Chile ha logrado que un gran porcentaje de su generación eléctrica provenga de fuentes renovables, en gran parte gracias a la entrada en operación de varios proyectos solares en el norte del país. 

Sin embargo, este avance contrasta con un problema estructural que persiste: la falta de infraestructura de transmisión y de regulación territorial y permisología adecuada para conectar esa energía con los centros de consumo ubicados principalmente en el centro del país, lo que se traduce en vertimientos ERNC que cada vez van más a la alza.

Cristóbal Correa, director de LAVÍN Abogados & Consultores, analizó los cuellos de botella para el desarrollo eficiente de proyectos energéticos, considerando la complejidad de los trámites, que requieren tanto permisos estatales como negociaciones con propietarios de terrenos, impacta de forma directa en la rentabilidad y bancabilidad de las iniciativas. 

“Cualquier modificación que ponga en riesgo la rentabilidad al proyecto, necesariamente va a impactar en el mercado financiero, en el acceso al financiamiento”, advirtió en diálogo con Energía Estratégica.

En este contexto, la zonificación territorial y costera aparece como una de las soluciones más urgentes y estructurales. Correa propone que el Estado defina áreas concretas para la instalación de infraestructura esencial, como subestaciones eléctricas o corredores de transmisión, a fin de agilizar trámites, dar certeza a los desarrolladores y facilitar la convivencia con otras actividades productivas como la pesca o la salmonicultura.

La propuesta incluye la creación de una “carretera eléctrica”, una faja definida por el Estado mediante decretos que permita construir líneas de transmisión sin depender exclusivamente de largas negociaciones con privados, y que el gobierno brinde prioridad en tramitación de permisos.

“El Estado debe identificar sectores estratégicos y destinar predios fiscales o áreas marítimas específicas para infraestructura energética”, planteó Correa, que a modo de ejemplo, mencionó  lo que ocurre en la región de Magallanes, donde los proyectos de hidrógeno verde compiten por el uso del suelo y no existe una planificación clara sobre dónde se puede instalar infraestructura crítica como aerogeneradores, embarcaderos o ductos. 

“Ahora bien, como complemento los proyectos de H2V, que requieren una infraestructura en el borde costero, también se debe definir cuáles son los sectores más atractivos para la instalación de infraestructura, como muelles, ductos, embarcaderos, entre otros, que permitan conocer los lugares disponibles bajo administración fiscal”, complementó Correa.

“Chile tiene más de 7.000 kilómetros de costa. No todas las bahías en Chile están disponibles para este tipo de trabajo, porque se requiere una cierta estabilidad en el mar para que se aseguren una cantidad de embarcos al año que hagan que el proyecto finalmente económicamente sea viable, porque el gran desafío para el proyecto de hidrógeno verde en Chile es cómo trasladamos ese vector a los centros de consumo de una manera que sea económicamente viable y atractiva”, agregó. 

Desde su experiencia como director de LAVÍN Abogados & Consultores, Correa detalló que entre siete y diez iniciativas se encuentran actualmente en la búsqueda de aseguramiento territorial a través de la constitución de concesiones marítimas, por lo que el gran desafío es atraer inversión y contar con la asesoría necesaria para sortear las diferentes barreras.

Y aunque Chile ha delineado una ambiciosa hoja de ruta en H2V para el periodo 2023-2030, el cumplimiento de esos objetivos aún presenta incertidumbres: “Los ciclos políticos en Chile no permiten que los avances sean muy radicales”, comentó Correa, quien pone en duda la capacidad del país para posicionarse como líder global sin antes consolidar la infraestructura necesaria para transporte y almacenamiento del vector energético.

“Pero cuando tengamos la infraestructura instalada, vamos a estar bien posicionados para verificar si el mercado finalmente existe o no existe. Creo que el signo de interrogación todavía está en cómo podemos competir en el mercado global del hidrógeno verde considerando las barreras propias de la ubicación del país. Todo está encaminado a lograr los objetivos del plan, aunque el gran desafío al 2030 es consolidar la infraestructura necesaria para el transporte y almacenamiento del H2V”, concluyó. 

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