de cada área y poder diferenciarlas tanto de las reglas estatales para la administración centralizada, como de las compañías comerciales, y la forma de hacerlo es dictando una regulación específica”, dijo Carbajales.