El diario inglés Financial Times publicó un artículo en el que muestra cómo el fondo buitre Burford presiona para que la jueza Loretta Preska defina a a los “alter egos” del estado argentino y les abone con esos activos los US$ 16.000 millones del juicio que llevaron adelante contra el país por la estatización de YPF.
Según revelan los documentos judiciales, los abogados de los demandantes argumentan que las empresas “aparentemente independientes” del Estado están de hecho repletas de personas designadas políticamente y que deben ser consideradas “alter egos del Estado”, un término legal que denota que no sólo son propiedad de la administración argentina, sino que también están controladas por ella y que por lo tanto son los mismo. Así se facilitaría el camino a las confiscaciones.
El diario señala que se comunicó con personas cercanas a la administración argentina que están apelando la sentencia y que les expresaron que confían en obtener un indulto de los tribunales superiores y apuntaron que los demandantes están “en una expedición de pesca”, diseñada para avergonzar al país y apuntaron que, de todos modos, “no hay activos sustanciales dentro de la jurisdicción de los EE.UU. para embargar”.
Argentina posee actualmente el 51%o de las acciones de la empresa YPF con el 49% restante de propiedad privada. Pero sus acciones cotizan tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en la Bolsa de Nueva York. Los demandantes argumentan que los gobiernos anteriores utilizaron la empresa para dar trabajo a políticos y para fijar los precios locales del combustible, lo que demuestra que en realidad es un brazo del Estado por lo que pidieron al tribunal que ordene a la Argentina a transferir las acciones de la nación en YPF a sus acreedores.
Según publica FT, Sebastián Maril, director de la consultora Latam Advisors, señaló que algunos de los bonos están garantizados por depósitos bancarios en Estados Unidos generados por las exportaciones de petróleo de YPF. El especialista agregó que el precio de los bonos “podría derrumbarse” si se considera a YPF un alter ego del Estado.
Los demandantes también argumentaron que el Banco Central es “utilizado como una herramienta del Estado”. Y para refrendarlo marcaron el hecho de que Milei prometió repetidamente cerrar la autoridad monetaria, en una muestra que el Gobierno está en última instancia completamente a cargo de la organización.
La defensa, de todas formas, advierte que las reservas del banco central de un país gozan de una fuerte inmunidad a la incautación en la mayoría de las jurisdicciones, incluido Estados Unidos.
El tercer objetivo de Burford sería la aerolínea estatal. Aerolíneas Argentinas controla el 60% del mercado interno de Argentina y opera algunos vuelos internacionales, cuenta además con 84 aviones en su flota. Los abogados de los demandantes afirman que “la República dota a Aerolíneas de personal político que ha sido criticado por su falta de experiencia en aerolíneas y mala gestión”, citando la descripción que hizo el expresidente Macri de la empresa como “una fábrica de empleo” para activistas políticos de izquierda.
El artículo de FT plantea que los fondos buitres van también por el Banco Nación, la empresa estatal de telecomunicaciones Arsat y la distribuidora de energía Enarsa.
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